Praktika

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

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La hegemonía del capital financiero sobre el Estado

Desde las elecciones de 1977 –las primeras pluralistas celebradas desde febrero de 1936–, los partidos españoles con representación parlamentaria se financian con subvenciones de los presupuestos públicos, con préstamos de entidades financieras privadas cuyos intereses cautelan y con donaciones en gran medida opacas (las cuotas de los afiliados representan un porcentaje irrelevante de su presupuesto). En el año 2006 los principales partidos recibieron 193,1 millones de euros en subvenciones públicas y reconocían acumular, con entidades bancarias, deudas por un total de 155,8 millones.

El monto real del endeudamiento de los actuales partidos políticos con bancos que colaboraron con la Dictadura es la incógnita indescifrable que denuncian reiteradamente el Tribunal de Cuentas español y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo del Consejo de Europa que el 15 de mayo de 2009 comunicaba a España «su preocupación en cuanto a la situación de endeudamiento de los partidos políticos y a la posibilidad de que esta situación los haga más vulnerables o dependientes de las instituciones de crédito». Sin embargo, el 1 de abril de 2011 el GRECO constataba que ninguno de los remedios que propuso había sido puesto en práctica, al tiempo que los escándalos de corrupción en la financiación de los principales partidos se han sucedido unos a otros (entre ellos, los casos Filesa y Gürtel, protagonizados por el PSOE y el Partido Popular, respectivamente).

Los favores gubernamentales a las entidades financieras exteriorizan la continuada dependencia de los principales grupos políticos. En paralelo, mientras los partidos mayoritarios bloquean en el Congreso de Diputados legislar que las formaciones políticas no puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas o fundaciones que presten servicios o contraten con las administraciones públicas, los bancos condonan de manera opaca y sin explicación conocida préstamos a los partidos después de que los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (Partido Popular) privatizaran la totalidad de la banca de propiedad pública, desguazando también al Estado de este neurálgico instrumento de defensa del interés colectivo. En mayo de 2012 el gobierno de turno imponía a los ciudadanos pechar con 23.500 millones de euros para cubrir la quiebra de la entidad privada Bankia, y un mes después con los 100.000 millones que pedía a la UE para sostener a otros bancos privados. Sin explicar las causas de la quiebra ni quién se beneficiaba de ella, el gobierno se oponía a investigar y exigir responsabilidades a los gestores –nombrados por políticos feudatarios de las entidades financieras– y ningún dirigente sugería alternativa efectiva alguna a la mera socialización de las mayores pérdidas de la historia de la banca privada española.

El sistema establecido a partir de 1977 en España ha adoptado políticas propias del capitalismo financiero: privar al Estado de medios de producción y cambio en áreas estratégicas y de excedentes que le aporten recursos para sostener inversiones productivas y redistributivas; desindustrialización y deslocalización industrial, explotación del “ejército laboral de reserva” local y planetario, debilitamiento de los sindicatos y de los partidos obreros; reducción de impuestos a las mayores empresas y fortunas individuales, con la consiguiente reducción de ingresos del Estado compensada con endeudamiento; desregulación del movimiento de capitales; incremento de la concentración de los principales medios de producción, financieros e información en empresas privadas que desestabilizan las estructuras políticas y/o socioeconómicas que no controlan.

Un ejemplo de deliberada desfinanciación pública lo ilustran los datos de la administración tributaria: en España el tipo máximo para el tramo de renta más elevado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) descendió del 65,51% en 1977 al 56% en 1998, y al 43% en 2010; el tipo impositivo efectivo para las rentas superiores a 180.000 euros ha descendido desde el 49,37% en 1993 al 30,8% en 2008 (al 27,4% para las rentas por encima de los 600.000 euros); el impuesto sobre los beneficios de las sociedades, desde el 19,5% en 1995 al 9,9% en 2010. Y el Real Decreto de 30 de marzo de 2012 amnistió incluso a quienes defraudaron a la Hacienda Pública esos porcentajes decrecientes.

Entre 1987 y 2007 el conjunto de los Estados de la OCDE ha mantenido prácticamente constantes los ingresos por impuestos –han pasado de un promedio del 36,3% al 38% del PIB– y se han financiado endeudando al Estado: la deuda pública ha pasado en los mismos años de una media del 55% al 100% del PIB.

