Praktika

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

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Consecuencias para los españoles y europeos

El Tribunal Constitucional alemán había recordado en 2009 que la Unión Europea es una estrecha asociación permanente de Estados que permanecen soberanos, y que una federación europea no es posible mientras no lo aprueben en referéndum los ciudadanos, quienes siguen siendo los sujetos de la legitimación democrática. Ha reafirmado la inalienabilidad de la soberanía y el «poder constituyente» del pueblo: es decir, su derecho de autodeterminación, que forma parte integral de la salvaguardia de los principios democráticos y de la identidad constitucional que reconoce a cada ciudadano el derecho a la democracia y soberanía, a pedir el amparo del Tribunal si considera que una resolución de la UE pone en peligro el Estado o los principios de justicia social y bienestar; que la soberanía nacional comprende, como mínimo, las decisiones presupuestarias fundamentales sobre ingresos y gastos públicos, incluidas las relativas a empréstitos. Sin embargo, en 2010-2012, desde Alemania y Francia, han aportado una nueva prueba de que, sin los costos de una intervención militar, la instrumentación del capital financiero pone de rodillas a las instituciones que en el Estado español tienen la misión de salvaguardar la supremacía de la ley, el autogobierno democrático y los instrumentos de desarrollo económico, bienestar y cohesión social de los ciudadanos.

El euro como moneda y el eurosistema no reposan en un poder político federal ni confederal. Las estructuras de la Unión Europea carecen de instrumentos jurídicos y políticos que la defiendan de la especulación cuando grupos financieros dirigidos por comités centrales privados y estructurados desplazan electrónicamente de un país a otro, sin barrera ni restricción alguna, masas de capitales superiores a las que disponen los Estados.

En 2010-2012 los bancos privados tenedores de deuda soberana de Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda pidieron que un ente público –el Banco Central Europeo (BCE)– la comprara y asumiera el riesgo de su eventual impago. Entre mayo de 2010 y el 30 de diciembre de 2011 el BCE había adquirido deuda por más de 218.000 millones de euros en contrapartida de «la pérdida de alguna soberanía económica hasta que el equilibrio correcto sea logrado», según expuso el 29 de junio de 2011 el presidente del BCE ante el Parlamento Europeo. El siguiente 1 de septiembre era el presidente del Bundesbank quien proponía privar de soberanía fiscal a los Estados que tuvieran un déficit presupuestario superior al límite establecido en el Tratado de Maastricht y el PEC no lo había pedido cuando éste era el caso de Francia y Alemania en 2003-2004.

El BCE es una institución de la UE, pero sus decisiones no responden ante ningún organismo representativo de los pueblos europeos, de sus parlamentos o gobiernos. En los hechos, en cada ocasión, ha actuado según interesaba a los principales organismos financieros privados, en desmedro de los ciudadanos y de los recursos públicos. Desde el 9 de diciembre de 2011 el BCE ha estado ofreciendo préstamos en cuantía ilimitada (1,3 billones de euros hasta abril de 2012) al 1% de interés durante tres años a bancos privados, que los prestaban al Reino de España, Italia y otros Estados a un interés hasta un 700% más alto.

Sin embargo, la compra por el BCE a la banca privada de deuda soberana sobrepasa sus competencias legales, según declaraba el presidente federal de Alemania dos semanas después de que el BCE se permitiera enviar instrucciones secretas a los primeros ministros de Italia (Berlusconi, conservador) y España (Rodríguez Zapatero, del PSOE). La filtración el 8 de agosto de la carta dirigida tres días antes al de Italia provocó una tormenta política en los partidos de oposición:

[…] Si no es un programa de gobierno, le falta poco […]. El acuerdo entre las partes era no hacerlo público, pero cuanto más emergen los detalles del mismo, más claro está que hay un límite al secreto que se puede mantener sobre un programa de gobierno. […] Allí están las medidas a tomar, está el calendario según el cual se aplicarán, y tampoco faltan los instrumentos legislativos que el BCE pide que adopte el gobierno: los más rápidos y los más eficaces […]. Sobre las desregulaciones en toda la estructura de la economía italiana, se descubre así que la Eurotorre sugiere a Berlusconi que proceda por decreto, para acelerar […]. Parecida urgencia emerge de la carta de Draghi y Trichet sobre el tema de las privatizaciones: se habla de cesiones también por parte de sociedades públicas locales y se pide avanzar lo más rápidamente posible. […] El punto más delicado se refiere al mercado de trabajo, un sector que históricamente ha permanecido fuera de las competencias europeas. Pero esta vez Trichet entra en el tema y lo hace en detalle: menos rigidez en la norma sobre despidos en los contratos por tiempo indefinido, intervención sobre el empleo público, superación del modelo actual basado en la extrema flexibilidad de los jóvenes y precarios y en la total protección de los otros […]. Si Italia no atiende a esta carta, puede olvidarse de la intervención del BCE para sostener los títulos de deuda del Tesoro […].

