Praktika

 

960

 

LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

[ 036 ]

 

 

4

OPERACIONES SECUNDARIAS

 

(…)

 

Un informe de la Guardia Civil de junio califica a Madera, López Serrano y Camisón de

republicanos pero de orden y completamente contrarios a los elementos que componían el funesto Frente Popular pues a pesar de estas ideas antes de iniciarse el movimiento siempre estaban al lado de las personas de orden.

 

Caso diferente era el de Entonado, de «ideas avanzadas y simpatizante del Frente Popular». El informe concluía que tres de ellos «fueron muertos por los Nacionales» y uno «asesinado por los rojos». Como era de esperar, el instructor López Llinas acabó considerando que las tres víctimas del 27 de julio murieron uno al repeler las Fuerzas Nacionales la agresión que se hizo desde el interior de su casa; otro, «marxista peligroso», porque «sin duda paqueaba a las tropas desde su morada»; y el tercero, según habían probado los informes médicos, «por la enfermedad cardíaca que padecía». El informe final del auditor de la II División seguía la misma línea:

 

Como los hechos en los cuales encontraron la muerte los vecinos de San Vicente de Alcántara, Casimiro Madera, Antonio Entonado y Narciso López, tuvieron lugar en acción de guerra, no pueden calificarse de delito, y en su consecuencia acuerdo sobreseer esta causa de conformidad con el número 2.º del artículo 536 del Código de Justicia Militar…

 

Del resto de lo ocurrido en San Vicente una vez en poder de los nacionales nos informa Enrique Santos, «El Secretario», en su libro de recuerdos:

 

La mayoría de los [huidos] capturados eran fusilados en el mismo lugar en que eran encontrados. Mujeres y niños padecieron también aquella furia. A estas mujeres y niños se les aplicaba castigos más suaves: se les rapaba la cabeza, dejándoles sólo en lo alto un mechoncito para adornarlo con lazos rojos. Así se les paseaba por la calle haciéndoles levantar el puño como señal de la ideología extremista de izquierda. Otro de los leves castigos fue el de las purgas con aceite de ricino …

 

Los desfiles procesionales de mujeres y niños pudo contemplarlos el narrador en Valencia de Alcántara, San Vicente de Alcántara y Alburquerque. En la primera de dichas localidades, uno de los muchos desfiles que se celebraron fue el siguiente: anudadas fuertemente a una larga soga, caminaba una hilera de mujeres con alguna de sus hijas —no mayores de cinco o seis años— luciendo sus cabezas afeitadas, sus lazos rojos, sus vestiduras rasgadas. A uno y otro lado, los verdugos con látigos, fustas y palos, propinándoles constantes golpes y obligándolas a decir en voz alta ¡Somos comunistas! Si aquellos gritos no se pronunciaban con la suficiente energía, los látigos se encargaban de que lo fueran …

 

Se inician las detenciones, las purgas, los malos tratos, los «paseos». Ningún detenido es sometido a procedimiento. No se estila. Se persigue indiscriminadamente, sin interrogatorio, sin declaraciones, sin derechos humanos. A algunas jóvenes se las violaba, se les robaban sus alhajas, después se las fusilaba … Una especie de «comisión de limpieza» determina quiénes deben desaparecer, de entre los que no han huido … Algunos detenidos pasan por la sacristía, convertida en sala de torturas. Don Facundo, que ha vuelto, ayuda o, al menos, tolera. Y de allí, a la fosa común. Hay constantes «paseos» en los mismos lugares que en el caso de Alburquerque: el Cuarto Abajo, Puerto Elice, en los canchales, en unas viejas minas…

 

El mismo día que cayó San Vicente, el 18 de agosto, pasó también a poder de Vierna el pueblo de La Albuera. Al trato recibido por los derechistas presos, a los que se hizo trabajar con pico y pala en las peores horas de agosto, se achacó el derrame cerebral sufrido por el joven Manuel Rueda Prieto, quien moriría posteriormente en el Hospital Provincial de Badajoz. La Causa General, no obstante, se permitió aludir a torturas allí donde se refería a los insultos y amenazas a que fueron sometidos. Un caso especial, mencionado en la Causa General de Entrín Bajo, sería el de Pedro Talayero Suárez, de 63 años, radical y secretario del Ayuntamiento de dicho pueblo, que murió víctima de una paliza el día cinco de agosto después de ser trasladado de Entrín Bajo a La Albuera. Se responsabilizó de su muerte a Manuel Serrano Leva y a Antonio Flores Díaz, fallecidos posteriormente. El único fusilamiento producido en La Albuera, realizado por milicianos de la columna Sosa, tuvo como víctima al Corazón de Jesús, al que se vistió de blanco para la ocasión. Las responsabilidades recayeron sobre Antonio Flores Díaz, Antonio Martínez Atochero y Marcelo Moro Mulero, muertos ya todos cuando la Causa los señaló como culpables. Entre los dirigentes rojos huidos destacaban el alcalde José Calderón Chinarro, Gumersindo Mata González, primer teniente de alcalde; Manuel de la Cruz Murillo, secretario de la Casa del Pueblo, y Ángel Asenjo Sanz «Gañancino», presidente del Partido Comunista.

