Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

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Segunda parte

ESTRATEGIAS MUNDIALES E INTERVENCIÓN

 

 

 

IX. Palmerston y la no intervención

 

En 1830 la revolución de París había acabado con la Alianza ­Europea, y los gobiernos de Francia e Inglaterra renegociaron su área de influencia sobre los pueblos de la Península Ibérica. Inglaterra continuó conservándola sobre el portugués, y compartió con Francia la hegemonía sobre el español. En septiembre de 1833 moría Fer­nan­do VII. La fracción absolutista se agrupó en torno de su hermano Carlos, para cuya pretensión al Trono buscó y logró el apoyo de Rusia y los Imperios germánicos. La fracción opuesta a Carlos se agrupó detrás de la hija de Fernando VII, Isabel –menor de edad. El gobierno español pidió la intervención del Reino Unido y Francia para situar a Isabel al frente del Estado. España fue sumergida en la guerra civil dinástica subsiguiente –durante siete años. Mientras, París y Londres se pusieron de acuerdo en integrar a España y Portugal en la Cuádruple Alianza (abril de 1834). Durante el resto del si­glo XIX el mercado español dependería del anglofrancés en los dos tercios de sus exportaciones, la mayoría de las importaciones y el financiamiento de la deuda interna y externa.

 

De modo más acusado que en los ministerios de Castlereagh y Canning, el de Palmerston justificó su intervención en España en nombre de la que denominaba causa «de la justicia y el derecho», que contraponía a la “legitimista” invocada por las Potencias de la Eastern Mass. Para el Gabinete inglés, Estado “independiente” era aquel con un régimen político “liberal” y probritánico.

 

Palmerston definía como no intervención las acciones sobre pueblos que pertenecían a la zona de influencia de una Potencia distinta de la británica. Por esta razón a comienzos de la década de los treinta deseó éxito a la represión rusa contra los polacos, y en 1831 no criticó que Austria enviara tropas a sofocar las revueltas de Módena y Parma. También calificaba como “no intervención” el que una Potencia rival del Reino Unido se enfrentara con otra en términos que debilitaran a ambas: la represión por Austria de la rebelión húngara en 1849 provocó la interferencia de Rusia –estimulada esta última por Palmerston. Pero en lo concerniente a los pueblos ibéricos, la “no intervención” británica significaba para Palmerston la interferencia directa de Londres, incluida la armada. Cuando ello despertó resistencias en el seno del propio Gabinete inglés, Palmerston ingenió la “intervención encubierta”. La hispanización de la intervención franco-británica fue convenida en el Tratado de la Cuádruple Alianza: las reinas de España y Portugal se auxiliarían mutuamente para expulsar a sus respectivos rivales (don Miguel en Portugal, don Carlos en España), al tiempo que el Reino Unido bloqueaba los puertos de la Península y Francia aportaba tropas de tierra. Palmerston describía este plan como «un poderoso contrapeso a la Santa Alianza del Este», lo justificaba con el argumento de mejorar las instituciones de los Estados ibéricos y ayudarles a adquirir los «inestimables privilegios del gobierno representativo». Este concepto más adelante también se aplicaría en el Nuevo Mundo. En nombre del valor universal de los gobiernos constitucionales, y del deber de desarrollarlos, intervendría EEUU en el Caribe: en México (1914, 1916), en la República Dominicana (1915) y en Haití (1915).

 

En su desvelo por mantenerle dentro de su zona de influencia, Palmerston declaró casus belli cualquier intervención ajena en Portugal, ya fuera española, germana o rusa. En su doctrina oficial el Gabinete Palmerston no se reconocía a sí mismo el derecho a enviar tropas a otro Estado y dictarle su forma interna de gobierno, excepto cuando estimaba afectada la división del Continente en esferas de influencia. La doctrina de los “equilibrios estratégicos” (entre su masa “occidental” y la “oriental”) aplicada durante el siglo XX sobre Europa, continuaba la británica. La sumisión a dicha doctrina de los gobiernos de la Península Ibérica fue norma en los siglos XIX y XX, salvadas raras excepciones –cual la de Narváez en abril de 1848 al ordenar la expulsión del embajador de Su Graciosa Majestad, sir Henry Bulwer, por ser «ofensivos a la dignidad de una nación libre e independiente» los apremiantes consejos y sugerencias que le dispensaba; y durante la I y II Repúblicas.

 

Integrada España en la Alianza europeo-occidental en 1834, las políticas de sus dirigentes ofrecen subyugantes paralelismos consecuencias recientes. Cuando el embajador británico Villiers dijo al conde de Toreno, el 13 de septiembre de 1835, que su Gobierno debía dimitir, lo hizo en el mismo día. Antes de aceptarle la dimisión, sin embargo, la Reina Regente consultó al propio Villiers –quien expresó su preocupación por las manifestaciones «de los constitucionalistas», y que

 

el Gobierno del Rey mi Señor vería con satisfacción la afirmación solemne que yo había recibido de M. Mendizábal de que, si S.M. ponía en él su confianza, no tenía intenciones revolucionarias de ninguna clase, que no consentiría el restablecimiento de la Constitución [de 1812], y que defendería, aun a costa de su vida, el trono de Isabel II […].

