Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

 (…)

 

 

Segunda parte

ESTRATEGIAS MUNDIALES E INTERVENCIÓN

 

 

 

 

 

I. GUERRAS ECONÓMICAS

 

Las metas económicas tienen su naturaleza específica. Durante la guerra fría la política económica exterior de EEUU estuvo subordinada a alcanzar los fines estratégicos de su Coalición, imponiendo como modelo la empresa de propiedad privada. Las directrices del National Security Council 5902/1 de 15 de noviembre de 1960 articulaban dos objetivos complementarios

 

impulsar a las naciones latinoamericanas:

a. que reconozcan que […] las técnicas económicas influenciadas por comunistas inevitablemente conducen a la supresión de la libertad e iniciativa individual.

 

b. que basen sus economías en un sistema privado de libre empresa adaptado a las condiciones locales. […]

 

 i. impulsar a otros países del Mundo Libre a aportar capital y asistencia técnica a América Latina.

 

El fin de la guerra fría, de sus controles político-militares, desligó los corceles del capital más agresivo y los de la rivalidad por el dominio de los mercados. Los países con industria técnicamente más avanzada son el motor del crecimiento económico mundial, pero su propio nivel de especialización les exige para sobrevivir tener acceso a un mercado mundial integrado. ¿Puede EEUU continuar usando su crédito financiero para condicionar el derecho de otros Estados a elegir su gobierno, a desligarse de o no subordinarse a su Coalición? Varios frentes continúan a este respecto abiertos –Vietnam, China, Cuba, países islámicos. Los teóricos de la guerra fría, como Samuel Huntington o Z. Brzezinski, proponen reducirlos también a obediencia. Con todo, el embargo económico de EEUU sobre Vietnam, mantenido desde 1964, fue levantado el 4 de febrero de 1994 después de que ya lo hubieran roto empresas de Europa occidental, Canadá y Asia oriental. En noviembre de 1993, mientras EEUU exigía de China cambios en su política interior como condición para alzarle restricciones comerciales, el canciller Kohl visitaba Pekín y firmaba sin reservas contratos de inversiones alemanas por cuatro mil millones de dólares; seis meses después, EEUU aprobaba el intercambio con China bajo el régimen de nación más favorecida. A diferencia de lo que ocurrió después de 1945, en 1994 el país con mayor deuda externa del Mundo –EEUU– no monopolizaba las finanzas internacionales. Los Estados de su Coalición bélica, desaparecido el “enemigo” que la aglutinaba, disponían de mayor libertad en sus decisiones económicas. El 11 de febrero de 1994 el primer ministro de Japón rechazaba la exigencia de EEUU de abrir más su mercado interior para, así, reducir el excedente comercial bilateral nipón (60.000 millones de dólares). Tres semanas después, la Administración norteamericana amenazaba con represalias e incrementar los aranceles de importación. En otras palabras, la guerra fría había desembocado en un marco de multipolaridad económica desconocido desde la década de los años treinta. En 1950, el Producto Nacional Bruto de Asia equivalía al 4% del total mundial; en 1993, representaba el 20% y se estimaba que sería el 25% en los primeros años del siglo XXI. Si en 1985 las exportaciones de Japón a EEUU sobrepasaban en un tercio a las dirigidas a Asia, en 1993 la proporción era la inversa, al tiempo que sus exportaciones a la CEE eran dos veces y media superiores a las efectuadas a EEUU.

