Praktika

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

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Tres agencias privadas califican la solvencia de Estados y empresas

A partir de un muestreo de treinta millones de actores económicos, la investigación efectuada por S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. Battiston sobre 43.060 empresas transnacionales ha concluido, en 2011, que casi el 40% del valor económico mundial de éstas se concentra en torno a un núcleo de 147 empresas –de las que el 75% son intermediarias financieras– que se controla a sí mismo, y cuyos estrechos lazos de co-propiedad les permite formar bloques; los efectos sistémicos de las operaciones de estos bloques suele ser denominado con la abstracción de “los mercados” sin nombre ni rostro.

Desde la década de 1980, las administraciones de Reagan en EEUU, de Thatcher en el Reino Unido, del PSOE y el Partido Popular en España, de algunos de sus homónimos en el resto de Europa, han privatizado también funciones reguladoras de las finanzas públicas y privadas. Las han dejado, de hecho, en manos de un duopolio de agencias privadas estadounidenses –Standard & Poor’s y Moody’s– que califican la calidad del crédito de empresas, municipalidades, Estados e instrumentos financieros (empréstitos, bonos, productos estructurados como deudas y obligaciones colaterales). El proceso seguido a este fin ha consistido en subordinar a los propios reguladores públicos –tales como la US Securities and Exchange Commission (SEC) y otros organismos reguladores de EEUU, el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), y los equivalentes de la Unión Europea– a los recursos analíticos y a las recomendaciones de esas agencias privadas según un rango crediticio en letras, desde AAA (muy alta capacidad de cumplir la obligación) a D (impago confirmado). Investigaciones como la de A. Kruck han corroborado la correlación existente entre, por un lado, el grado de dependencia de los reguladores públicos respecto de los recursos analíticos de las agencias privadas y, por otro lado, el uso que de los ratios de calificación de éstas hacen los propios reguladores de los Estados y los organismos intergubernamentales.

A partir de la crisis financiera de 2007 en EEUU la especulación en torno a la deuda y la prima de riesgo de los Estados reguladores de EEUU, el Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), y los equivalentes de la Unión Europea– a los recursos analíticos y a las recomendaciones de esas agencias privadas según un rango crediticio en letras, desde AAA (muy alta capacidad de cumplir la obligación) a D (impago confirmado). Investigaciones como la de A. Kruck han corroborado la correlación existente entre, por un lado, el grado de dependencia de los reguladores públicos respecto de los recursos analíticos de las agencias privadas y, por otro lado, el uso que de los ratios de calificación de éstas hacen los propios reguladores de los Estados y los organismos intergubernamentales.

A partir de la crisis financiera de 2007 en EEUU la especulación en torno a la deuda y la prima de riesgo de los Estados europeos aparece articulada con declaraciones de Standard & Poor’s y Moody’s, seguidas a mucha distancia por las de la agencia europea Fitch. Las tres están financiadas y comparten dirigentes con algunas de las empresas cuyos productos califican, las cuales, a su vez, se benefician de la calificación. Así, al rebajar a un Estado la ratio de solvencia, obligan a éste a pagar intereses más altos para financiarse, con el consiguiente provecho para los conglomerados prestamistas y empobrecimiento del Estado, lo que los principales dirigentes del posfranquismo han aceptado.

Antes de la crisis de 2007 estas agencias de calificación habían atribuido la más alta calificación –AAA– a ingentes sumas de bonos hipotecarios de alto riesgo especulativo. Cuando la superchería quedó al descubierto, el sistema bancario privado mundial se hubiera hundido de no haber sido apuntalado con sumas de dinero público gigantescas, de los ciudadanos, sin precedente histórico. Sin embargo, los gobiernos se limitaron a ayudar a los bancos privados sin contrapartidas en cuanto al control y uso de ese dinero, ni exigir responsabilidades a los directivos que provocaron quizás la mayor catástrofe financiera desde 1870, ni concebir instrumentos alternativos de la gestión financiera.

La simbiosis entre las agencias de calificación y algunas empresas es ilustrativa; todas las presentes o vinculadas con la dirección de Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch están en el núcleo central corporativo que identifica el citado estudio de S. Vitali, J. B. Glattfelder y S. Battiston; entre las vinculadas se hallan también algunas de las que fijan la tasa del LIBOR (London Interbank Offered Rate) –como el Barclays Bank, multado en junio de 2012 con 500 millones de dólares por manipular entre 2005 y 2011 esta tasa, aplicada diariamente en transacciones superiores a 450 billones de dólares.

El patrón que emerge de la especulación articulada entre agencias de calificación, capital financiero y medidas sociales represivas es conocido: constreñir la autonomía general del Estado en todas sus estructuras (central, regional/autonómica y municipal), en particular en relación con el capital financiero; transferir a empresas privadas patrimonio y servicios públicos; restringir los derechos laborales y las prestaciones a los trabajadores, y ciudadanos en general, en materia de cultura, educación, salud pública, pensiones, servicios sociales, etc. Tal articulación es indisimulada: el lunes 5 de diciembre de 2011, cinco minutos después de que la canciller de Alemania y el presidente de Francia anunciaran las medidas políticas y económicas que deseaban que aceptara el Consejo Europeo convocado para el viernes 9 de diciembre de 2011, la agencia Standard & Poor’s publicitaba que ponía bajo «observación negativa» a 15 Estados del euro para rebajarles la calificación según se portaran ese viernes; el martes 6, con gran gozo, el ministro alemán de Hacienda declaraba que «se trata de la mejor incitación posible para la cumbre de esta semana. No puedo imaginar nada más eficaz», al tiempo que el presidente del Gobierno español (del PSOE) y el presidente del Partido Popular avanzaban su incondicional respaldo a lo que les pidieran Alemania y Francia.

Durante la semana del 4 al 9 de junio de 2012 la misma articulación acompañó a las presiones combinadas de EEUU, el FMI, Alemania y Francia para que el gobierno de España (del Partido Popular) solicitara de la UE un préstamo de 100.000 millones de euros –equivalente al 10% del PNB– destinado a bancos privados pero con el Estado garantizando su reembolso con preferencia a la de la deuda pública (que a fines de marzo ascendía al 72,1% del PNB). Si el día 7 la agencia Fitch había rebajado la calificación de solvencia de España de A a BBB, el día 12, una vez pedido el préstamo, bajaba la calificación de 18 bancos privados, y dos días después la agencia Moody’s bajaba la del Reino de España desde A3 (notable bajo) a BAA3 (en el borde del bono basura), so pretexto, precisamente, de que la naturaleza preferente de dicho préstamo perjudicaba la solvencia de la deuda pública en su conjunto, además de incrementarla. Lo que de inmediato aprovechó el capital especulativo para lograr que el interés que paga el Estado español por colocar bonos a 10 años escalara al 7% (contra el 1,4% de los alemanes), lo que a su vez impulsó la espiral especulativa en perjuicio de los intereses colectivos de los ciudadanos.

Para superar este oligopolio los Estados que se propongan satisfacer el interés general deberán reasumir sus competencias clasificadoras y crear organismos públicos, nacionales o plurinacionales, con mandatos y competencias de cuyo ejercicio respondan…

(continuará)

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

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