 

Olivenza fue ocupado el 17 de agosto por un grupo al mando del capitán de Infantería Ildefonso Blanco. Entre los sectores que más lamentaban los «días rojos» se encontraba la Iglesia, que en abril del 36 asistió a la expropiación por el Ayuntamiento de los cementerios; y después, tras el 18 de julio, se quedó sin templos. El de la Magdalena, por ejemplo, fue dedicado a Centro Comunista. En numerosos cortijos y algunos domicilios particulares se incautaron alimentos por orden del Comité, que estableció un almacén comunal en el Parque de Artillería. Los presos, unas cien personas, se quejaron de malos tratos —como hacerles subir y bajar las escaleras del castillo— y de haber sido sometidos a simulacros de fusilamiento. Aunque un informe oficial destacaba que «donde más se ensañaron fue con los obreros», la verdad es que lo que más dolió a algunos fueron las más de doscientas mil pesetas que tuvieron que pagar a numerosos jornaleros «por diferencias de jornales». Fueron considerados como máximos responsables de todo esto José González Olivera, Felipe González Mazón y Máximo Gil Cordero, tachados de comunistas los dos primeros y de socialista el último. Hay que señalar que los derechistas detenidos se quejaron de malos tratos ante el alcalde socialista Ignacio Rodríguez Méndez, que accedió a formar una comisión de tres médicos de la localidad que certificase si habían existido malos tratos. El informe se inició, pero no llegó a término por problemas entre presos y médicos, dos de los cuales, Julio Blasco de la Torre y Antonio León Mora, fueron acusados de «formar parte del Comité Rojo», lo que más tarde les costaría la vida. Los presos sólo aceptaban al médico Matías Ramírez Ramírez. La derecha también admitió que hasta el 18 de julio, aunque fueron prohibidas las procesiones y demás actos externos, los actos de culto se siguieron celebrando con absoluta normalidad. Igualmente se hizo notar que todos los maestros habían sido de derechas salvo el de la Aldea de San Jorge, Luis Quirós, catalogado de «marxista, tanto teórica como prácticamente», que había escapado del pueblo. Este tono vuelve a notarse en otros informes:

 

… en cuanto a la Administración Municipal el día 21 de febrero tomó posesión en forma espectacular el ayuntamiento llamado del Frente Popular, que fue elegido en abril de 1931, asistiendo al acto más de 2000 personas, días después eran depuestos en sus cargos todos los funcionarios municipales que no simpatizaban con el Frente Popular poniendo en sustitución los que eran de su confianza, económicamente y en otros muchos detalles la Administración no fue alarmante, pues dicho en honor a la verdad el que ejercía el cargo de alcalde aunque socialista era moderado y pudo impedir muchos hechos que sin su actuación se hubiesen realizado.

 

En Olivenza tuvo lugar un caso significativo de aquel momento. Temeroso de que los rojos le quitaran dinero, el notario Clemente Rodríguez Díaz le entregó 14.000 pesetas al comerciante Manuel Álvarez Rodríguez para que se las guardara en su caja fuerte. Ambos estaban unidos por el noviazgo de dos de sus hijos. Pero lo que realmente ocurrió es que el 17 de agosto llegó la columna de Badajoz, que, además de designar nuevas autoridades, detuvo y saqueó lo que les vino en gana, caso del comercio de Manuel Álvarez, de donde desapareció todo el dinero, incluidas las 14 000 pesetas del notario. Este, que sabía que los responsables eran falangistas al mando del capitán Pedro Fernández García, denunció el hecho y obtuvo por respuesta —nada menos que del inspector-jefe de la Falange de Badajoz Adrián Carballo, de la Comisaría de Investigación y Vigilancia— que el comerciante era marxista, que el dinero se había utilizado para comprar armas y que no era posible saber qué falangistas habían intervenido en la operación. Como la investigación prosiguiera fue el mismo jefe provincial Arcadio Carrasco el que en julio de 1937 informó de que