 

Una respuesta de EEUU a la emergente rivalidad económica ha sido el proyecto denominado Iniciativa de las Américas –lanzado en julio de 1990 por la Administración Bush mientras se reunificaba Alemania. En la nueva dinámica internacional, el voto por la Cámara de Representantes de EEUU del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá (TLC, 17 de diciembre de 1993) simbolizaba otra etapa en la reiterada voluntad de mantener a todo el Continente dentro de su zona de influencia. El Estado de México, y el resto de Latinoamérica, era invitado a abdicar aún más de sus funciones económicas, las funciones militares y en parte las diplomáticas ya fueron alienadas en los Tratados de la Guerra Fría (Río, 1947, y subsiguientes). Los sectores político-económicos que en EEUU y Latinoamérica apoyaron los objetivos de la guerra fría respaldaban el TLC. Si en 1945 ésta permitió a EEUU mantener enrolados a los Estados de su anterior Coalición bélica contra Alemania, el TLC trataba de prolongar la Coalición y, en caso necesario, reorientarla hacia objetivos de guerra económica con Europa y Asia. Si terminada la guerra fría los Estados latinoamericanos hubieran sido desmovilizados y la Coalición bélica disuelta, aquéllos hubieran sido abocados a recuperar sus funciones soberanas. Algo que asustaba a los intereses gestados a la sombra de la Coalición. Desaparecido el pretexto de la URSS, los intereses que dentro y fuera de EEUU generaron la doctrina de la “seguridad nacional” y aún vivían de ella continuaban sosteniendo las estructuras heredadas de la guerra, su dominio local, su incompatibilidad con la soberanía e independencia de los Estados.

 

El “Estado de Seguridad Económica” que los estrategos señalaban como objetivo de EEUU alternativo al promovido durante la guerra fría –el “libre comercio” en una economía mundial sin fronteras–, podría ocupar también a los hombres e intereses que sostuvieron la guerra de 1945-1991. Dentro de EEUU, en los países de la Comunidad Económica Europea, el nuevo objetivo era instrumentado para reducir la capacidad negociadora de sindicatos y trabajadores asalariados, para impulsar su «reestructuración» y tratarlos como simple mercancía que incrementara los beneficios empresariales. En América Latina, Europa y otras regiones las elites en el poder durante la guerra fría mantenían así su cordón umbilical con la Potencia protectora, abrían aún más las economías de sus Estados a la especulación monetaria de capitales multinacionales. En vez de hacer reposar su prosperidad en el ahorro y cohesión interna, preferían hacerla depender del dinero ajeno. Un ejemplo de escenario después de la guerra fría era el ofrecido por México bajo la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994), apoyado por la Administración Bush frente a quienes impugnaron su elección como fraudulenta (Cuauhtémoc Cárdenas), mientras abría la economía de México hasta niveles sin precedente y la anclaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1993). Paul Krugman, del Massachusetts Institute of Technology, lo explicaba así:

 

«el TLC es sencillamente un método que contribuye a asegurar que el mejor gobierno mexicano que nunca hemos tenido pueda ganar las próximas elecciones sin robarlas».

 

Pero la filosofía que subyace en el TLC es antropológicamente poco compatible con el Estado y sociedad de México. El día que entraba en vigor el TLC –1 de enero de 1994– se levantaban en armas indígenas del meridional Estado de Chiapas pidiendo democratizar el sistema político, reformas sociales y protección frente a los efectos del TLC. A diferencia de lo ocurrido con todas las sublevaciones populares en América Latina desde la Revolución cubana (1959), en esta ocasión el gobierno de EEUU de Bill Clinton propició escuchar las reivindicaciones de los insurgentes, no su mera represión. Y cuando el 23 de marzo siguiente caía asesinado en Tijuana el candidato presidencial del Partido gubernamental, Luis Donaldo Colosio (PRI), EEUU acudía en ayuda del TLC abriendo a México una linea de crédito de 6.000 millones de dólares y su ingreso en la OCDE. No obstante lo cual, en la última semana de 1994, el déficit acumulado de la balanza de pagos durante la Administración Salinas desembocaba en una devalua­ción de la moneda de más del 50% que, a pesar de ser auxiliada desde Washington, Japón, FMI y Europa en 18.000 millones de dólares, no alcanzó a evitar el crac de la Bolsa de enero de 1995. La crisis de confianza en la capacidad de México para pagar su deuda externa «amenazaría las economías de América Latina y Asia que reposan en la entrada masiva de inversión foránea», decía un alto funcionario de Treasury Department el 11 de enero. Dos días después, Washington debía comprometer 40.000 millones de dólares adicionales en respaldo de la liquidez monetaria de México, quien ofrecía como garantía las rentas del petróleo. En febrero de 1995, debía ser elevado a 58.000 millones de dólares el auxilio conjunto del gobierno de EEUU, FMI, Banco de Pagos Internacionales, Japón y otros Estados, mientras México ordenaba a su ejército reprimir la revuelta de Chiapas. Tras un año de vigencia del TLC, la principal exportación mexicana, sus finanzas y paz interna estaban en manos de Washington. Pero, ¿cuántos TLC podría EEUU sostener mientras su propio déficit comercial requiera cada año de 150.000 millones de dólares ajenos? O los centros políticos dominantes del sistema capitalista se conciertan para imponerse a la especulación financiera, o ésta sumergirá a sus propios Estados.

