Praktika

 

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LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

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OPERACIONES SECUNDARIAS

 

 

 

 

Algunos casos particulares

 

(…) Los que vigilaban a los presos ingresados en la iglesia a partir del 26 de julio estuvieron al mando de Fernando Rueda Romero, quien se encargó de que los enfermos, caso del párroco Antonio Álvarez Higuera, recibieran atención médica. En la noche del día 29, Jacinto Benítez Santos, primer teniente de alcalde, ordenó su traslado a una de las capillas de la iglesia, situación que se mantuvo hasta que a principios de agosto el número de presos, que aumentó hasta alcanzar 63, obligó a utilizar la nave central. También se ocupó Benítez de que el cura fuera atendido correctamente e incluso ordenó a uno de los presos que le sirviera de enfermero. A partir de la mañana siguiente se permitió a los presos que acudieran a su casa a desayunar con el compromiso de volver.

 

El día siete de agosto fueron asesinados en las afueras de Mérida José Tabares Gragera, industrial de 33 años, concejal y jefe de Falange, y los también falangistas Antonio Vizcaíno Carreto, Toribio Macias Dorado (ambos del campo) y Camilo Agudo Cortés (dependiente), de 46, 22 y 20 años de edad respectivamente. La Causa General atribuyó el hecho a los miembros del Comité. En el informe que seguimos, Jorge Solís contó también que el día ocho de agosto lo sacaron de la prisión para que, puesto que conocía la clave, abriera la caja fuerte de la fábrica electro-harinera, operación a la que obligaron a asistir a la madre de Tabares, cuya familia era propietaria de la fábrica. Como ya había sido forzada, la clave no servía, pero al final la consiguieron abrir. Curiosamente Solís, en su informe de 1943, dice que pese a que lo que buscaban eran los «documentos del FASCIO» lo único que obtuvieron fue dos mil pesetas; sin embargo, en otro informe anterior, de enero de 1937, él mismo afirma que hallaron dichos documentos, ya que el gerente de esa fábrica no era otro que José Tabares Gragera, el jefe de Falange, dato ocultado en el otro informe.

 

El 12 de agosto los presos recibieron la visita de Máximo Calvo, quien ordenó el interrogatorio del párroco, de Solís, del secretario del Juzgado Ángel Melgar Guerra y de Calixto Lencero García. Según Solís les formularon varias preguntas; pero, si realmente fueron las que él indica, hay que deducir que los interrogadores andaban un tanto perdidos. Además de carecer de sentido («¿es Vd. capitalista?») o de tratarse sin más de preguntas estúpidas («¿es Vd. el jefe o por lo menos uno de los dirigentes de los fascistas de este pueblo?»), roza ya el desvarío que se interrogara a los derechistas sobre si habían trabajado en las elecciones del 16 de febrero a favor de las derechas o si su voto contribuyó «para que salieran derrotados los candidatos del Gobierno». Y más absurdo todavía que se les preguntase si creían que «la salvación de España ha de venir de la Falange». Más bien parecen licencias de Solís para exponer sus opiniones, largas peroratas en las que, si hemos de creer al cronista incluso Máximo Calvo se quedaba pensativo al escucharlas.

 

Pero lo más interesante de este testimonio viene a partir de ese momento. Cuando los interrogados fueron devueltos a la iglesia en un camión varios miembros de la JJSS se les acercaron y les increparon: «Todos uds. son iguales; todos son responsables de cuanto ocurre; todos han contribuido a que la clase trabajadora pase hambre; todos deben pagar lo que deben». Entonces, ante la posibilidad de que Máximo Calvo y sus hombres se llevaran a los detenidos para matarlos y que prendieran fuego a los que se encontraban en la iglesia —tal como se escuchó—,

 

 

hombres y mujeres unidos y acompañados por los socialistas que militaban de buena fe en ese partido del FRENTE POPULAR se opusieron a que se consumara el crimen que fraguaron los más exaltados … Máximo Calvo y sus esbirros tuvieron que abandonar su presa ante el temor de ser víctimas de la ira de un pueblo que despierta a la realidad. Y los montados en el camión, como igualmente los que quedaron en la iglesia para ser quemados y muertos con bombas de mano, fueron puestos en libertad.

