Praktika

 

936

 

Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

 (…)

 

Segunda parte

ESTRATEGIAS MUNDIALES E INTERVENCIÓN

 

 

 

IX. Palmerston y la no intervención

 

(…) Inglaterra, como en 1702-1714 fue árbitro durante el siglo XIX –y hasta 1939–, de la rivalidad entre franceses y germanos por el control sobre el jefe político-militar del Estado español. Y garante de mantener divididos a los pueblos de la Península Ibérica. Cuando en 1854 los gobiernos de España y Portugal se plantearon acordar la unión de ambos Estados, el veto británico atajó toda posibilidad. En 1846 Londres incluso mediatizaba quién debía ser el marido de la infanta doña Luisa, hermana del monarca español y por tanto en la línea de sucesión. El memorándum del gobierno británico al de España de 14 de septiembre de 1846 neutralizaba, de nuevo, las ambiciones de París:

 

[…] manifestar al Gobierno español el profundo sentimiento y la extremada sorpresa con que ha sabido el Gobierno de S.M. Británica la intención del español, de sancionar el matrimonio de la infanta Luisa, hermana de la reina, heredera presuntiva de la corona de España, con el duque de Montpensier, hijo del rey de los franceses. Si llega a verificarse matrimonio semejante, […] no puede ser considerado como un simple arreglo de familia entre las casas reales de Francia y España y en el cual los gobiernos de otros Estados no tienen títulos para mezclarse; sino que debe por el contrario mirarse como una medida política […] que afecta seriamente la balanza del poder en Europa, que toca muy de cerca los intereses de otras naciones y contra la cual los Gobiernos de esos Estados cuyos intereses resultarán perjudicados tienen derecho para representar de la manera más fuerte. La monarquía española es demasiado importante para no formar un elemento esencial a la balanza del poder en Europa. […] Si la España se somete alguna vez a la predominante política de un Poder extranjero, las otras naciones, aun deseando permanecer en las más amistosas relaciones con la España y no habiéndole dado ningún motivo justo de ofensa, pueden encontrarse envueltas en un rompimiento con ella a causa de las disensiones con otra Potencia en las cuales no entren para nada intereses españoles; y tal vez la renovación de sus relaciones amistosas con España tendría que depender de que satisficiera lo que podía ser injustas pretensiones de algún otro Estado. […] Siempre ha sido el deseo de Inglaterra que la España sea próspera y fuerte, pero con la condición expresa de que había de ser también independiente […]. Por el mismo principio […] dio la Gran Bretaña en 1835 […] a la reina Isabel, aquel auxilio efectivo en virtud y ejecución del tratado de la Cuádruple Alianza, sin el cual (no me parece que es mucho decir) se puede dudar si S.M. estaría ahora sentada en el trono […]. Representar de la manera más fuerte contra el propuesto casamiento del duque de Montpensier con la infanta Luisa, como una medida que tiende necesariamente a afectar la independencia política de España; y protestar formalmente contra tal alianza que tiene por objeto ejercer la influencia más perjudicial en las coronas de Inglaterra y de España.

 

Cuando el gobierno británico recordaba así su política hacia la Península Ibérica, el general con más peso en el Ejército español se lo agradecía y pedía que decidiera quién debía ser el cónyuge del jefe del Estado. Escribía el general Serrano al embajador Bulwer, el 20 de septiembre de 1846:

 

«[…] tendrá la bondad de manifestarme […] cuáles han sido los principios generales que han conducido a su Gobierno en el asunto del matrimonio de S.M. y cuáles juzga Vd. sean en la actualidad sus miras con respecto a la elección de esposo hecha definitivamente por S.M.».

 

El gobierno de Londres decidió que el rey consorte de España no fuera germano ni francés, llegando a una conclusión que sorprendió en Madrid: que fuera un español, el infante don Enrique. Pero… Francia opuso su veto: le consideraba demasiado progresista y poco sumiso. El Reino Unido aceptó, y don Enrique quedó excluido.

 

Podemos ver, pues, cómo la política británica hacia las repúblicas hispanoamericanas siguió el mismo patrón que hacia la Península Ibérica. Sir Henry Bulwer fue su nexo personal en ambos hemisferios. Vigiló el expansionismo del Poder rival tanto en Europa –Francia–, como en América –EEUU. El desvelo británico se centró particularmente en México, por la razón que daba Henry G. Ward a Canning en 1825:

 

«El Gobierno de Su Majestad no puede nunca ver con indiferencia que toda la costa al Norte del Golfo de México […] caiga en manos de los [norte]americanos, que adquirirían así los medios para, en caso de ruptura con Inglaterra, destruir todo nuestro comercio con el Golfo».

