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LA COLUMNA DE LA MUERTE
El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz
Francisco Espinosa Maestre
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OPERACIONES SECUNDARIAS
Con la caída de Mérida Y Badajoz se produjeron dos bolsas en torno a la línea que unía ambas ciudades: una desde ahí hacia Cáceres, ya en poder de los sublevados, y otra mucho más extensa que comprendía todos los pueblos situados desde allí al sur de Badajoz e incluso algunos del norte de Huelva, con la raya de Portugal a un lado y la vieja ruta de la Plata al otro. Dicho territorio equivalía a media provincia y contenía más de la mitad de sus pueblos. Su ocupación se efectuó en dos fases, una primera del 17 al 29 de agosto y otra del once al 21 de septiembre. No hubo un plan claro, sino que se hizo a medida que fue posible y a base de columnas mixtas constituidas en esos días. A grandes rasgos, en la quincena de agosto se acabó con la primera de las bolsas citadas y con el núcleo central de la otra; y en septiembre —coincidiendo con la campaña sobre la zona minera y la sierra de Huelva— se concluyó la tarea con la toma del sur de la provincia. A consecuencia de ello se produjo una gran masa de huidos que se fue congregando día a día en torno a Fregenal. De los que intentaron buscar salida por Portugal ya se ha tratado. Hubo otros, sin embargo, cuyo destino se verá aquí, que optaron por llegar a zona republicana atravesando desde los pueblos del sur hasta la zona de Granja de Torrehermosa en una involuntaria aventura de alto riesgo. Finalmente el 21 de septiembre cayó Azuaga, operación planificada desde el Estado Mayor de la II División por la que los sublevados acabaron de manera definitiva con las amenazas que procedían de ese sector y que venía a poner fin, cincuenta días después de su inicio, a la primera fase de la ocupación de la provincia.
En torno a la capital
Como ya vimos, todavía con las fuerzas de Yagüe en la capital extremeña, se realizaron incursiones en su entorno, bajo el mando del comandante Vierna Trápaga. El 17 de agosto cayó Alburquerque y al día siguiente San Vicente de Alcántara. Los setenta y dos derechistas detenidos en Alburquerque —la mayoría liberados antes de la ocupación del pueblo— pudieron quejarse del trato recibido, de algunos saqueos en sus fincas y casas particulares o, por ejemplo, de que mientras entraba el barbero a afeitarlos había gente armada vigilando. El momento de mayor peligro, un simulacro de fusilamiento anunciado con toques de difunto por las campanas, el 28 de julio en la iglesia de San Mateo, fue cortado a tiempo por fuerzas militares del Regimiento Castilla, que se impusieron a los milicianos forasteros implicados en aquella acción. Entre los hechos más notables destacó la creación de un matadero colectivo formado a base de animales incautados en la zona y, sobre todo, del traslado desde Cáceres de la ganadería de Muguiro. Otro suceso significativo fue el protagonizado por el industrial y futuro alcalde Juan Oliveros Cuéllar, obligado a reconocer como hija suya a la de una prostituta de la localidad ante notario y con testigos. Alburquerque fue ocupado por fuerzas de la Guardia Civil al mando del sargento Agustín Ramos «El Rubio» o «El Lobo», comandante del puesto de San Vicente, con quien colaboraron falangistas como los conocidos por «El Morera», «El Cerezo», «El Chato», «El Mateo» y «El Balancho», los cuales,
con algunos «señoritos», realizaron una terrible represión entre el campesinado de los pueblos de la comarca en las cunetas de la carretera, en el «Cuarto de Abajo» y en «Puerto Elice», entre los canchales próximos a una vieja mina.
