Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

 (…)

 

 

Segunda parte

ESTRATEGIAS MUNDIALES E INTERVENCIÓN

 

 

 

 

 

 

III. LATINOAMERICANOS, ESPAÑOLES Y PORTUGUESES

 

 

(…) Semejante concepción, impulsada por la burocracia de Bruselas, nunca fue realista. Y aún menos para los intereses españoles. Impuso políticas económicas recesionistas, subordinó las condiciones sociales de la población al capital financiero cuando en España el desempleo sobrepasaba el 22%, y olvidaba la propia historia económica del Continente al convertir a los mercados en fuerza directriz de las sociedades. Al estimular el desmantelamiento de los Estados según criterios étnicos (algo coherente para la antropología de los pueblos germánicos), esparcía simientes de guerra en aquellos pueblos que –como los de ascendencia latina– se identifican más según criterios de territorio, cultura y valores cívicos que no de sangre o raza. En Europa, lo realista es respetar a las Naciones, y no tratar de subordinarlas a regiones administrativas reguladas por mercados y subsidios. Reconocer la debida prioridad de los factores políticos, no excluir a Gran Bretaña, ni a Rusia, ni a Turquía, obliga a Europa a mirar hacia el Oeste y el Este. Pero también hacia el Sur. Los españoles no debieran dejarse aislar de su propio mundo cultural, tan europeo como mediterráneo y latinoamericano. En otros términos, debiera descartarse por irreal el horizonte de una Federación de Estados y caminar hacia una Confederación, meta ya de por sí muy problemática y cuya construcción requeriría de geometrías variables y ritmos varios que, en todo caso, deberían evitar la deriva eurocéntrica y articularse con el resto del Mundo.

 

Fue coyuntural el curso que hacia su desligitimación-desinte­gración material experimentaron los Estados de América Latina y España durante la guerra fría. Y reversible, en la medida que existen inte­reses sociales, económicos, culturales, nacionales en suma, susceptibles de generar y defender proyectos colectivos representativos. Que respondan ante la sociedad, abiertos a un Mundo plural y que traten de evitar a sus pueblos ser objeto de repartos en zonas de influencia. Mientras el sistema económico mundial continúe apoyándose sobre unidades empresariales, la comunidad nacional necesitará medios para defender sus intereses diferenciados. En los hechos, nuestro espacio económico y recursos humanos y culturales continúan hoy bajo el control de centros que nos tienen en su área de influencia. Y la lógica de los mercados tiende a desmantelar a los Estados al considerarlos un estorbo a la especulación de capitales flotantes, a sus exigencias de sobreproducción y desvalorización periódicas. Es la propia realidad la que invita a concebir, a generar, alternativas con arraigo en las estructuras sociales, con capacidad de defender a los pueblos económica, política, militar y culturalmente, que otorguen prioridad al trabajo, la producción y el empleo. Algo indispensable tanto para la sobre­vivencia individual e independencia colectiva como para la vigencia de los valores democráticos.

 

Durante la larga dictadura instaurada en 1939, a muchos españoles la idealizada “Europa” les parecía la vía de escape. Pero fallecido el Dictador (1975), los españoles continuaron dentro de la CEE y la OTAN bajo la tutela de las mismas Potencias que respaldaron a Franco. Terminada la guerra fría, la contradicción entre la idealización y la realidad desnudó algunos mitos. Para preservar su libertad nacional y la de sus ciudadanos, las naciones deben darse los medios de frenar la ambición de quienes desean dominarlas. El instrumento para ello debiera ser universalista más que nacionalista, autárquico o xenófobo. Españoles y portugueses tendrán tanto mayor espacio de libertad cuanto mayor fuera el de los latinoamericanos; y también cuanto más libres alcancen a ser los pueblos árabes, y los del sur y el este de Asia. De ahí el interés estratégico para españoles y portugueses de no dejarse aislar “en nombre de Europa”, y para los latinoamericanos de no resignarse a continuar bajo tutela “en nombre de América”. Sus libertades internas y seguridad externa deberían buscarse en el marco de seguridad general que mejor las haga posibles, donde la de cada Estado sea consecuencia de la colectiva.