 

la compra de armas fue autorizada por el entonces gobernador militar hoy general Yagüe, quien facilitó el paso a la frontera y la adquisición de armas hechas en Portugal, que lo fueron por conducto de la representación del Estado español en Lisboa. Las pesetas importe de la operación fueron entregadas personalmente a Don José María Gil Robles, quien hizo las gestiones oportunas para la compra de armas cerca del Agente Portugués señor Bramao, no interviniendo por tanto Falange en la operación, mientras el pago de la misma, pues insisto nuevamente en que las pesetas fueron entregadas al señor Gil Robles, quien se encargó de la adquisición y pago de las armas, que entregadas a Falange y por la urgencia y necesidad de las mismas fueron inmediatamente traídas a Badajoz y distribuidas entre falangistas, paisanos y militares.

 

En octubre de 1937, puesto que no aparecía justificante alguno del dinero entregado a José María Gil Robles, se le citó para que testificara sobre la operación, mediante la publicación en el BOP de diciembre de la correspondiente citación. Puesto que Gil Robles no compareció, la causa volvió al Juzgado de Olivenza a mediados de 1938, solicitándose informes sobre el comerciante Manuel Álvarez a los habituales: Falange, Alcaldía, párroco y Guardia Civil. Aunque el del párroco fue positivo sólo se tuvieron en cuenta los demás, justificándose en todo momento la necesidad de la incautación. Por supuesto todos se guardaron de mencionar que Manuel Álvarez Rodríguez había desaparecido el 17 de septiembre de 1936. Poco después el auditor de la II División dictó sobreseimiento provisional.

 

Otro de los pueblos ocupados esos días fue Aceuchal, tomado por el teniente Jaime Ozores Marquina el 18 de agosto. El Comité, previendo la procedencia del peligro, decidió volar el puente de la carretera de Badajoz, pero el intento resultó fallido. Como en todos los pueblos se produjeron requisas de alimentos en algunos domicilios particulares, y como dato curioso se destaca que iban siempre «con exigencia de jamón, lomo, etc., rechazando cuando alguien les facilitaba chorizo, morcilla o tocino». Entre los principales propietarios afectados se encontraban Francisco Cabeza de Vaca Gutiérrez de Salamanca, vecino de Villafranca; Juan López Oliva, Diego Valero Diosdado, Antoliano Argueta Rodríguez, José de Solís Liaño, José Solís Montero de Espinosa, Domingo y Leonardo Rodríguez Indias, Fernando Argueta Durán, María Argueta Rodríguez y Emilio Delgado Gómez. El Comité elaboró también una lista con los nombres y la cantidad de dinero que algunos deberían de dar; con esta «colecta» se juntaron unas seis o siete mil pesetas. Los 52 presos, a los que según ellos mismos no se consintieron «excesos de comodidades», hubieron de reconocer que, siendo Aceuchal lugar de paso de cientos de huidos de diversos pueblos ya afectados por la represión, y que se dirigían a Badajoz buscando refugio y protección, salvaron la vida por la firme actitud de las autoridades locales, que decidieron ponerlos en libertad varios días antes de la llegada de los sublevados. Esta noticia llegó a los sublevados en Almendralejo, pues el alcalde de Aceuchal envió allí un oficio el día 14 de agosto informando a los ocupantes de la puesta en libertad de los presos y garantizándoles la entrega del armamento en su poder. El alcalde añadía algo interesante que debió ocurrir en otros pueblos: la existencia de un pacto entre los vecinos del pueblo por el que todos debían respetarse vidas y haciendas. No debió ser fácil, pues, justificar a posteriori la represión, cobrando así sentido algo de lo escrito en uno de los informes:

 

Afortunadamente no fueron maltratados de obra, lo fueron de palabra por la chusma desde la calle y existe la convicción de que hubieran llegado a más si las tropas del glorioso Ejército a su llegada a Almendralejo no hubieran dado el escarmiento que dieron. Las noticias que de ello recibían los desconcertó y acobardó y debido a esto nada hicieron aunque lo tuvieran proyectado por consigna general, pues existe la creencia de que hubo día en que la gasolina y la dinamita estuvieron dispuestas.