 

 

Entonces, todos ellos se postraron ante el Sagrado Corazón para agradecer el favor recibido: a partir de entonces este hecho se adjudicaría a una intervención de la Divina Providencia. Todo ocurrió el 12 de agosto.

 

Por si fuera poco, el 16 de agosto pasó por el pueblo una columna con órdenes de llevarse a los detenidos, lo que sólo pudo hacer con el anciano párroco de La Nava. Ya en camino, éste, pensando que llegaba su última hora, escribió su nombre en una tarjeta que escondió en un calcetín para que su cadáver fuera reconocido. Pero cuando se encontraban en una viña uno de los vigilantes dijo:

 

 

«Me da pena de este pobre señor», a lo que el otro añadió: «Yo no diría nada si se quedara oculto en esas malezas cuando dieran la orden de marchar».

 

 

Y efectivamente así ocurrió. La columna prosiguió su camino y el cura, campo a través, llegó a Montijo.

 

Mientras tanto en La Nava volvieron a ser detenidos algunos de los liberados y aquellos que, procedentes de la cárcel de Mérida, regresaron al pueblo una vez ocupada ésta. Serían definitivamente puestos en libertad en la mañana del día 22 de agosto cuando entraron en el pueblo las fuerzas de Asensio. Ni que decir tiene que, como se comprueba al repasar la lista de víctimas de La Nava de Santiago, nada de lo anterior fue tenido en cuenta a la hora de ajustar cuentas con las fieras marxistas.

 

En La Roca de la Sierra, también ocupada por Asensio ese mismo día 22, habían huido previamente 61 personas. Convirtieron la iglesia en almacén de los productos que se requisaban para el consumo de la comunidad. Todos los domicilios de derechistas fueron registrados en busca de armas y aparatos de radio. Los presos no sólo no fueron maltratados sino que se permitió que fueran atendidos por el médico y que los que llevaban peor el encierro por la edad o por motivos de salud fuesen trasladados a sus casas. A algunos vecinos, caso de Julio Sánchez Fuentes y José y Sixto García Ávila, se les obligó a entregar dinero; a otros, como Julio González Morcillo, los interrogaron sobre la preparación del golpe en el pueblo.

 

El 22 de agosto también pasó a poder de los sublevados, del teniente de artillería Jaime Ozores Marquina, Solana de los Barros, otro de los pueblos extremeños donde, según informes oficiales, la Falange contaba con

 

 

armas automáticas manejadas por unos 60 falangistas, adquiridas con las aportaciones de los elementos de orden de la localidad, interviniendo en hechos de armas de gran resonancia durante el dominio del Frente Popular.

 

 

Esto ocurrió en la mayoría de los pueblos y, aunque normalmente se ocultó por no convenir a una propaganda orientada exclusivamente en demostrar la supuesta revolución en marcha, tenemos constancia de ello porque sale a relucir a la hora de mostrar méritos pasados. Así, por ejemplo, cuando el emeritense Manuel Serván Reyes tuvo que defenderse de la acusación de masón, adujo que ya desde febrero y marzo del 36 mantenía contactos con los falangistas Victoriano y Ramón Pacheco Fernández y con la propietaria de Solana Josefa Díez Madroñero, esposa del primero, para el pago de cantidades con las que adquirir armas y municiones para afrontar las «campañas de acción» que se efectuaron en diferentes pueblos de la provincia como Aljucén, Carmonita, Guardia, etc. Sin embargo, como otros pueblos, el 18 de julio, al no caer la capital, son los izquierdistas los que aseguran el control de la situación, metiendo a todos los derechistas en la cárcel. Nadie sufrió daños en Solana y, sin embargo, se incluyó en la Causa General a Alberto Elías del Toro, asesinado en Almendralejo; y se añadió una nota en la que se indicaba que el médico Luis Gómez Horrillo murió congestionado en el campo «huyendo de la ira marxista». Sufrieron daños en sus propiedades dos vecinos de Badajoz, José Bolín García y Fernando Torres; una de Mérida, Margarita Pacheco; uno de Puebla de la Calzada, Pedro Maza Coca; y nueve de Solana: Antolín Hurtado Galea, Manuel Bote Barrera, Manuel Pérez Rodríguez, José Caro Cisneros, José Requejo García, Manuel Martín García, Valentín P. González, Víctor de la Cruz Benítez y Jesús Caro Cisneros. Ocupado el pueblo, Ozores Marquina envió a Sevilla el siguiente telegrama: «Presidente Comisión Gestora Teniente Ozores Marquina. Sin novedad. Entré en Solana de los Barros con elementos Falange. Nombrada Gestora. Vida normal. Viva España».