 

Las guerras hegemónicas han supuesto para latinoamericanos, españoles y portugueses limitación de soberanía, de sus libertades internas –cuando no su pérdida–, a rastras de la intervención de una Potencia articulada con sectores locales. La mayoría de nuestros pueblos fueron puestos bajo la férula de dictadores, personajes cooptados fueron situados al frente de “partidos” dedicados a mantener la sociedad al margen de la toma de decisiones sobre su presente y fu­turo. A los españoles el derecho de voto secuestrado en 1936 les fue devuelto en 1977, pero obligándoles a pasar por el filtro de listas bloqueadas y cerradas en circunscripciones de ámbito provincial, elaboradas por personas pagadas –directa o indirectamente– desde el seno de la Coalición de la Guerra Fría. Financiación oculta y, por tanto, de origen inconfesable, usada discrecionalmente por los cooptados para asentar su dominio sobre el sistema político local.

 

En las circunstancias específicas de América Latina, a los chilenos el derecho de voto les fue retirado en septiembre de 1973 y devuelto cuando el líder de la Coalición de la Guerra Fría así lo dispuso –en 1989, cuando ya el Dictador había perdido el control sobre la rebelada población y estaba disponible el relevo cooptado entre antiguos cuadros de los partidos Democristiano, Radical, Socialista y, en menor número, Comunista. El domingo 2 de octubre de 1988 el State Departament convocaba al embajador de Chile para comunicarle la nota que, a la misma hora, entregaba en Santiago el embajador de EEUU para expresar su «seria preocupación» de que fuera saboteado el referéndum del miércoles 5 sobre la continuidad del Dictador. El lunes 3 el Departamento de Estado explicaba por qué hizo trabajar a sus diplomáticos en domingo: «nuestras preocupaciones se fundan en información consistente». La hija de Tad Szulc, periodista en el Chris­tian Science Monitor, me comentó aquella noche en Washington que el portavoz del Departamento de Estado le había revelado off the record cómo durante el fin de semana el jefe del Ejército había dado órdenes para desvirtuar el referéndum. Hecha pública la conjura, hasta el último sargento del país andino supo de qué lado se alineaba EEUU. En la medianoche del escrutinio, mientras el Ministerio del Interior daba resultados parciales manipulados, el jefe de la Fuerza Aérea declaraba a la prensa que el Dictador había perdido. Si en 1973 el presidente de la Internacional Democristiana, el italiano Mariano Rumor, fue utilizado para estimular el apoyo de Eduardo Frei y Patricio Aylwin a la insurrección militar contra el Estado democrático, en 1989 «Craxi habló con Flaminio Piccoli, presidente de la Internacional Demócrata-cristiana, para decirle que el PSI y la DC [de Italia] deberían unir sus fuerzas a fin de ayudar a los demócratas chilenos [a elegir Presidente a Patricio Aylwin]». En los hechos, pagaron para llevar a la Presidencia en 1989 no a un democristiano ajeno a la insurrección militar de 1973 sino al mismo Aylwin; es decir, buscaron y lograron impedir que reemergieran las alianzas republicano-socialistas que en el Gobierno o en la oposición se sucedieron en el país andino desde 1937 a 1973. Personas antaño independientes, volvieron del exilio dispuestos a mantener el país enrolado en las coordenadas que le impusieron mediante una dictadura militar y el Estado de guerra interno.

 

Bettino Craxi y Giulio Andreotti desviaron de los Presupuestos del Estado italiano millones de dólares hacia un Proyecto Sur-Chile –importar a América Latina la alianza democristiana-socialdemócrata sobre la que se asentaron políticas de la guerra fría en Europa. El dinero no fue entregado a un partido político –sus órganos de dirección colegiada no conocían ni cuantías, ni origen, ni destino–, sino a dos o tres individuos que lo usaron para promocionarse a sí mismos, contratar a cuadros y ponerles a sueldo. Multiplicaron la eficacia de la encubierta inversión original al socaire de una ley electoral de listas cerradas y del erario público. El magistrado Vittorio Paraggio, encargado de investigar la operación encubierta denominada Marco Polo, pidió en 1994 a las autoridades andinas esclarecer el uso de 992.000 dólares del erario italiano desviados en 1989 hacia una cuenta bancaria, en Nueva York, abierta a nombre de un hombre procedente del PS-Renovado y responsable de finanzas del PPD. El mismo Magistrado había encontrado documentación de otros 40 millones de dólares desviados a personas del PDC chileno a través de Organizaciones No Gubernamentales como ISCOS y CICS. El fundador de esta última, Franco Foschi, estuvo vinculado a la Logia P-2.