 

La española prometió al británico que aquella misma tarde encargaría a Juan Álvarez Mendizábal formar un nuevo Ministerio. La influencia del Embajador británico llegaba más allá de la Corte. El propio Villiers fue encargado de convencer a las “Juntas revolucionarias” de Barcelona y Cádiz para que se disolvieran y reconocieran al gobierno Mendizábal.

 

Francia recelaba de su aliado británico. Para no ser menos, monsieur de Rayneval, embajador de París, prometió su apoyo a la Reina si pedía la renuncia a Mendizábal y lo remplazaba al frente del gobierno de España por el patrocinado de Francia, Francisco Javier Istúriz. Así fue hecho el 13 de mayo de 1836. Villiers informaba el 5 de noviembre siguiente al gobierno británico:

 

Hace unos días me llamó el duque de Bailén y en la conversación me dijo […] que Francia había causado […] el derrocamiento de Mendizábal[…], que cuando él había aconsejado a la Reina Regente no cambiar el Gobierno, ella había respondido que ya era demasiado tarde para mudar su decisión, pues había empeñado su palabra con M. de Rayneval, quien había insistido en la dimisión de Mendizábal y en el nombramiento de Istúriz en su lugar.

 

Otro ejemplo. Para pacificar a vascos rebeldes el gobierno español pidió a la Alianza Europea, en 1835 y en 1836, enviar tropas al sur de los Pirineos. La gestión fue encomendada al embajador en París. El primer ministro francés, Louis Thiers, aceptó enviar al ejército galo, pero se encontró con la reticencia del ministro Broglie y del propio Rey, Luis Felipe de Orleans. El gobierno de Londres, por su lado, alegó que su ley prohibía que soldados británicos se incorporaran a ejércitos de otros países –aunque sí podía enviar la Royal Navy a bloquear la costa vasca. El debate entre los gobiernos aliados se resolvió, por último, con el envío al País Vasco de la Légion Étrangère francesa y de “voluntarios” ingleses e irlandeses. Que desembarcaron en Santander en agosto de 1835 entre vehementes protestas del gobierno de Madrid, que exigía más, la intervención en las Vascongadas de un verdadero ejército europeo. Thiers, estimulado, propuso entonces al Rey de Francia aprovechar la ocasión para repetir la “gesta” de Chateaubriand y enviar 10.000 soldados al sur de los Pirineos. Luis Felipe de Orleans destituyó a Thiers y lo reemplazó por Louis Molé, quien rechazaría otras dos peticiones de Madrid para enviar tropas francesas al País Vasco. El gobierno español consideró que, con su negativa, los aliados europeos estaban incumpliendo el tratado de la Cuádruple Alianza.

 

 

 

Entre 1834 y 1847 cinco veces el gobierno de España pidió a los aliados europeos que intervinieran con tropas y barcos de guerra en el País Vasco y Cataluña: «la intervención de Francia y Gran Bretaña se había convertido para los gobiernos de España y Portugal en la manera más fácil y rápida de resolver sus problemas internos». En 1837 el Gabinete Istúriz de nuevo pidió la intervención francesa, esta vez para acabar con “republicanos” y “anarquistas” –invitación declinada por París. Siglo y medio después, en 1988, y en relación con otra manifestación de rebeldía vasca, el Presidente del Gobierno español, González Márquez, declararía que

 

diez años de gestos políticos hacia el País Vasco, entre ellos la amnistía, sólo han servido para incrementar la violencia; lo único que ha conseguido disminuir realmente las acciones de ETA [Euzkadi y Libertad] ha sido el trabajo de las fuerzas de seguridad y la cooperación francesa.

 

Durante 1983 y 1988 las autoridades francesas entregaron al gobierno de F. González más de un centenar de vascos refugiados en Francia –y entornaban los ojos mientras docenas de personas eran asesinadas en el País Vasco francés por servicios parapoliciales financiados con fondos reservados del gobierno español, por los autodenominados GAL (Grupos Armados de Liberación). El embajador de González en París entre 1983 y 1985 era Joan Reventós i Carner, vinculado en 1980-1981 a la “operación general Armada”. En abril de 1995 la Audiencia Nacional procesaría a altos cargos del equipo González por organizar «la banda armada GAL» desde el Ministerio del Interior y cometer 56 delitos.

 

El caso Mendizábal permite plantear la obvia pregunta: ¿qué buscaba la diplomacia de la Potencia imperial al designar al jefe del gobierno español? La respuesta la aportaba el embajador Villiers en despacho al ministro Palmerston el 28 de noviembre de 1835: el control de los mercados,

 

En cumplimiento de las repetidas instrucciones de V.E. he aprovechado todas las oportunidades […] para discutir con Mendizábal las medidas que podrían ponerse en práctica para mejorar rápidamente las relaciones comerciales entre Gran Bretaña y España, y hace pocos días, habiendo vuelto a hablar sobre el asunto, la conversación recayó incidentalmente sobre la necesidad inmediata de fondos para llevar adelante la guerra [contra los rebeldes vascos y catalanes][…]; entonces Mendizábal propuso hacer un tratado conmigo que satisfaría los intereses comerciales que yo estaba defendiendo.