 

Más al oeste, cerca de Olivenza, el capitán Pedro Fernández García entraba ese mismo día en Valverde de Leganés, que ofrecía el panorama habitual: detenciones, requisas, daños en la iglesia, saqueo de cortijos, etc. A los presos se les obligó a pagar ciertas cantidades (unas tres mil entre todos), y tres de ellos (Luis Delicado, Andrés Serrano y Joaquín Obando) fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento en la puerta del cementerio. Se ordenó el saqueo, en busca de armas y alimentos, del cortijo de «La Jineta», de Joaquín Obando Mendoza, y la finca «La Dehesilla», de Matilde y Federico Fernández de la Puente. Entre los «excesos» sufridos con anterioridad se destacó que en las elecciones de febrero se utilizaran automóviles para trasladar a votar a los que vivían en el campo. Un informe al auditor de la II División resaltó que la mera existencia desde hacía treinta años de la Casa del Pueblo suponía unas obligaciones y compromisos poco deseados para la clase patronal, obligada a aceptar todo tipo de abusos. Fueron responsabilizados de lo ocurrido el alcalde Julio Antúnez Rodríguez y los concejales Juan Bravo Ortiz, Antonio López Ramos, Manuel Nogales Puente, Isidoro Lagos Rodríguez, Emilio Reina Rodríguez, Baldomero Moreno, Ángel Velázquez Rastrollo, Manuel Moreno Madera, José Abejón Antúnez y Antonio H. Rastrollo.

 

Unos meses después, en enero de 1937, se calculaba que cien izquierdistas habían conseguido huir. Al amparo del bando de perdón de Franco dictado en la Navidad del 36, y una vez conseguido el necesario salvoconducto por los familiares, se presentaron Diego y Luis Parras Ortiz (padre e hijo), Paulino Cano Fragoso, Adrián Flores Laso (presidente de las Juventudes Socialistas) y Agustín Pascual Zambrano, quienes tuvieron la mala suerte de encontrarse en la carretera con un grupo de falangistas y guardias civiles que decidieron llevarlos a la finca «El Higueral» en vez de al pueblo. Unas horas después los trasladaron a otra finca por orden del falangista Andrés Serrano y los asesinaron y enterraron en el campo. Para mayor escarnio algunos de los asesinos pasaron luego por las casas de las víctimas, quitándoles a las viudas los animales de labranza, las aves de corral y los productos que tenían almacenados. La matanza se conoció porque el padre de uno de los que volvían, Juan Flores Jaramillo, sabía que se iba a producir la entrega y los estaba esperando. Tanto este hombre como las viudas Margarita Méndez Silva, Teresa Ortiz Guisado y Rosario Duarte Trejo denunciaron como responsables a Conrado Calvo Borreguero, oficial del Cuerpo de Aduanas y jefe de Milicias de Falange; a Andrés Serrano de la Concha, jefe de las JONS; a Juan Forte Merino, secretario de Falange, y a Avelino Berrocal Rubio, jefe de la Caballería de Falange. Este hecho dio lugar a uno de los procesos más escandalosos de la justicia militar franquista, cuya instrucción estuvo a cargo primero del capitán Máximo Trigueros Calcerrada, y más tarde del coronel de Carabineros Mariano Larios Rodríguez. Ante la evidencia de que lo que allí se había producido era un vulgar asesinato, y a pesar de las insostenibles contradicciones entre unos acusados y otros, tanto las autoridades civiles como las militares cerraron filas en torno a los acusados. Como siempre, salvo la denuncia inicial, nunca se volvió a tomar declaración a los familiares de las víctimas. Este caso marca un punto álgido del cinismo judicial-militar del auditor Francisco Bohórquez Vecina, quien admitió a la vez los testimonios que mantenían que los huidos querían entregarse y fueron detenidos, y los que decían que los huidos murieron al repeler las fuerzas su ataque. Y todo ello habiéndose probado que ni portaban armas ni en la localidad se habían producido delitos de sangre ni daño alguno a los detenidos. Dos años para acabar en sobreseimiento provisional…

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

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