Praktika

 

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LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

[ 041 ]

 

 

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OPERACIONES SECUNDARIAS

 

 

 

 

Otras operaciones alrededor de la Sierra de Monsalud

 

El 23 de agosto se ocuparon Corte de Peleas, Nogales y La Morera. Corte de Peleas fue tomado por el cabo de la Guardia Civil Francisco Martín Delgado. Salvo las requisas sufridas por José Hermosa Llinas, Emiliano Agudo Contreras y Vicente Rey Rodríguez, nada hay que decir. En La Morera visitaron todos los cortijos e impusieron a los presos —pequeños y medianos propietarios en su mayoría— una multa de cien pesetas si querían salir de la prisión. Huidos los izquierdistas, la derecha se hizo con el poder. La Causa General recoge —no sería el único conflicto— la muerte de Francisco Álvarez González, labrador de 46 años, fallecido el 27 de septiembre por huidos de la Sierra de Monsalud. En Nogales, ocupado por el capitán Pedro Fernández García, el trato a los presos fue «bueno relativamente». Sólo a uno de ellos se le obligó a limpiar los retretes. Un caso ocurrido en este pueblo con un vecino de Salvaleón nos pone sobre la pista del componente económico de la represión, al que es muy complicado acceder. Como otros muchos vecinos, Luis García Román, cuyo hijo mayor, Luis García Romo, había sido asesinado por los fascistas en Salvaleón el 16 de septiembre, fue detenido por ser considerado de izquierdas, tras lo cual se le exigió que entregase 22 000 pesetas al alcalde de Salvaleón y otro tanto al de Nogales. Primero se negó, pero más tarde, cuando se le dijo que si no lo hacía lo tomarían ellos directamente del banco, accedió. Acompañado por la Guardia Civil, Luis García Román exigió al mencionado alcalde un recibo y éste se lo entregó. El documento decía así:

 

 

ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE NOGALES (BADAJOZ)

 

En virtud de la información recibida en esta Gestora, emanante de la de Salvaleón, por la que se acredita que el vecino de aquel pueblo D. Luis García Román no ha manchado sus manos ni su conciencia en sangre, el cual se encuentra detenido en esta localidad, desde este momento queda en libertad, mientras que por cualquier conducto tenga esta gestora información en sentido contrario; haciendo libre y espontáneamente a esta Comisión Gestora y a la de Salvaleón un donativo de VEINTIDÓS MIL PESETAS a cada una.

 

Dios guarde a Ud. muchos años.

 

Nogales a 16 de septiembre de 1936.

 

El Presidente de la Gestora, JOSÉ GIL SÁNCHEZ.

 

 

Al dorso de este documento Luis García escribió a mano:

 

Nogales, en la cárcel. Yo no he hecho donativo, a mí se me prometió pagar dicha multa, no donativo, como castigo por ser de izquierda y como yo no he manchado mis manos en sangre ni mi conciencia, ni he intervenido en requisas ni he sido de la Comisión, por tal, mi conciencia está tranquila y creo he pagado con exceso mi actuación por el solo hecho de ser republicano. Luis García.

 

 

Entregado el dinero pidió que se le permitiera ver a una hermana, lo que no pudo hacer por no encontrarse en casa pero que le permitió dejar allí disimuladamente el recibo. Cuando más tarde decidieron eliminarlo lo primero que hicieron fue pedirle el comprometedor documento, pero ya no consiguieron encontrarlo. Se encargaron directamente de llevarlo a las tapias del cementerio tres guardias civiles de Salvaleón y un fascista de Almendral, que aprovechó la ocasión para matar a su vecino Francisco Andrino Cumplido. Según parece, Luis García Román también fue obligado a pagar una cantidad aún mayor, unas 150 000 pesetas, a la gestora de Barcarrota. El caso de García Román se completará si se tiene en cuenta que dos de sus hijos, uno militar retirado por la Ley Azaña y otro falangista —que logró que se interesaran en el caso varios altos cargos de la Falange sevillana— intentaron infructuosamente salvarle la vida. Su muerte fue inscrita en el Registro Civil de Salvaleón en septiembre de 1939, constando que había fallecido a consecuencia de «los sucesos revolucionarios».