 

Ricardo Núñez, secretario general del PS-Renovado mientras recibía dinero de Craxi y en 1994 vicepresidente del Senado, cubría los hechos desvelados con el argumento de «temo por el futuro del sistema político, no está tan consolidado como para resistir una montaña de lodo como la que podrían traer sucesivos exhortos [de Italia]» (declaraciones a APSI). Entre los nombres que los jueces italianos mencionaban como recibiendo el dinero figuraban algunas personas del renovado PS que serían ministros de Aylwin y, en 1994, ministro uno y senador el otro durante el gobierno del hijo de Frei. El “sistema” cuyo futuro inquietaba a Núñez tuvo como argamasa a individuos que aceptaron la tutela militar sobre el Estado, dejar impunes crímenes contra la Humanidad, marginar a los ciudadanos de la dirección efectiva de la cosa pública, mantener salvaguardias pretendidamente “constitucionales” contra la soberanía popular, corromper en suma la tradición predominante antes de la Dictadura de honestidad en los cuadros políticos. La oficialidad de las FF AA continuó bajo el mando de los mismos criminales comunes y torturadores ascendidos después de la insurrección de 1973, fuera del control del Legislativo y Ejecutivo ambos impedidos de nombrar o remover a los mandos o de controlar los presupuestos castrenses; los senadores designados directamente por el Ejecutivo decidían la mayoría en la Cámara Alta; las candidaturas que no sobrepasaban el 30% de los sufragios no podían acceder al Parlamento lo que forzaba a pactos alambicados que, a la postre, hacían que los candidatos efectivos fueran los designados por los propios personajes cooptados para institucionalizar la obra de la dictadura. Aun así, los parlamentarios finalmente elegidos tenían también vedado reformar la Constitución de la Dictadura sin acuerdo de quienes la impusieron. No era tal “sistema” lo amenazado por la investigación judicial italiana, sino el aporte al mismo de específicos personajes, la causa y el sentido de su actuar. Es decir, el entramado para que la obra de la dictadura sobreviviera a la persona del Dictador, la manipulación de valores democráticos y de símbolos de la izquierda hasta devaluarlos, la programada desmovilización de los ciudadanos. Desarbolada la alternativa republicano-socialista, estaría colmada la aportación que los financieros pidieron a los cooptados. ¿Derivaría de ello algún riesgo para el “sistema”? No lo veían así los intereses conservadores, pues hacia ellos orientaba el hijo de Frei la política de su Presidencia.