Con las fuentes habituales con que contamos, en San Vicente de Alcántara, aparte de unas veintitantas detenciones, no se produjo nada reseñable para la derecha hasta que el día 28 de julio llegó una columna de milicianos de Badajoz, al mando del coronel Puigdengolas. Sin embargo, nos detendremos en ella por una historia que ejemplifica claramente dos procesos de los días iniciales del golpe militar: la absorción de la jurisdicción ordinaria por la militar y la manera descarada en que esta justicia militar era utilizada por los golpistas para proteger a los suyos. El 28 de julio de 1936 el médico Laureano Carlos Herrero comunicaba al Juez Municipal la aparición y reconocimiento de los cadáveres de Casimiro Madera Correa, Narciso López Serrano, Antonio Entonado Preciado y Ramón Camisón Serrano. La viuda de Casimiro Madera, Facunda Gaspar Miró, que prestó declaración dos días después, contó que en la mañana del día 27 un grupo de milicianos y carabineros tomaron posiciones en la azotea de su casa, cercana a la carretera, para controlar mejor los movimientos de una columna enemiga que se acercaba por la carretera de Salorino.”
La columna, al mando del comandante José Linos Lage, el teniente Girbal y el sargento Prado, estaba compuesta por fuerzas de Asalto, un grupo de fascistas al mando del capitán Luna Meléndez, guardias civiles, dos compañías de fusileros y una de ametralladoras con dos cañones y algunos obuses del Regimiento de Infantería 27. En total serían unos seiscientos hombres, ante lo cual el alcalde en funciones, José Pizarro Borrega, pidió ayuda al Gobierno Civil, que ordenó que se replegaran de inmediato en dirección a Alburquerque y no combatieran. No obstante, hubo cruce de disparos hasta que finalmente la columna de Girbal accedió al pueblo por la Fuente de los Caños y por el cementerio. Algunos milicianos recorrieron el pueblo pidiendo que se dispusieran para la lucha y que a falta de otras armas calentaran agua y aceite para arrojarla desde los balcones sobre el enemigo. Ya en el pueblo los ocupantes comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra puertas y fachadas. Las autoridades, que salieron al encuentro de la columna, fueron maltratadas y el Ayuntamiento fue saqueado por los fascistas mientras la Guardia Civil impedía la entrada a las autoridades. A continuación el alcalde, el depositario, el secretario y tres vecinos fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento que en cierto momento fue cortado por un capitán que se hizo cargo de los prisioneros, a los que trasladó a Valencia de Alcántara, donde los dejó en libertad, «ya que no se les cogió armas ni opusieron resistencia». En el pueblo quedaron detenidos 17 paisanos, el brigada y tres carabineros, más tarde llevados a Cáceres. Atemorizados por lo sucedido, más de la mitad del vecindario huyó al campo.
Sobre la muerte de Casimiro Madera, su mujer contó que cuando comenzaron los disparos ella cogió a los hijos y salió por la puerta trasera, quedando allí el marido para no dejar sola la casa. A media tarde, cuando cesó el combate, volvió a su domicilio, ya sin milicianos ni carabineros. Serían las cinco de la tarde cuando se presentaron en la puerta las fuerzas ocupantes, un grupo de fascistas entre los que destacaba Joaquín Cabrera Benito —hijo de Carlos Cabrera Orellana, vecino de Valencia de Alcántara y conocido por el vizconde de la Torre—, quien, «dirigiéndose a las fuerzas de Asalto y Guardia Civil les exigía hacer los crímenes que tenían convenido y les exhortaba a que obraran sin piedad». Luego se llevaron a Casimiro Madera y, cuando iban unos doscientos metros más arriba, se escuchó una tremenda descarga que acabó con el prisionero por disparos en la cabeza. Lo asesinaron en presencia del hijo, Francisco Madera, de 31 años, que se ofreció a acompañar a los fascistas para proteger a su padre; ni siquiera se le permitió acercarse al cadáver. Durante las horas en que los ocupantes se dedicaron a tirotear puertas y fachadas nadie se atrevió a moverse. El vecino Antonio Entonado Preciado murió por disparos de Joaquín Cabrera cuando intentaba huir de su casa por una ventana. A Narciso López Serrano «Manolín», enfermo cardíaco, lo sacaron de su casa y lo maltrataron en la calle; falleció en el acto a consecuencia de la impresión. Al estar declarado el bando de guerra no se pudo llamar al juez para el levantamiento de los cadáveres hasta que a las seis de la mañana del día siguiente se fueron los ocupantes. El médico acudió por la mañana para certificar las defunciones y esa misma tarde fueron enterrados.