 

De Entrín Bajo, donde la derecha controló la situación el 24 de agosto, sacaron el ocho de agosto de ese mismo mes al secretario del Ayuntamiento Pedro Talayero Suárez, de 63 años, del Partido Radical, a quien asesinaron en La Albuera. La Causa General responsabilizó del crimen a Emeterio Romero Bravo y a Francisco González Pérez, que, aunque no causantes directos de la muerte, sí fueron los que lo trasladaron en coche hasta allí. A Talayero lo trasladaron desde Badajoz al pueblo, donde lo obligaron a corear lemas izquierdistas y lo maltrataron hasta que al cabo de varios días lo sacaron de allí. Hubo también acusaciones de palizas a varios presos contra los hermanos Antonio y Gernán Romero Silva, desaparecidos en la represión posterior. Los presos fueron obligados a acarrear agua, a fregar y a tirar las basuras. Como en muchos pueblos se invitaba a los milicianos forasteros a visitar la cárcel, donde se aprovechaban de que nadie los conocía para amenazar a los derechistas, sin pasar nunca de ahí.

 

El 25 de agosto tocó el turno a Alconchel y Barcarrota. Alconchel fue ocupado por fuerzas del Regimiento Castilla y falangistas al mando del comandante Fernando Ramos Díaz de Vila. En la hoja de servicio de éste consta que hubo resistencia que se causó «al enemigo» cuatro o cinco bajas. El último Ayuntamiento republicano estaba compuesto por Cipriano Palo Herrera, alcalde, y por Vicente Herrera Díaz, Ramón García Martínez, Fermín Pulido González, Cipriano Chávez Campo, Tomás Pérez Pérez, Manuel Nogales Manzano, Eduardo Cuello Pulido, Ramiro Bodión Rodríguez y José Díaz Berrocal. Los 59 presos fueron distribuidos entre el depósito y la iglesia, «siendo el trato mediano aunque sin torturas ni martirios». Como en otros casos se les obligó a mantener la limpieza en el corral que servía de retrete. Entre los visitantes que recibieron, los informes resaltaban a los obreros que habían trabajado para ellos en la siega, que exigían el pago de los domingos y horas extraordinarias desde 1930 hasta la fecha, y los jornales íntegros para aquellos que habían trabajado para propietarios que no habían concluido las tareas. Unos quinientos milicianos, armados con pistolas, escopetas y fusiles, las dos primeras procedentes de las requisas a derechistas y los últimos de Badajoz, utilizaron como cuartel el Ayuntamiento y la Casa del pueblo. Convencidos de que la derecha tenía preparado un depósito de armas para la sublevación, anduvieron excavando en la iglesia y en otros lugares sin resultado alguno e incluso llegaron a cachear a san Francisco. Entre los centros saqueados destacó el Sindicato Católico Agrario con todas sus existencias. Se apropiaron también de los fondos existentes en el Ayuntamiento: diez mil pesetas para la crisis obrera y tres mil para la intensificación de cultivos. Todas estas actividades fueron dirigidas por el alcalde Cipriano Palo y por Vicente Herrera, presidente del Comité.

 

Barcarrota fue ocupada por el capitán Fernando López Diéguez y por el teniente Manuel López Verdasco, de la Guardia Civil, guiados ambos desde Almendral por Ramón García Morlesín y Antonio Martínez Becerra, vecinos de la primera. Las milicias locales habían sido organizadas por el diputado socialista José Sosa Hormigo, quien lograría pasar a zona republicana, en la que un batallón llevaría su nombre. A los presos de derechas se les recluyó en la plaza de toros, donde, según los «Papeles de Cuesta», Argelio Alzas Gallardo quitó la vida a Miguel Molina Rodríguez, mecánico de 41 años. Las responsabilidades recayeron sobre el alcalde Teófilo Proenza Borrachero y sobre rojos señalados como David Núñez «El Quince» y Luis Reyes Rodríguez «Diente de Oro». En relación con los presos fueron mencionados Antonio González Moreno «Pestaña», Luis Silva Rodríguez «El Cebollo», Félix Mato Rodríguez «El Gallego» y Rafael Hermosel Benavides «Taconera», todos ellos guardias municipales. El Comité estuvo formado por Francisco Mulero Saavedra, José Díaz Hernández y Juan Sosa Hormigo, los tres asesinados posteriormente. Los dos guardias civiles que ocuparon el pueblo caerían dos años después en un enfrentamiento con los huidos de la zona.