Lo que la investigación judicial italiana de 1994 revelaba era la internacionalización de la corrupción de políticos a través de alambiques de la guerra fría. La recuperación por los ciudadanos de la soberanía interna y democrática sería improbable sin desvelar la tramoya que metamorfoseó algunos engendros de la guerra fría en régimen de partidos mediante habilidades jurídico-electorales equivalentes, que se aplican desde el Caribe a Patagonia. En países como Guatemala coexisten con organizaciones paramilitares que continúan asesinando y torturando impunemente. Pero no se confunda coyuntura, realidad estructural y necesidades colectivas. Los hombres de la guerra fría son tan pasajeros como fatua fue su pretensión de exhibir sus políticas como las únicas posibles. Los parámetros de las relaciones internacionales son cambiantes, las realidades nacionales dinámicas. El 18 de mayo de 1994 la Corte Suprema de Venezuela ordenaba el ingreso en prisión de Carlos Andrés Pérez, presidente de la República destituido por el Congreso un año antes por peculado y malversación de fondos públicos –al parecer, en intervenciones encubiertas de la guerra fría en América Latina y la Península Ibérica vía la Internacional Socialista, de la que Pérez era vicepresidente. La reacción de la nación venezolana fue de tal envergadura que el propio partido que fundó Pérez, Acción Democrática, le expulsaba de sus filas. En las mismas fechas la Magistratura italiana ordenaba la busca y captura de Bettino Craxi –anterior primer ministro, vicepresidente de la Internacional Socialista, líder máximo del Partido Socialista Italiano–, fugado de los más de sesenta procesos judiciales donde estaba implicado por corrupción. El 29 de julio de 1994 un Tribunal de Milán le condenaba, en ausencia, a ocho años y medio de cárcel por colaborar en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, en octubre de 1995 le sumaba otros cuatro años por fraude a Enimont y el 17 de abril de 1996 ocho años adicionales por comisiones ilegales en el Metro de Milán. En mayo de 1994, la Justicia había procesado y encarcelado al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, de la confianza de Felipe González, mientras que el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, del equipo González, tras varios meses de fuga ingresaba en prisión acusado de malversación de caudales públicos, cohecho, estafa, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Hacienda pública. El 28 de julio siguiente el Juzgado que investigaba el asesinato de tres decenas de personas entre 1983 y 1987 inculpaba ante el Tribunal Supremo al propio presidente del Gobierno –Felipe González–, a su ministro del Interior –José Barrionuevo– y a su ministro de Defensa –Narcís Serra– como presuntos «promotores de banda armada u organización terrorista, malversación de caudales públicos y detención ilegal».

 

Razones de sobrevivencia obligan a los pueblos hispánicos a continuar esforzándose por recuperar –o adquirir– el derecho a gobernarse a sí mismos, a libertades civiles y participación social efectivas, a sacudir los yugos –burdos o sutiles– impuestos durante su alistamiento en una Coalición bélica. Necesitan articular la sociedad en torno de instituciones representativas; organizar y dotar a la población de medios humanos, económicos, culturales y técnicos, para incrementar la cohesión interna y disminuir la desigualdad en las relaciones externas. Continuarán así su camino hacia la construcción de Estados y sistemas económicos democráticos y participativos. Ni América Latina, ni España, ni Portugal pueden esperar recibir más de lo que puedan engendrar por sí mismos o intercambiar con el resto del Mundo.

 

El enrolamiento de Portugal, España y las repúblicas latinoamericanas en coaliciones bélicas al servicio de fines hegemónicos ha dejado balances negativos si no catastróficos. Nuestra afirmación en tanto que Estados, necesaria para nuestras libertades internas, requiere recuperar o incrementar las libertades externas. Es de nuestro interés promover organizaciones multilaterales de prevención y solución de conflictos internacionales, que nos distancien de los conflictos hegemónicos y nos permitan ser más dueños de nuestra propia suerte. Portugal y España obviamente procurarán tener la mejores relaciones con Francia, Gran Bretaña, Alemania o EEUU, mas no pueden olvidar que la recurrencia de las intervenciones militares y políticas de estas Potencias en la Península Ibérica debiera estimularnos a dotarnos de medios que eviten enfeudamientos modernizados. Lo que otorga prioridad a la articulación intrapeninsular y a no desintegrar las estructuras internas tras espejismos que recubren prácticas intervencionistas. Evitar ser alistados en bloques de unos contra otros exige a latinoamericanos, españoles y portugueses preservar su capacidad de promover el respeto del derecho de cada pueblo a elegir libremente su régimen económico y político.

 

La realidad es cambiante. La disminución de las luchas entre las Potencias por la hegemonía sobre Europa abriría oportunidades antes sofocadas o imposibilitadas. La Península Ibérica podría ver reducida la prioridad relativa que le asignaron las sucesivas Potencias que desearon dominar su territorio. En América Latina los esfuerzos para dejar de ser peones de ambiciones imperiales marcarán el siglo XXI. Los pueblos latinoamericanos se apoyarán más en sus propios medios, se desarrollarán también hacía su propio y vasto interior continental y con ello redefinirán sus relaciones con Europa, EEUU y el resto del Mundo. Lo que sumado a los cambios que se producirán dentro de EEUU redimensionará las relaciones mundiales.