 

En el extremo sur del Continente, el Chile gestionado desde 1990 por la coalición PDC-PS legitimaba la obra socioeconómica de la dictadura. Los sectores que en 1973 la instauraron coincidían, veinte años después, en pedir que el TLC les acogiera bajo su alero; y también algunos cuadros procedentes de la antigua izquierda e integrados en la institucionalidad creada mediante una dictadura. Integración ésta concebida para quebrar los referentes históricos nacionales anteriores, para desautorizar a los sectores sindicales y políticos que coincidían en combatir tanto el legado de la dictadura como la adhesión al TLC. La ruptura de las estructuras republicanas de participación y control democrático había disuelto, después de 1973, los lazos de muchos cuadros políticos con los sectores sociales de que formaban parte. Fue el caso de las personas exiliadas seleccionadas, y estipendiadas, desde organizaciones integradas en la Coalición de la Guerra Fría para favorecer su autonomía y disponibilidad individual a insertarse –en cuanto les fuera posible– en las estructuras burocráticas creadas por la dictadura, con la ilusión de recuperar su anterior posición de influencia. Para la elite política así renovada, la reconstrucción del movimiento cívico, el desarrollo de la democracia llegaba a ser sentido como un riesgo a su estatus de allegada del sistema militarizado desde 1973. Para quienes dirigieron la destrucción del Estado democrático, prolongar su obra necesitaba de una nueva elite que suplantara la legitimidad anterior a la dictadura. Los intelectuales, líde­res o cuadros dirigentes que retomaban el legado democrático histórico entraron en contradicción explícita o larvada con la elite cooptada. El país latinoamericano ingresaba en la posguerra fría prisionero de los hombres que ésta le había impuesto, de su ideología –la llamada en EEUU “seguridad nacional”, gozne de la Constitución impuesta por la dictadura en 1980.

 

Después de 1945 mantener y reorientar contra la URSS a la Coalición Bélica nacida frente a Alemania requirió, ante todo, destruir los sectores políticos de izquierda y liberales dentro de EEUU. La coalición social que en 1991-1993 combatió en EEUU al proyecto de TLC tuvo una base social comparable a la que en 1945-1948 se opuso a que la Administración Truman declarara la nueva guerra. En 1992-1993 las organizaciones sindicales, y la mayoría del Partido Demócrata de EEUU, estimaron al TLC provechoso para algunas empresas pero dañino para la sociedad en su conjunto. La derrota de la izquierda dentro de EEUU en 1945-1948 discurrió en paralelo al lanzamiento de la guerra fría. La derrota de la oposición al TLC dentro de EEUU era la condición para extenderlo hacia América Latina. La Administración Truman se adjudicó un “enemigo” que legitimara su hostilidad hacia movimientos obreros y nacionales del Mundo entero: la URSS, elevada a epicentro de aquéllos. La oposición interna de EEUU a la guerra fría fue deslegitimada ante la opinión presentándola como instrumento de “la Potencia enemiga”. En 1993 la coalición social contra el TLC no pudo ser presentada como «enemigo interior» articulado con un Poder externo. La coalición de intereses que se opuso a las consecuencias de la ratificación del TLC tuvo un fundamento sólido, podría ser el embrión de nuevas políticas internas y externas. Su crítica al dumping social internacional en una economía abierta podría impulsar nuevas relaciones con sectores sociales que, en otros países, reivindican elevar las míseras condiciones de sus poblaciones. En otras palabras, dentro y fuera de EEUU la economía globalizada podría impulsar alianzas de intereses desconocidas, imposibles, a lo largo de la guerra fría. Un esbozo de ello pudo verse en la iniciativa conjunta de Francia y EEUU en marzo de 1994 para dotar a la Organización Mundial del Comercio –sucesora del GATT–, de facultades para adoptar sanciones económicas contra los Estados que no respeten los derechos de sus trabajadores. Propuesta respaldada por los sindicatos europeos, para quienes