 

Cabeza la Vaca sería, el 25 de agosto, uno más de los pueblos ocupados por el tan activo como temible capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal. El pueblo se mantuvo en una actitud dudosa e incierta hasta que un grupo de derechistas se acercó a Fuente de Cantos para demandar a las fuerzas militares que ocuparan la localidad. Previamente ya habían viajado a Sevilla para pedir armamento, que les fue concedido por Queipo. Los izquierdistas, que ni siquiera habían llegado a organizar milicias ni a detener a un solo derechista y que se limitaron a requisar armas de caza y a realizar algunas guardias, huyeron antes de la llegada de Navarrete. En Cabeza la Vaca no sufrió daño alguno la iglesia, ni padecieron registros o saqueos los domicilios y comercios. Al día siguiente Navarrete envió a Queipo el siguiente telegrama:

 

Con fuerzas guardia civil, falange y guardia cívica ocupé sin novedad el pueblo de Cabeza la Vaca, constituyendo comisión gestora y restableciendo puesto guardia civil, volviendo a Fuente de Cantos para proseguir ocupación.

 

 

La Causa General recoge, sin aclarar responsabilidades, la muerte de José María Jiménez Zapata, un labrador de 34 años asesinado el 18 de septiembre cerca del pueblo, en la Solana del Castaño, «por manos extrañas después de liberado este pueblo».

 

El 27 pasarían a poder de los golpistas La Parra y Táliga, dos pequeños pueblos donde la vida apenas se alteró en aquellos días y lo único reseñable fue la detención de quienes pudieran secundar o apoyar el golpe militar. En el primero se detuvo a 23 personas, con las que no hubo «crueldades especiales, pero sí morales», como por ejemplo que las comidas no pudieran ser llevadas por las criadas sino la propia familia. Los informes destacan que, aunque no se destruyó nada ni se produjeron «asaltos a la propiedad», sin embargo se practicaron requisas de alimentos en tiendas y casas particulares. Como más perseguidos se destacó a Vicente Murillo Trejo y Avelino Lagar Lahera. En Táliga las cosas tampoco fueron muy diferentes. El trato dado a los presos fue considerado «bueno» por más que se les obligara a transportar el agua en cubos, «por lo demás el trato que recibieron es digno de tenerse en cuenta, pues no fueron en ningún momento castigados ni molestados para nada», decía un informe de principio de 1937.

 

En Higuera de Vargas, conocida la sublevación y siguiendo las instrucciones emanadas de Badajoz, se movilizaron de inmediato el Ayuntamiento y la Casa del Pueblo. Primero, casa por casa, desarmaron a la derecha, constituyeron las milicias —unos cien hombres— que debían encargarse de las diferentes tareas (enlaces, vigilancia, control, abastos, etc.) y detuvieron a quienes podían representar algún peligro o eran manifiestamente antirrepublicanos. Algunos de los 77 presos —caso del cura, al que quitaron el breviario— sufrieron palizas y amenazas de fusilamientos. A otro de ellos, Antonio González Cordón, presidente de la Hermandad del Cristo de los Afligidos, le dieron una paliza delante de la imagen, a la que sacaron los ojos. Sometidos al cuidado de «milicianos de la más baja estofa», se vieron obligados a comer «a estilo de los cerdos», sin cubiertos, y a hacer las necesidades en la misma habitación, teniendo además que sacarlas cada día. Entre los edificios saqueados habría que destacar el cuartel de la Guardia Civil, donde se adueñaron de sables, lo único que encontraron. También requisaron las radios, máquinas de escribir, automóviles y camiones que se hallaban en las casas y cortijos de Leopoldo Olea Villanueva, María Josefa Villanueva, Cecilio Salguero González, Wenceslao Villanueva Olea, Francisco González Romero de Terreros, José Salguero González, Nicolás Bosch Gómez, Juan del Pozo Uribe, Manuel Gil Viera y Luis Larios Flores. Se inculpó a unas 25 personas, todas asesinadas salvo Manuel Viera Perera, al que en octubre del cuarenta se suponía en Francia. Otras iniciativas de las milicias fueron volar parcialmente un puente del camino a Zahínos y colocar una serie de barreras —algunas de ellas tan inocentes como troncos, alambres y cuerdas— para retrasar el avance del enemigo. En Higuera llegó a instalarse un radio comunista dirigido por Julio Meiriño Flores, Luis Torrado Berjano y Valentín González Pina.