 

Además de los componentes del Comité, fueron acusados de intervenir en diversas acciones Eusebio Vacas Benito, Manuel Hermoso Robles, Andrés Rodríguez Merchán, Antonio Morales de la Hiz, Carmelo García Muñoz, Miguel Pablos Gutiérrez, Pedro Indias Indias, Francisco Baquero Lozano, Eladio Hermoso Robles, Eladio Prieto Merchán, Vicente Maclas Pérez y Rufino Cortés Cordero.

 

De esos días data un comunicado del capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal informando de la existencia de «una columna roja volante» integrada por huidos de los pueblos ocupados y constituida por unos 18 vehículos entre camiones y coches. Esta columna representaba una amenaza para los sublevados en ciertos pueblos cercanos a la zona republicana como Hornachos, Hinojosa y Llera. Navarrete la situaba a mediados de agosto en Valencia del Ventoso y advertía del peligro que corrían entre otros Fuente de Cantos, su pueblo, y Zafra, con cincuenta guardias civiles el primero y ocho el segundo. Por todo ello solicitaba regulares y legionarios y un pase de la aviación para bombardear Valencia del Ventoso, «teniendo en cuenta que la bandera roja está puesta en el local donde tienen encerrados a los de derechas».

 

En Aljucén, además de destrozar casi todas las imágenes de la iglesia, acometieron lo que la derecha consideró «el saqueo general a los elementos de orden, tanto en especie como en metálico». Al trato vejatorio para los presos se sumó en esta ocasión la violencia, que acabó con la vida de diez personas:

 

Agustín Belvis Hidalgo, zapatero, 46 años.

Adolfo Calles Guijo, labrador, 30 años.

Julián Fernández Robles, obrero arrendatario y juez municipal, 47 años.

Juan Larios Poncela, herrero, 32 años.

Daniel Peña Muñoz, estanquero, 46 años.

Antonio Pérez Barahona, zapatero, 25 años.

Juan José Polo Burgos, labrador, 56 años.

Victoriano Solís Cordero, propietario y depositario del Ayuntamiento, 59 años.

Gumersindo Solís Conde, labrador, 36 años.

Manuel Tirado Esteban, obrero arrendatario, 35 años.

 

Al igual que en otras localidades, los presos fueron obligados a realizar duras tareas como llevar y trasladar sacos de arena en las peores horas del verano. Coincidiendo con la caída de Mérida se decidió acabar con los detenidos pero, según uno de los informes, no se ponían de acuerdo sobre cómo hacerlo. Entre los que proponían acometer la tarea a hachazos y los que preferían que se hiciese a tiros, se impusieron los que se decantaban por el uso de bombas, que fue lo que finalmente se hizo, pero sin los resultados apetecidos, por lo que se recurrió a las pistolas e incluso al uso de estoques. Algunos de los comentarios posteriores, acordes con la carnicería llevada a cabo, quedaron en el recuerdo de los sobrevivientes: «Chacho, saltaban como langostos». Las culpas recayeron sobre Manuel Becerras Extrema, Juan Prieto Barrero, Pedro Becerra Molano, Pedro Álvarez Barrero, Jesús Moreno Ramos, Francisco Moreno Polo, Miguel Cordero Sánchez y Antonio Sánchez Palencia.

 

Cordobilla de Lácara, también al norte de Mérida, pasó a poder de los golpistas el día 22 de agosto por simple dejación de los republicanos. Aquí las requisas particulares se valoraron en 12 773 pesetas y las efectuadas en comercios en 13.751. Los veinte presos mantuvieron más tarde que había preparadas para ellos varias bombas asfixiantes que si no se usaron fue «por la gloriosa entrada de las tropas nacionales en la ciudad de Mérida». A sólo siete meses del golpe militar, con la represión salvaje todavía en sus tramos finales, la derecha exageró en sus informes la realidad de los días rojos. A falta de víctimas, a falta de checas, los derechistas de Cordobilla llegan a escribir que a uno de los presos se le impuso como condición para asistir al entierro de su suegro que llevara un vigilante o que

 

lo más cruel llevado a cabo por las hordas marxistas fue el negarles a los presos el cariño de una niña de ocho años que solicitaba un beso para su padre que lo tenían preso y no se lo consintieron, retirándola bruscamente de la puerta de la cárcel los vigilantes de guardia…

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

*