 

Algunos esbozos de la reorientación se percibían en 1994 cuando el comercio de Brasil con el solo Paraguay era mayor que con Francia, y el intercambio con Uruguay equivalía al sostenido con Gran Bretaña. Entre 1991 y 1994 el comercio entre Argentina y Chile se había triplicado, también entre Argentina y Brasil (6.300 millones de dólares en 1993), Brasilia aceptando que su vecino fuera su segunda fuente de aprovisionamiento en petróleo y la primera en trigo (75% de sus importaciones). Al tiempo, el 13 de junio de 1994 dos países del Pacto Andino –Colombia y Venezuela– suscribían un convenio de libre comercio con México. Las interacciones debían aumentar con la supresión de tarifas aduaneras entre los Estados de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y el establecimiento de una tarifa externa común desde enero de 1995. Ya en 1994 habían completado un sistema de esclusas que hacía navegables 2.400 km entre Paraguay y Sao Paulo, pero se ocupaban en hacer lo propio en 3.470 km de los ríos Paraguay y Paraná para el año 2.000.

 

La compresión del espacio-tiempo derivado de innovaciones tecnológicas en transportes y comunicaciones altera la significación de la geografía física. La importancia de los componentes culturales en las relaciones entre los pueblos contribuirá a que los de la Península Ibérica encuentren en los de América aportes y apoyos recíprocos, equilibrio natural a su realidad europea y mediterránea. A partir de sus propias sociedades y de sus considerables recursos podrán beneficiarse de las oportunidades que ofrece la multipolaridad económica, cultural, técnica y política que se abre paso en todos los Continentes. Pero confiemos primero en nosotros mismos para tratar de librarnos de coaliciones y sistemas de fuerza que tratan de materializar los postulados de darwinismo social que Spykman teorizaba:

 

si [EEUU] puede unir y organizar al Nuevo Mundo de manera que una gran masa de concentrada fuerza esté disponible para actuar al otro lado del Océano, puede influir en la política de Europa y Asia. Y si el Viejo Mundo continúa dividido y bajo equilibrios [contrapuestos], aquella fuerza exterior puede jugar un papel determinante en su vida política. Pero si, por el contrario, el Viejo Mundo puede ser unido y organizado de manera que una gran masa concentrada de fuerza esté disponible para actuar al otro lado del Océano, el Nuevo Mundo será rodeado y, en función de su poder de resistencia, puede tener que someterse a los dictados del Viejo.

 

Si las estrategias de origen histórico británico satelizan a los pueblos ibéricos y latinoamericanos, los oponen entre sí y los enfrentan a los imperios reales o potenciales de Eurasia; si la política imperial germana convirtió su dominio sobre los españoles en vía de influencia sobre Latinoamérica; si las estrategias históricas francesas ven a los pueblos de la Península Ibérica y América Latina como recursos auxiliares a contraponer a los de Gran Bretaña, Alemania o EEUU, el interés de los así subordinados estriba más bien en librarse de uno u otro designio imperial. El autogobierno interno y la autonomía externa presuponen emanciparse de estrategias de dominación, los pueblos con intereses equivalentes son aliados naturales. El de los émulos de Spykman no puede ser un horizonte positivo para los pueblos de América Latina y la Península Ibérica, tampoco el de postulados opuestos que ambicionarían levantar un imperio en Eurasia para rivalizar con EEUU por el dominio del Mundo. Una y otra ambición recogen la inercia de siglos de guerras hegemónicas, son la levadura de nuevas y mayores hecatombes para el género humano y el ecosistema. Desligarse de los imperios, no ser arrastrados hacia ilusiones de contraimperios, es una magna contribución que los pueblos sin vocación de imperio –sin medios para ello– pueden hacer a la paz y libertades propias y a las del conjunto de la Humanidad.

 

Madrid, abril de 1996

 

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

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