 

Como en otros casos, fueron vecinos del mismo pueblo los que desde el cercano Alconchel guiaron la ocupación, que tuvo lugar en la madrugada del día 28 por fuerzas de Caballería, Infantería y Falange al mando del capitán de Regulares Adolfo Artalejo. Los izquierdistas, que divisaron la llegada de la columna, salieron antes de su llegada, se unieron a otros huidos de los pueblos de la zona y organizaron su respuesta para el día siguiente. Efectivamente, el día 29, un grupo entre quienes se encontraban las primeras autoridades —Antonio Delgado Antequera y Antonio Adame Delgado «Silva», el segundo teniente de alcalde Alfredo Asencio Rangel «Cañaña» y los guardias municipales José Fernández Domínguez, José Núñez León, José María Felipe, Manuel Hernández y Servando Gil Aguilar— intentó recuperar la población infructuosamente ante las mejor preparadas fuerzas de Artalejo, auxiliadas por la derecha local y —si hemos de creer algunos informes— por algunos «rojos no fugitivos que habían acatado con su permanencia el Régimen Nacional liberador». Los documentos oficiales recogerían así aquel contraataque:

 

En alrededores Higuera de Vargas libramos ayer encuentro con fuerzas rojas compuestas por huidos de la provincia refugiados en la Sierra, los que usaron una ametralladora e hicieron disparos de mortero. Por nuestra parte tuvimos un soldado del Regimiento muerto y tres heridos falangistas. Apresamos ocho prisioneros con armas que se fusilaron y se les hicieron algunas bajas durante el encuentro. En este momento se está dando una batida por aquellos contornos para acabar ahuyentándolos … Respetuosamente comandante Cañizares.

 

Un interesante informe sobre el estado de la enseñanza en la localidad nos dice —además de que los tres maestros y cuatro maestras de la localidad superaron la depuración— que durante toda la República la izquierda sólo ocupó el poder en Higuera entre el 29 de febrero y el 28 de agosto, ya que

 

«las Autoridades locales eran de derechas bajo el nombre o mote que tuvieron que ponerse para poder continuar en el Ayuntamiento, ya que es curioso hacer constar que fue el mismo que estaba cuando vino la República». «En una palabra —finalizaba el informante— los elementos marxistas de este pueblo no tuvieron tiempo para meterse en las cuestiones de enseñanza en este pueblo».

 

Ese mismo día 28 de agosto, Villanueva del Fresno, junto a la frontera portuguesa, fue ocupado por un grupo variopinto de fuerzas al mando del capitán Olegario Briones y del falangista Agustín Carande Uribe. Cuando entraron, cientos de vecinos estaban ya camino de Portugal o de Valencia del Mombuey, y hallaron el pueblo semidesierto, por lo cual sólo fueron recibidos por los suyos y por los detenidos de derechas, entre los que se encontraba el cura párroco, uno más de esos curas fuera de todo control que en este caso haría pagar muy caro la humillación por haberle obligado a decir: «Me cago en Dios». El día 29 de agosto fuerzas de Infantería al mando del comandante Ramos Díaz de Vila tuvieron que rechazar un intento de recuperar Higuera de Vargas, en el que los milicianos perdieron ocho hombres, y los sublevados tuvieron un muerto y tres heridos. Ramos quedó a cargo de dicho sector (Barcarrota, Salvaleón, Alconchel, Táliga, Villanueva e Higuera), e inició las incursiones y «limpiezas» de huidos por la zona de Jerez de los Caballeros.