Esas instrucciones del BCE llegaban al gobierno de Roma cuando la deuda soberana de Italia (el 17% del total de la UE) tenía vencimientos del orden de los 69.000 millones de euros en agosto-septiembre de 2011, de 175.000 millones entre julio y diciembre de 2011, y a fines de 2013 necesitaba refinanciar 500.000 millones de euros.

En España, los sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular no han desvelado el contenido de la instrucción del BCE; el PSOE incluso mintió el 26 de agosto de 2011 ante el Parlamento negando su existencia. Trascendió, sin embargo, que el BCE, con el acuerdo de los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, compraría a los bancos privados deuda pública de España en la medida en que el Gobierno y Parlamento españoles aprobaran lo que les pedían el capital financiero internacional y empresarios españoles, a saber: desregular los contratos de trabajo, aumentar los períodos de los contratos de empleo precario, salarios por debajo del mínimo legal, sustituir los convenios colectivos sectoriales por otros a nivel de empresa, desindexar los salarios de la inflación. Al tiempo que el 23 de agosto el presidente del Gobierno (PSOE) ordenaba, sin previo conocimiento del Consejo de Ministros ni de los órganos representativos de su partido, establecer en el artículo 135 de la Constitución la «prioridad absoluta» del pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto –¿cabe preterición mayor de los restantes deberes del Estado?– y desposeer al Parlamento de la facultad de aprobar un presupuesto con déficit superior al 0,4%, lo que sus parlamentarios cumplieron el siguiente 2 de septiembre con la adhesión entusiasta de los del Partido Popular.

Con independencia de su dudosa eficacia económica y de sus negativos efectos sociales, la forma como se ha llevado a cabo esta primera enmienda de la Constitución de 1978 es un reflejo más de la profundidad de la intervención de la soberanía nacional y popular, y de algunos de sus vectores.

Cuando las principales reservas financieras susceptibles de acudir a la puja de bienes y servicios públicos se encuentran en Asia y la entrada masiva en los países europeos de esos capitales, en gran parte de propiedad estatal, puede entrañar una variación geoestratégica significativa, la España intervenida da la espalda a quienes tratan de aumentar la autonomía de Iberoamérica (sus reservas bordeaban en 2011 los 700.000 millones de dólares). Mientras, Alemania actualiza seculares estrategias hacia Eurasia (en Rusia encuentra las energías fósiles más próximas; en 2011, la mitad de lo que importa China de la UE viene de Alemania, contra el 39% en 2000), Gran Bretaña mantiene su vinculación preferente con EEUU y su desconfianza hacia la posible entente euroasiática en torno a Alemania y Rusia, cuyo estereotipo resumía el editorialista del conservador Daily Telegraph el 7 de julio de 2011:

Es importante detenerse a considerar las consecuencias de la unión fiscal europea. Primero, significará la destrucción económica de la mayoría de los países del Sur de Europa. Realmente, este proceso ya ha avanzado mucho. Gracias a su pertenencia a la eurozona, países periféricos como Grecia y Portugal –y en magnitud creciente España e Italia– han sufrido un proceso de desindustrialización forzada. Su soberanía económica ha sido borrada; enfrentan un futuro de estados vasallos, cuyo rol se reduce al disfrutado por las colonias de Europa en el siglo XIX y principios del siglo XX. Proveerán de mano de obra barata, materias primas, productos agrícolas y un mercado preparado para recibir los bienes manufacturados y servicios de los mucho más productivos y eficientes europeos del Norte. Sus líderes políticos, como el infortunado Yorgos Papandreu de Grecia, perderán toda legitimidad política, convirtiéndose en representantes locales de poderes distantes, que están obligados a instrumentar programas económicos de otras partes, a cambio de subvenciones financieras masivas.

Desde 1895, el Reino Unido se ha apoyado en EEUU frente al sistema europeo que ha tratado de construir el II Imperio alemán entre 1871 y 1918 y el III Imperio a partir de 1933 –épocas en que las potencias occidentales tenían intervenida la mayor parte de Asia y los EEUU no estaban hiperendeudados, a diferencia de hoy. Después de que la República Federal Alemana ha obtenido en la Unión Europea ventajas económicas y políticas que le ha facilitado absorber a la República Democrática Alemana, abrir nuevos mercados, aumentar el superávit de sus exportaciones y el déficit de las de otros Estados, que Alemania asuma la “estabilización” de Europa y su articulación con Eurasia es más congruente con las concepciones geoestratégicas de Karl Haushoffer que con las que dieron origen a la OTAN.