 

El agente británico en México había advertido, privada y públicamente, que «el Gran Objetivo de la misión de mr. Poinset [agente de EEUU] es enredar a México en una guerra civil para facilitar, así, la adquisición por EEUU de las provincias al Norte de Río Bravo». A lo largo de la década de los treinta, los agentes de Londres alertaron al gobierno de México de su creciente pérdida de control sobre Texas. Cuando se produjo finalmente la secesión de esta última en 1835-1837, Londres intentó convertirla en Estado “tapón” frente a EEUU, y aconsejó –sin éxito– que México reconociera su independencia y Francia le concediera su “garantía”, Gran Bretaña haciéndolo así en 1842. Pero en 1845 EEUU anexionaba Texas invocando, precisamente, la “interferencia británica”, y al año siguiente declaraba la guerra a México –quien no aceptaba la amputación de Texas ni venderle California. Londres respaldó la integridad territorial de México frente a EEUU y pidió a Francia su concurso. ¿Hasta cuándo? Hasta que EEUU aceptó firmar el acuerdo que Gran Bretaña le propuso sobre los límites de sus propios territorios en Oregón. Ahí Londres se desentendió de la suerte de México, pero no de la de EEUU, y propuso a California convertirse en protectorado británico. En febrero de 1848, EEUU impuso al derrotado y diplomáticamente aislado México que aceptara la pérdida de la mitad de su territorio (doce millones de millas cuadradas), incrementando EEUU en dos tercios el suyo propio. La configuración continental de EEUU tras la anexión de Luisiana adquiría nuevas formas.

 

El control sobre las repúblicas de Centroamérica, y la escisión de Panamá de Colombia, serían la tercera gran etapa en la expansión de EEUU hacia el Pacífico. Pero era Gran Bretaña quien intentaba controlar el Istmo centroamericano. Ante el riesgo de anexiones británicas, Nueva Granada (Ecuador, Colombia-Panamá) y Nicaragua pidieron en 1846 a EEUU que garantizara la integridad de sus fronteras, y le vendieron a cambio la preferencia exclusiva para construir un paso interoceánico en Nicaragua, o el libre tránsito por Panamá. La suerte de Centroamérica pasaba así a depender de la rivalidad entre EEUU y la Potencia europea. Si en septiembre de 1849 EEUU se hacía conceder por Honduras la Isla Tigre, un mes después la ocupaba Gran Bretaña. El acuerdo directo entre Londres y Washington tuvo lugar en 1850, repartiéndose garantías y derechos mutuos sobre un futuro canal a través de Nicaragua (Tratado Clayton-Bulwer). Sólo en 1859 reconocería Gran Bretaña la integridad de Honduras y en 1860 la de Nicaragua.

 

Las Cortes españolas no reconocieron la independencia de la América hispana hasta el 4 de diciembre de 1836 –durante el gobierno Mendizábal. Los gobiernos posteriores tampoco generaron una política autónoma hacia América. Continuando por el sendero abierto en el siglo XVIII, auxiliaron a la de los Poderes europeos. Así, cuando el Parlamento de México aprobó el 17 de julio de 1861 una moratoria de dos años en el pago de la deuda externa, los prestamistas europeos –Francia e Inglaterra– enviaron un cuerpo expedicionario militar para el que recabaron el apoyo del gobierno de España. Éste, sin vacilación, firmó en Londres el oportuno tratado, las tropas del general Prim siendo integradas en la expedición que terminaría en el intento de Francia de instaurar en México una monarquía satelizada. Prim repatrió sus tropas, sin autorización previa de su Gobierno, cuando percibió el designio francés. Entre 1862 y 1866 España colaboró también en la expansión del Imperio francés en Asia, en 1863 tropas españolas intervinieron en Cochinchina (hoy Cambodia, Laos y Vietnam) en apoyo de las francesas. En 1866, sin embargo, unilateralmente declaró la guerra a Perú y Chile, bloqueando sus costas y bombardeando Valparaíso y El Callao.

 

La política exterior española durante la mayor parte del siglo XIX fue una combinación de insomnio imperial y de satelización material. Que sólo encontró oposición, expresada de un modo u otro, en sectores entonces denominados progresistas (republicanos, demócratas, radicales, anarquistas, socialistas, etc.). Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Gobierno, informaba ante las Cortes el 20 de agosto de 1896:

 

[…] conste que nos hallamos dispuestos, para conservar la integridad del territorio, hasta a hacer el sacrificio de nuestra fortuna personal, la mía desgraciadamente muy escasa. La conjura de Filipinas, al igual que las manifestaciones de Zaragoza, Valencia y otros puntos, ha sido promovida por los filibusteros cubanos, con el propósito de dividir la atención de España, para evitar que todos nuestros esfuerzos se encaminen al solo fin de aumentar los medios de acabar con la insurrección cubana. En Madrid, según me manifiesta el Gobernador, ha sido cerrado el Círculo Hispano Filipino […]. Nosotros tenemos la creencia de que en ese centro se conspiraba por cuenta de los filibusteros cubanos.