 

El día 30 de agosto, en plena preparación de la gran operación sobre Talavera de la Reina, el general Franco fue informado de que el día anterior se habían ocupado dos pueblos en la provincia de Badajoz: Salvatierra de los Barros y Salvaleón, «cogiéndole al enemigo diez muertos». A Salvatierra llegó la noticia de la sublevación militar por la radio de la Casa del Pueblo en la mañana del 18 de julio. Una de las primeras decisiones del Comité Antifascista —ubicado en la Escuela de Niñas y presidido por Francisco Saavedra Esquivel, a su vez presidente de las Juventudes Socialistas— fue la detención ese misma día, sobre las tres de la tarde, de todos los que se hallaban en el Casino, operación que fue dirigida por el inspector de la Guardia Municipal Francisco Merchán Vázquez. Esta primera detención duró varias horas. Los registros domiciliarios en busca de armas y víveres comenzaron al día siguiente. Una parte de la escuela se utilizó como almacén desde el que se distribuían los productos y otra para la toma de decisiones del Comité. Las milicias —según los informes de la derecha— se armaron «de palos y otros utensilios de la Edad Media, izaron la bandera roja en el ayuntamiento, cantaban la Internacional, la que era coreada por muchos simpatizantes». Además de los habituales daños al patrimonio eclesiástico, fueron detenidas en el depósito municipal 32 personas, una de las cuales, Manuel Bermejo Naharro, fue sometida el cinco de agosto a interrogatorio para que delatara la trama falangista, que existía pero no fue descubierta. De todo lo referente a la relación con los presos se acusó como máximos responsables a Fernando Vázquez Pérez, Francisco Merchán Vázquez y José González Fernández, y, como segundones, a Pedro Bermejo, Francisco González Ramírez, José Pérez Rosa y Valentín Merchán Vázquez. La noche del 26 de agosto, dos días antes de la ocupación, un grupo de milicianos de Burguillos del Cerro, enterado de que el Comité de Salvatierra había liberado a los presos, se presentó en el pueblo pretendiendo que se los entregaran. Por suerte para éstos, las autoridades locales, que conocían bien la situación y el peligro de que se produjeran hechos graves como los de Burguilios, supieron resolver el problema permitiendo que el día 20 de agosto cada cual tomara el destino que quisiera. Además, algunos de los que se quedaron fueron protegidos por gente del pueblo. De ese modo unos pudieron esconderse y otros alejarse. Sin embargo el párroco, Pedro Gómez Asensio, de cincuenta años, fue localizado y asesinado en plena calle el día 26 de agosto. Cuando dos días después llegaron los sublevados el pueblo estaba casi desierto. Todos los izquierdistas, con el alcalde Julio Vaca Vega en cabeza, habían partido hacia zona republicana.

 

El Comité frentepopulista de Salvaleón estuvo formado principalmente por representantes del Partido Socialista y de Izquierda Republicana. Sus misiones, como siempre, fueron de enlace con otros pueblos y la capital, de control, de abastos, etc. También en este pueblo los presos, previo pago de cantidades diversas por diferentes conceptos, fueron puestos en libertad antes del 20 de agosto, cinco días antes de que empezara la desbandada. Como solía ser habitual toda la responsabilidad recayó sobre el alcalde, el socialista Miguel Merchán Vaquerizo, taxista, y sobre los municipales Tomás Mangas Colazo, Francisco Moreno Rebollo, Pedro Serrano Moreno, Félix Flores Sanabria y Eutiquiano Cáceres Cáceres. Cuando la Causa General requirió información sobre los «malos tratos» sufridos se informó que «no se sabe [que] se empleasen malos tratos con los detenidos». No obstante, fueron acusados de cometer violencia con algunos de los vecinos (Marcelino Navarrete Román, José González Marín, Gil Mangas Contreras, Braulio Vasco Núñez, León Álvarez Torrado, José Guijarro Román, Agustín Peña Maldonado, José Maldonado Nogales y José Pereira Martín) Antonio y Benito Ledesma Nogales, Félix Flores Sanabria, Tomás Mangas Colazo, Pedro Serrano Moreno y Ramón Contreras Lorido.