El trazo de ciertas líneas es evidente. En la reunión bilateral del 16 de agosto de 2011 la canciller alemana Merkel y el presidente francés Sarkozy, por sí y ante sí, al margen de las instancias de la UE, se constituyeron en directorio de facto y proclamaron que España debería ceder lo que le restaba de soberanía presupuestaria y fiscal antes de que la UE aceptara su ruego de ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera del BCE. En otras palabras, a diferencia de lo que durante el Zollverein hizo Prusia –asumir los costos necesarios durante décadas, hasta lograr que la unión aduanera se transformara en unidad política bajo su autoridad–, en 2011 Alemania mantenía para sí los beneficios de la UE al tiempo que desplazaba sobre otros Estados el costo de asegurar mercados abiertos, la continuidad del flujo de capitales, un prestamista de último recurso, la estabilidad de tipos de cambio y la coordinación de las funciones macroeconómicas.

El siguiente 28 de octubre de 2011, el primer ministro Yorgos Papandreu, líder del partido socialdemócrata PASOK, pedía al Parlamento griego un voto de confianza al tiempo que anunciaba un inminente referéndum sobre las condiciones del plan de ajuste que le había impuesto la víspera la Unión Europea; el 29 de octubre, en medio de rumores de golpe de Estado, reemplazaba a la cúpula militar; el 1 de noviembre el Consejo de Ministros respaldaba por unanimidad convocar el referéndum y tres días después el Parlamento le confirmaba su confianza. Sin embargo, tras el ultimátum de 2 de noviembre de la canciller de Alemania, del presidente Sarkozy y de la presidencia de la Unión Europea de no entregar a Grecia el préstamo de 8.000 millones de euros comprometido en septiembre de 2011 para evitar la suspensión de pagos, el 6 de noviembre el proyecto de referéndum había sido abandonado, Papandreu había dimitido, su partido aprobaba ejecutar el “plan de ajuste” de la UE e integrarse en un gobierno de coalición con el partido conservador y la extrema derecha presidido por Lucas Papademos, miembro de la Comisión Trilateral y ex vicepresidente del BCE. El siguiente 12 de noviembre también era forzado a dimitir el primer ministro conservador de Italia, y el presidente italiano designaba senador vitalicio a Mario Monti (ex presidente de la Comisión Trilateral para Europa y consejero de Goldman Sachs y Coca-Cola), para, sin convocar elecciones, confiarle encabezar un gobierno de “técnicos” apoyado por Alemania, Francia y los EEUU.

A diferencia de la pequeña Islandia, la UE ha mostrado carecer de instrumentos operativos frente a diktats y políticas poco compatibles con democracia representativa y eficacia económica. El euro ha adquirido así una cara nueva; ha emergido, por un lado, como un elemento de crisis creciente –si no de ruina– para pueblos que en siglo XX estuvieron sometidos mediante dictaduras fascistas como Italia, España, Portugal o Grecia; de pérdida de fortaleza democrática y poder adquisitivo, de restricciones y deflación sin límite previsible (algo económicamente irracional con una moneda sobrevaluada y más del 52% de los jóvenes en paro en España); de empobrecimiento social y cultural para la mayoría de la población (mayor cuanta más soberanía ceden sus dirigentes); y, por otro lado, como un lastre para Alemania –cuando está recuperando su soberanía y considera que la fiscal le es tan inalienable como para Francia la suya sobre la force de frappe atómica; ¿cabe acaso que los ciudadanos alemanes acepten ceder la primera antes que Francia la segunda?

Los centros del capital financiero han hecho su lectura de este proceso y sus especulaciones medran anticipando la explosión del sistema en torno del euro y la quiebra de algunos Estados. Han creado una dinámica que en Alemania algunos piensan que abre la oportunidad de modificar los tratados en orden a institucionalizar mayor subordinación de los pueblos, en los términos propuestos el 14 de noviembre de 2011 por la canciller Merkel al congreso de su partido democristiano: una “nueva Europa” donde los Estados transferirían competencias presupuestarias y fiscales a la zona euro, un presidente permanente sería elegido por sufragio universal y en cuyo Banco Central el voto, hasta hora igual, sería reemplazado por otro ponderado según el volumen de la economía de cada Estado. Es decir, una UE bajo la hegemonía del país con más población y recursos económicos bloquea la libertad de los ciudadanos de cambiar su sistema socioeconómico y/o político. Una variante de este proceso ha sido explicitada en el documento de trabajo del Gobierno alemán publicado el 21 de noviembre de 2011 en el Daily Telegraph, concretada en la carta del 7 de diciembre de 2011 de la canciller alemana y el presidente francés al de la Unión Europea, y en la propuesta alemana al Consejo Europeo en enero de 2012 de nombrar un “comisario” para controlar el presupuesto nacional griego y asignar sus ingresos fiscales a reembolsar la deuda externa con prioridad […].