 

Hasta la declaración de guerra de EEUU a España –1898–, el liderazgo conservador español continuaba viendo en las Potencias la garantía de su poder local, y la esperanza de beneficiarse del expansionismo colonial de aquéllas. Claramente lo había expresado Antonio Alcalá Galiano, ya en 1844, al estudiar el reinado de Fer­nan­do VII:

 

«No dejaba de ser ventajoso que se viviere en estrecha amistad y unión con las Potencias europeas de mayor poder, lo cual libertaba al Gobierno de toda clase de recelos en punto a su permanencia, y aun le daba infundadas esperanzas de lograr algunas posesiones ultramarinas».

 

Después que en septiembre de 1868 fuera derrocada Isabel II, el Ejército, los liberales y progresistas elaboraron según los postulados parlamentaristas la Constitución de 1869. Llegada la hora de designar al Jefe político y militar del Estado, miraron hacia las Potencias más que a la propia sociedad. El almirante Topete y la facción conservadora eran en principio partidarios de nombrar Rey al duque de Montpensier –francés, cuñado de Isabel II–, hijo del destronado Luis Felipe de Orleans y pretendiente al Trono de Francia. Pero la rutina del viaje a París les llevaba a minusvalorar que allí gobernaba entonces la dinastía Bonaparte, ante la cual los dirigentes españoles se inclinaron de nuevo: «Prim me dijo una y otra vez que Napoleón había vetado la elección de Montpensier». Ruiz Zorrilla denunció que en la entrevista del general Prim con Napoleón III, éste había dicho que no quería en España ni un rey de la familia de Orleans ni una forma republicana de gobierno, interferencia también condenada por Castelar en las Cortes. Los germanos, por su lado, intervinieron en su propio favor. Tras aceptar el veto de Francia al duque de Montpensier, el gobierno de España ofreció la Jefatura de su propio Estado a un príncipe prusiano Hohenzollern. París opone por segunda vez su veto, y exige que se nombre rey de España a Alfonso de Borbón –hijo de la derrocada Isabel II. El gobierno español encargó entonces al… de Italia (que acababa de nacer como Estado independiente) mediar entre las Potencias, y aportar una rápida decisión que atajara las presiones republicanas, partidarias de que fueran los representantes de la Nación quienes eligieran al Jefe del Estado. Y a las que Prim oponía su 

 

«cuando llegue el rey todo se arreglará. No habrá más grito que Viva el Rey. Encerraremos a los malvados que sueñan en planes liberticidas y que confunden el progreso con el desorden, y la libertad con el libertinaje».

 

En efecto, el proyecto de los republicanos españoles desazonaba a los conservadores de cualquier signo y lugar en Europa. En 1868 los 37 diputados republicanos por los distritos de la antigua Corona de Aragón (Baleares, Valencia, Aragón, Cataluña) habían propuesto a las Cortes Constituyentes que «[…] los Estados Unidos de Europa, que son el ideal de nuestro siglo, pueden y deben comenzar en España […]. Nuestro destino es comenzar en esta tierra la federación de los Estados Unidos de Europa». Entre los firmantes se hallaba Pi y Margall, también Emilio Castelar (su redactor), ambos elegidos presidentes de la República que se proclamaría en 1873.

 

Las negociaciones de Prim y sus aliados (progresista-demócratas) llevaron a nombrar Rey de España a un príncipe del Estado mediador, un Saboya, a pesar de la oposición de vastos sectores de la sociedad española –republicanos, radicales, internacionalistas– y, por otras razones, carlistas vascos y catalanes. La disputa entre germanos y franceses en 1870 por la Jefatura del Estado español fue, sin embargo, tan seria que derivó en pretexto para entrar ambos en guerra. Al igual que ciento setenta años antes, pero con la diferencia de que en esta ocasión Inglaterra no consideró afectados sus intereses y se abstuvo de intervenir, lo que posibilitó que el choque bélico se localizara esta vez en la frontera galogermana –con pérdidas territoriales sólo para Francia (Alsacia).