 

La fuerza que ocupó el pueblo —una columna de camiones procedentes de Barcarrota— estaba al mando del teniente de la Guardia Civil Manuel López Verdasco, que conocía bien aquellos pueblos del entorno de Jerez de los Caballeros —donde era conocido por «El Mocoso»— por ser natural de allí. Lo acompañaba el párroco de Barcarrota, don José Martín Domínguez, apodado «El Asesino», al que se unirá el cura local, Eusebio Vázquez Macías, más conocido por «El Tío Chinote», de nefasta memoria. Cerca del pueblo, en sitio conocido por Las Crucitas, se encontraron con dos jóvenes de Nogales, Cándido Carballo Hernández y Andrés Jarones García, a los que dispararon matando a uno de ellos; el otro, herido, es detenido, curado y más tarde asesinado de dos tiros en la cabeza ante el teniente y el cura. Lo primero que hicieron al llegar a la entrada del pueblo, como era habitual, fue saquear la casa de Julio Fernández Tardío, amontonar todo en la carretera y prenderle fuego. Luego llegaron a la Plaza y, siguiendo precisas instrucciones, repitieron la operación con el bar de Fernández. Ambos locales quedaron requisados. Después subieron a la Plaza de Ayala y asaltaron la casa del maestro don Jorge Proiss Hernández, natural de Almendralejo, que se encontraba fuera y que posteriormente sería eliminado. El cura de Barcarrota al mando de cuatro falangistas se encargó personalmente, pistola en mano, de registrar la casa de Luis García Román, un acomodado ganadero de ideología republicana al que le fueron sustraídas armas de caza, ropas, chacina, cubiertos y monedas de valor y una radio que luego el cura tuvo que entregar a un particular. La nueva gestora nombrada por la autoridad militar local, el jefe de Puesto Manuel Matos Corrales, quedó integrada por Félix Nogales Cáceres, Eloy Vela Carretero, Lorenzo Cuenda Guerrero, Lorenzo Roma Nogales y Blas Casas Malpica, todos ellos de Falange. La gestora ordenó detenciones a partir del 30 de agosto. Los dos primeros cadáveres aparecieron en la mañana del nueve de septiembre, día siguiente al de la patrona.

 

El caso de Salvaleón constituye un buen ejemplo de que los formularios de la Causa General inducían a elaborar informes un tanto exagerados. Además de mencionar a los detenidos, a los encargados de la vigilancia y a los componentes de los comités, había que redactar la

 

«relación nominal de las personas que emplearon malos tratos y servicios con los sometidos a su custodia durante la dominación roja en este pueblo» y la «relación de las extracciones o entregas de presos para ser asesinados durante la dominación roja en esta localidad».

 

El último día de agosto tuvo lugar el contraataque republicano sobre Llerena del que ya se trató en su momento. Fue precisamente entonces, tras informar de la exitosa operación, el momento elegido por Cañizares para solicitar una entrevista con Franco para informarle sobre la situación de Badajoz —que a partir de ese momento y durante dos semanas se mantendrá estable— a falta de la ocupación definitiva de la zona interior de Jerez de los Caballeros y Fregenal. Ese mismo día Franco felicitó a las fuerzas que habían intervenido y, siguiendo el consejo de Cañizares, ordenó el envío de un blindado a las fuerzas que avanzaban hacia Madrid. En esos momentos, y dado el peligro que representaba Azuaga, se pensó en su ocupación, lo que finalmente se desestimó por la negativa de Queipo a desproteger otros objetivos. Añadía: «La haré momento oportuno con otro Tabor u otra Bandera si Vd. no puede hacerla con fuerzas Badajoz»…

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

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