Nadie en el establishment posfranquista se ha opuesto a que el Reino de España sea absorbido en esa “nueva Europa” y desposeído, también, de la decisión última en materia presupuestaria, fiscal y financiera. El propio presidente del Gobierno el 6 de junio de 2012 ofrecía por escrito, a los presidentes de la Unión Europea y del Consejo Europeo, «mayor cesión de soberanía, en particular en los ámbitos fiscal y económico; crear una autoridad fiscal en Europa que oriente la política fiscal en la zona euro, armonice las políticas fiscales de los Estados Miembros, permita un control de las finanzas centralizado, ser gestora de su deuda; la supervisión comunitaria del sistema bancario y de un fondo de garantía de depósitos común; una “Unión fiscal y bancaria”». Ello a pesar de las previsibles consecuencias socioeconómicas negativas de enajenar los instrumentos financieros, fiscales y presupuestarios a organismos sobre los que no existe control democrático, aumentando el desguace de los instrumentos del Estado y la consiguiente legitimación de su desintegración territorial.

Tampoco se conoce de responsable alguno que en España haya propuesto alianzas –dentro y fuera de la UE– en defensa de intereses específicos de los ciudadanos no subordinados necesariamente a los de Alemania y/o EEUU. Tras el pronunciamiento militar contra la I República española en 1874, las políticas internas, la integridad territorial de la monarquía restaurada quedaron en parte en manos de Alemania; también las de la dictadura y la monarquía instauradas tras la intervención alemana contra la II República. La envergadura de la desconfianza en la capacidad de las estructuras político-económicas y sus dirigentes parecía llevar a la mayoría de españoles a aceptar, en diciembre de 2011, que su economía fuera directamente dirigida desde fuera de España, sin advertir que éste era uno de los fines del Gobierno alemán publicitado un mes antes, ni tampoco las consecuencias que de ello derivan.

Estos hechos reafirman la precariedad de los valores democráticos si no cuentan con voluntad y medios de defensa frente a quienes los consideran prescindibles, en particular ante recetas económicas ya experimentadas antes: extraer la mayor ganancia posible de países a cuyo endeudamiento han contribuido; “capitalizar” la deuda cuando no pueden pagarla, es decir, que el capital recupere parte de sus créditos quedándose con empresas y otros bienes que previamente han depreciado. Pero se niegan a aceptar este criterio “de mercado” cuando son los Estados quienes compran sus propias deudas depreciadas. La meta no es mantener o lograr mayor igualdad social, industrialización o autonomía para decidir el presente y futuro de los ciudadanos, sino aplicar directrices del capital especulativo sobre el equilibrio fiscal –excepto cuando los bancos privados piden financiarse con el déficit fiscal– como medio para privatizar empresas de servicios básicos, disminuir la participación de los asalariados y ciudadanos en la renta nacional, reducir a su mínima expresión la capacidad del Estado para intervenir en el sistema económico y, en consecuencia, su capacidad de defender los intereses generales de su población.

Los pueblos iberoamericanos de uno y otro hemisferio ni se han resignado ni se resignarán a sufrir las perversas consecuencias del juego de las Potencias y del capital especulativo. En España pondrán en cuestión los pilares de las estructuras socioeconómicas, políticas y concepciones geoestratégicas que se suceden sin solución desde 1939 hasta hoy, construirán otras en las que participen de forma activa los ciudadanos y los trabajadores, con mayor igualdad social, vigencia efectiva de los valores democráticos y ecológicos, inversiones productivas en innovación y formación, articuladas con la realidad internacional que se aleja de los supuestos de la Guerra Fría sobre los que se construyeron el TIAR, la OEA, la OTAN y la UE. Que no aceptarán, en suma, las seculares concepciones estratégicas teorizadas por Halford Mackinder que en 1997 Brzezinski actualizaba así:

En pocas palabras, la geoestrategia euroasiática de los Estados Unidos debe incluir un control resuelto de los Estados dinámicos desde el punto de vista geoestratégico […]. Para usar una terminología propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la geoestrategia imperial son los de impedir confabulaciones entre los vasallos y mantener su dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e impedir la unión de los bárbaros.

Esos denominados «bárbaros» incluye a Rusia, India y China, y en el altar de la preservación de tales imperativos los actuales discípulos de Mackinder sacrifican los intereses y derechos de «vasallos» y «tributarios» –entre los que sitúan a los iberoamericanos y a las instituciones democráticas que les son disfuncionales. Constatar las manifestaciones de este proceso en la Europa de hoy día, como hace Habermas, no basta. Concebir y crear medios legítimos de autodefensa requiere tomar consciencia de las causas de las interacciones, de sus medios, fines y consecuencias, humanas y ecológicas.

JOAN E. GARCÉS

Madrid, 26 de junio de 2012

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

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