 

Febrero de 1873, Amadeo de Saboya abdica del Trono español y retorna a su patria. En sesión conjunta, el Senado y el Congreso proclaman la República. Considerada la monarquía como el sistema a través del cual las Potencias canalizaban su intervención en asuntos internos y estratégicos españoles, en los sectores medios ilustrados y populares se apoyaba una reivindicación de independencia animada por ideologías varias –federalistas, unitarias, radicales, también las llamadas “internacionalistas” (socialista, anarquista). La República había sido proclamada en Francia dos años antes. Pero si en 1873 algunos creyeron que había llegado el momento de que los españoles eligieran su forma de organización social y la dirección político-militar del Estado, pronto se enfrentaron a la realidad. Las Potencias intervinieron de nuevo. En esta oportunidad no enviando tropas sino por el medio, más moderno, de negar el reconocimiento diplomático al gobierno elegido por el Parlamento, al tiempo que estimulaban a sus clientes españoles a subvertir el régimen republicano. Sólo Suiza, en ejercicio de su neutralidad, y EEUU en el de su independencia respecto de los Poderes europeos, reconocieron a la República española. Su presidente, Nicolás Salmerón, dimitía ante las Cortes Constituyentes el 5 de septiembre de 1873 tras exponer la agresión que pesaba sobre el país:

 

El Gobierno de la República lleva seis largos meses de existencia y no ha sido aún elevado a la categoría de un Gobierno de derecho en la apreciación de los gobiernos de Europa; vivimos en un completo aislamiento; nos estiman casi todas las Naciones de Europa como un verdadero peligro […]. A una sola condición podemos esperar el reconocimiento y el concurso de Europa […], esa garantía no la puede ofrecer ni la izquierda ni el centro de esta Cámara […] no hay, no puede haber otra política aceptable a las Naciones europeas, más que la representada por los hombres de la derecha.

 

Pocos meses después un golpe militar proclamaba rey a Alfonso de Borbón, el que había sido patrocinado por Francia.

 

La burguesía española ha sido tan colonialista como la de las Potencias, aunque en situación subordinada. Andrés Borrego lo había resumido:

 

La conservación de las colonias es una de las preciosas condiciones del mantenimiento del escaso poder que nos ha quedado.[…] Aunque hemos perdido el continente americano, […] aún nos quedan en las Antillas y en Asia dos imperios poderosos. La última de las calamidades nacionales, y ésta sería irreparable, fuera perder Cuba y Filipinas, por la misma causa que perdimos a México, a Costa Firme, al Perú y a Buenos Aires.

 

Habría que espigar entre las minorías de la época para encontrar alguna crítica a las ilusiones dominantes. Como la del demócrata Pedro Pruneda al teorizar, en 1867, el derecho de los pueblos a su independencia y a elegir libremente su Gobierno:

 

El resultado de la guerra [de México] ha demostrado una vez más que esas grandes familias llamadas naciones, tienen el derecho a gobernarse por sí mismas, que atentar contra ese derecho es violar un derecho primordial. Ha demostrado también que la injerencia de Europa en los asuntos de América es de todo punto imposible. Otro resultado de la guerra ha sido sancionar la doctrina Monroe, que será en lo sucesivo la base de las relaciones internacionales entre América y Europa, y el pacto de unión entre todas las Repúblicas americanas.

 

La visión de estos demócratas republicanos contrastaba con la de los autocalificados liberales que, si bien reconocían derechos iguales a los súbditos de ambos hemisferios, no por ello eran menos imperialistas. Así el general Prim, con la experiencia adquirida en México en 1861, se proponía como jefe del Gobierno en 1869 poner término a la insurrección de Cuba otorgándole la autonomía (también pensó en venderla a Estados Unidos –a instancia de algunos terratenientes cu­banos), pero ningún partido en su coalición quiso ni oír hablar de autonomía, al tiempo que los agricultores e industriales catalanes establecieron una influyente Comisión Permanente para la Defensa de los Intereses Españoles en Cuba. Ha sido una constante histórica la incapacidad de las clases dominantes españolas de asumir pacíficamente las reivindicaciones democráticas de los pueblos.

 

Alternativamente, el sueño imperial también apuntaba hacia África. En 1859 y 1860, el gobierno del general O’Donnell lanzó su campaña africana para desviar la atención de la oposición a la política de su Gabinete de Unión Liberal. Dos décadas después, el gobier­no Sagasta ambicionaba participar en el reparto europeo de África cuando aún estaban frescos los pactos de Madrid con el Imperio alemán poniendo bajo su protección a la restaurada monarquía –acuerdo de 31 de diciembre de 1877; oferta de Alfonso XII al Káiser de un pacto secreto en septiembre de 1883 (sin conocimiento de los respectivos gobiernos y parlamentos). Pero en la Conferencia convocada en Berlín en 1884-1885, las Potencias dieron tal portazo a las pretensiones sobre África del embajador español que éste, avergonzado, se sui­cidó. No obstante lo cual, el 6 de mayo de 1887 el gobierno enrolaba a España tras la Triple Alianza –Alemania, Austria, Italia…

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

*