La siguiente declaración, de Felipa Cruz Reina, fechada el once de agosto y en ella, esta mujer, viuda de Ramón Camisón Serrano, la cuarta víctima, afirmaba que su marido —exalcalde radical vuelto a colocar en la Alcaldía por los sublevados el 27 de julio— fue asesinado al día siguiente, el 28, por los disparos de un numeroso grupo de milicianos llegados desde Badajoz. Unos días después el pueblo caía en poder de los fascistas. Después todo quedó paralizado hasta el 20 de enero de 1937, cuando Rosario Rosado Samaniego declaró sobre la muerte de Camisón. Entonces se produce un cambio brusco en la ya extraña instrucción. El 18 de febrero, en autodictado por Francisco González Naharro, Eduardo Pérez del Río y Pablo Murga Pérez, se lee:
Que el conocimiento de esta Causa es de la competencia de la Jurisdicción de Guerra, puesto que los hechos que la motivan se relacionan con el servicio de armas y tuvieron lugar al ejecutar el mismo, lo cual está comprendido en el artículo séptimo número tercero y cuarto, apartado último, en relación con el artículo 237, todos del Código de Justicia Militar, precepto no derogado por el Decreto Ley de dos y once de mayo de 1931, ratificado por la Ley de 18 de agosto de dicho año, [y] no puede perderse de vista aunque el espíritu [y] las modificaciones hechas por la República en nuestras Leyes tradicionales en orden a la Jurisdicción Militar tienden a reducir la extensión en su competencia, [que] dejaron subsistentes todo lo referente a la competencia por razón del delito y como los hechos a que la misma se refiere han tenido lugar durante el Movimiento Salvador de España, son de aplicación las normas tradicionales antes citadas pues no es posible desconocer que las fuerzas que luchaban por defender el honor de España en actos de servicio de armas que afectan esencialmente a la vida Militar deben ser juzgados en todo caso por la Jurisdicción de Guerra.
De este modo la jurisdicción civil se inhibió en favor de la militar en uno de los pocos casos en los que hemos podido asistir —por farragoso que resulte— a este proceso. El cambio se nota de inmediato. En un informe de la Alcaldía de abril de 1937, dirigido al instructor comandante Enrique López Llinas, sobre las cuatro muertes habidas a finales de julio se leía que Casimiro Madera Correa, aunque republicano de izquierdas era «mero simpatizante con el Frente Popular pero sin actuación directa» y que «tuvo la mala suerte de que en su casa se parapetaran algunos carabineros marxistas y murió a consecuencia de ser cogido por una descarga». La otra víctima, Antonio Entonado, era calificada de «marxista peligroso y de acción» y su muerte, según el informe municipal, se produjo «al paquear el Ejército desde su casa después de tomar el pueblo». En el caso del enfermo López Serrano se decía simplemente que «la diligencia de autopsia no dio lesión alguna». Pasaba luego el alcalde a comentar la muerte de Ramón Camisón y aquí la cosa variaba:
El día 28 vino a este pueblo una columna marxista desde Badajoz al mando del tristemente célebre Puigdengolas, cuyas hordas asesinaron vil y cobardemente y en su propio domicilio al exalcalde radical Don Ramón Camisón Serrano. Este fue el último alcalde de significación y actuación derechista.
Uno de los que presta declaración ahora, en mayo de 1937, es Joaquín Cabrera Benito, el falangista que el 27 de julio animó a los suyos a llevar a cabo lo convenido. Se limitó a decir que en San Vicente se les opuso resistencia,
por lo que se vieron obligados a hacer uso de las armas de fuego disparando también el declarante, pero ignora si a consecuencia de alguno de los disparos que hizo fue alcanzado algún individuo ni quien fuera éste ni qué clase de herida le produjera, pues al hacer fuego lo hizo contra aquellos sitios desde donde se disparaba también contra las fuerzas de ocupación y si algunas de las balas disparadas por el declarante alcanzó alguna persona debió de ser por tanto de los que hacían resistencia…
(continuará)
[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]
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