 

«Asia es ahora un corral de bajos salarios, sin sindicatos, sin obligaciones sociales, para cualquier empresa europea que no desee cumplir más con sus responsabilidades sociales, y esto pone en cuestión los puestos de trabajo en la industria europea».

 

Pero iniciativa también apoyada desde círculos empresariales. Paul Rechter, portavoz del Conseil National du Patronat Français, resumía: «el problema del dumping social nos afecta a todos, pues significa precios muy bajos para algunos productos a expensas de destruir puestos de trabajo en Europa». Se estaba planteando hasta qué punto la evolución de la estructura de relaciones económicas mundiales, sus repercusiones dentro de EEUU, alterarían las alianzas sociopolíticas que Washington estableció con los sectores conservadores en los países subordinados a sus objetivos durante la guerra fría.

 

Una manifestación del cambio en las relaciones de producción e intercambio mundiales podía ser el reconocimiento por John F. Maisto, embajador de Washington en Managua, de que

 

en el pasado la influencia de EEUU ha ayudado a debilitar el sistema político de Nicaragua, al sostener a gobiernos antidemocráticos mientras fueran favorables a los intereses de Washington. Durante la mayor parte de este siglo, la política de EEUU en la región ha sido a la medida de dictadores que ofrecían estabilidad a costa de democracia.

 

Políticas no represivas hacia los sectores populares de América Latina –y otros continentes– se abrirán paso en EEUU cuando a las motivaciones morales se sumen intereses materiales. Pues la economía mundializada continúa generando presiones a favor de acciones intervencionistas sobre otros Estados, con la ilusión de que ello favorecerá indefinidamente el nivel de vida y estabilidad social dentro de las Potencias interventoras. Pero mientras empresas mundializadas favorecen la desregulación de mercados y el desmantelamiento de los Estados –es decir, del órgano de control sobre ellas mismas–, los sectores sociales perjudicados piden mayor presencia del único ente capaz de subordinar la actividad de las empresas al interés general y no al de los solos accionistas –es decir, el Estado. Está por ver si a medio plazo la estructura económica internacional podrá generar dentro de EEUU la necesidad de reconocer y respetar en otras Naciones la libre expansión de las organizaciones sindicales y democráticas. Por razones económicas eminentes, pues incrementar los niveles de educación, empleo, comunicaciones, bienestar, en los países explotados o marginados durante la guerra fría –las tres cuartas partes de la Humanidad– disminuiría una competitividad basada en la sobreexplotación social y, a un tiempo, aumentaría su capacidad importadora. Con el consiguiente estímulo sobre la economía productiva mundial. Las crisis de sobreproducción del sistema económico liberan recurrentemente energía bastante para convertir lo deseable en necesario. ¿Desembocarán mañana en una revolución político-intelectual hacia un pacto social mundial que promueva sistemas de de­sarrollo ecológicamente equilibrados, que abra vías a la paz y se sobreponga a los conceptos, doctrinas y estrategias dominantes durante la guerra fría?...

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

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