Si bien en el Tratado de Maastricht (1992) los Estados de la Unión Europea (UE) habían fijado en el 60% del PNB el límite de la deuda pública y en el 3% del PIB el del déficit presupuestario anual que, si se sobrepasaba, desencadenaría la recomendación del Consejo Europeo de reducirlo so pena de sanciones; si bien este límite fue reafirmado en 1997 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de coordinación de las políticas fiscales dentro de la Unión Económica y Monetaria (UEM), sin embargo, entre 2000 y 2010, fue sobrepasado 14 veces por Alemania y Francia –contra 4 veces por España, cuyos dirigentes se abstuvieron de pedir a la UE que aplicara a Alemania y Francia las medidas previstas para evitar/contener los desequilibrios fiscales y presupuestarios en el origen del sobreendeudamiento. España lo hubiera podido solicitar entonces sin pérdidas de soberanía a cambio, a diferencia de lo que le ha ocurrido a partir de julio de 2010, durante la recesión económica impuesta desde Alemania después de que –entre 2007 y 2010– la UE y Estados Unidos respondieran a la mayor crisis del sistema capitalista desde 1929 con incrementos notables del endeudamiento público, mientras mantenían los privilegios fiscales del gran capital, con el consiguiente debilitamiento económico del Estado.

Tras la crisis financiera que se desarrolla a partir de 2007 en EEUU y la quiebra del banco Lehman Brothers, un estudio de la Brookings Institution de julio de 2011 mostraba que la deuda neta agregada de las economías capitalistas más desarrolladas se había incrementado desde 18,1 billones de dólares en 2007 (46% del PIB) a 29,5 billones en 2011 (70% del PIB), y calculaba que llegaría a 41,3 billones de dólares en 2016 (80% del PIB). En contraste, la deuda correlativa de las economías “emergentes” para esos mismos años pasaba, en billones de dólares, de 3,8, a 4,9 y 6,7, equivalentes al 28%, 26% y 21% del PIB respectivamente. La disminución en Argentina fue del 67,7% al 40,7% y 31,4% del PIB, y en China del 19,6% al 16,5% y 9,7%, respectivamente.

Mientras, en paralelo, el proceso de creciente concentración de la riqueza ha llevado a que, en EEUU, los 400 individuos más ricos acumulen en 2011 más riqueza que 154 millones de sus conciudadanos (el 50% de la población) y el 1% de la población el 35,6% del total de la riqueza nacional, más que lo que suma el 90% de la población. En 17 de los 22 Estados de la OCDE, la desigualdad económica se ha incrementado entre mediados de la década de 1980 y 2008; en México, EEUU, Grecia y Francia a ritmo mayor que en los restantes, siendo Chile el primero en la escala de desigualdad más extrema.

Este proceso ha facilitado que el capital financiero controle tanto a los Estados de la Unión Europea como a EEUU, y que especule con la deuda que han acumulado con los bancos que participaron en su endeudamiento. Según el Bank for International Settlements (Banco de Pagos Internacionales), en marzo de 2011 la exposición total de los bancos extranjeros a la deuda de España, Grecia, Irlanda y Portugal era de unos 2,5 billones de dólares, de los que correspondían a Alemania 569.000 millones de dólares; al Reino Unido, 431.000 millones; a Francia, 380.000 millones de dólares. El FMI estima­ba, en agosto de 2011, que la banca europea soportaba 200.000 millones de euros (287.000 millones de dólares) de pérdidas latentes en bonos soberanos de Irlanda, Grecia, Portugal, España, Bélgica e Italia.

En este proceso el capital financiero se ha beneficiado, primero, de los réditos del endeudamiento de los Estados y cuando, a partir de 2007, ha emergido el riesgo de impagos, ha exigido que lo asuman los ciudadanos, a lo que han accedido los gobernantes de Estados Unidos y la UE inyectando enormes masas de liquidez de capital público en la banca privada en forma de créditos privilegiados y otras medidas que han aumentado, a su vez, el déficit de los Estados de manera muy considerable.

En 2007-2012 los principales partidos políticos del posfranquismo han aceptado que el Estado asuma las consecuencias de las especulaciones de la banca privada (incluida la inmobiliaria). Lo que ha disminuido los ingresos del Estado –que han pasado desde casi un 3% del PIB de superávit en 2007 a un 8,5% de déficit en 2011– y aumentado la tasa de desempleo desde el 8% de 2007 al 24,6% de mayo de 2012 (52,1% la juvenil). Lo que el capital financiero ha aprovechado, a su vez, para especular ampliando el diferencial de la prima de riesgo de la deuda pública española con la del bono alemán, en desmedro de España –debe pagar mayor interés para obtener nuevos préstamos– y provecho de Alemania. Los referidos partidos políticos lo han aceptado sin reservas, dando la espalda a las enseñanzas de la historia, incluso a la premonición del presidente Franklin D. Roosevelt sobre posibles consecuencias de la concentración del poder económico, en su mensaje al Congreso de EEUU de 29 de abril de 1938:

Sucesos infelices en el exterior nos han enseñado dos verdades simples acerca de la libertad de un pueblo democrático. La primera verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que el estado democrático mismo. Esto, en esencia, es fascismo –dominio del Gobierno por un individuo, grupo u otro poder privado controlante. La segunda verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si su sistema de negocios no ofrece empleo ni produce y distribuye bienes de manera que sostenga un nivel de vida aceptable…

(continuará)

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

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