 

Mendizábal proponía que el Estado español se endeudara en millón y medio de libras, cuyos intereses «debería garantizar Gran Bretaña» a cambio de «admitir [España] algunas principales manufacturas de Inglaterra a un impuesto reducido». Previamente, en agosto del mismo año, Villiers había preparado el terreno para derrotar la resistencia de industriales catalanes a una reducción de aranceles que desprotegía sus manufacturas: dado que los catalanes habían respaldado recientemente los “disturbios” [de los “constitucionalistas”], el embajador británico hacía suya la opinión del conde de Toreno y del duque de Ahumada favorable a castigar a los catalanes mediante una medida comercial que favoreciera a las manufacturas inglesas. Mendizábal encargó al propio embajador británico que redactara las cláusulas de lo que sería el tratado comercial entre España y Gran Bretaña, firmado en secreto por ambos personajes –con el acuerdo del monarca– el 28 de noviembre de 1835. En aquél, la garantía británica al pago de los intereses del empréstito español –por dos millones de libras– quedaba a su vez garantizado con impuestos en las aduanas de España al importar los productos ingleses. Además, el principal de la deuda quedaba respaldado «por la garantía de todos los dominios de la Corona de España». Tan bondadoso tratado no llegó a entrar en vigor. Pero no por una reacción de los intereses económicos lesionados, sino porque enterado el gobierno francés de los privilegios que estaba logrando el británico, su frustración y protesta ante Londres fue tan violenta que obligó a Palmerston, para salvar su alianza con Francia, a no ratificarlo. Fue significativa la represalia esgrimida por el embajador de Francia en Londres para el caso de que Inglaterra ratificara el tratado: París prolongaría sin límite de tiempo «la guerra civil en España».

 

En semejante contexto también el embajador de EEUU en España, Pierre Soulé, ensayó entre 1853 y 1855 una operación probada con éxito en las repúblicas hispanoamericanas: simpatizar con las revueltas –en Barcelona, Madrid, Zaragoza y otras partes–, invocar la solidaridad de ideas para debilitar más al Estado español y lograr que éste cediera Cuba a EEUU. Los británicos habían observado que Soulé «ha estado estimulando y ayudando activamente a los líderes del Partido Republicano», pero Soulé explicaba al gobierno de EEUU que sus negociaciones no eran tanto con los líderes políticos sino con generales simpatizantes con la Junta en rebelión:

 

Les he llevado a hacer una oferta concreta para entregarnos la Isla de Cuba en términos que pudieran ser estimados razonables, y ahora ellos nos someten la propuesta a nuestra consideración bajo la condición de que les ayudemos con trescientos mil dólares. Con esta ayuda, tan insignificante si se considera el fin a alcanzar, no me cabe duda que ellos lograrán el control del Gobierno y harán por nosotros lo que no está a nuestro alcance hacer, pacíficamente al menos, en ninguna otra circunstancia.

 

Por qué los generales, lo explicaba Soulé una semana después:

 

A excepción de unos pocos destacados demócratas que pueden estar inclinados a sobreponerse a los prejuicios nacionales y ayudar en lo que saben que fatalmente tiene que suceder, la causa de la cesión de Cuba a EEUU tiene muy pocos simpatizantes en este país.

 

El Reino Unido estuvo también al acecho en el segundo sendero seguido por Soulé, el del soborno directo, muy transitado. El embajador de Londres informaba dos meses después que el de EEUU había ofrecido al monarca español la misma suma, 300.000 dólares, para que nombrara un Gabinete favorable a la venta de Cuba a EEUU.

 

En resumen, tras la independencia de la América continental la rivalidad dentro de la Alianza Europea durante los años veinte, la pugna entre las Potencias de “Occidente” (Francia, Inglaterra) y “Oriente” (germanos y rusos) en los años treinta sobre las personas a poner al frente de España, de su política interna y comercial, se continuaba dilucidando por la vía de tener enzarzados a los españoles en guerras civiles. Los occidentales promocionaban a los “isabelinos”, los orientales a los “carlistas”. Al igual que en 1700, las Potencias resolvieron durante el siglo XIX quién debía dirigir el Estado español. Francia hizo valer ante el Reino Unido que hallándose España en su zona de influencia, era su derecho colocar en el trono de Madrid a un príncipe francés. Pero los germanos, aunque frustradas sus expectativas en las guerras de 1702-1714 y de 1835-1840 (carlista), no renunciaban a designar al jefe del Estado español. El gobierno Palmerston, por su parte, aplicaba su conocida doctrina: la Constitución interna y la forma de Gobierno eran cuestiones en las que Inglaterra no se atribuía el derecho a intervenir militarmente, pero si otra Potencia intentaba absorber directa o indirectamente a un Estado como el español, Londres se arrogaba la facultad de oponerse invocando el principio de “no intervención”, convertido en el de autodefensa. Para el gobierno británico tal principio significaba intervenir cuando sus intereses eran afectados por acontecimientos internos de otro Estado.

 

En memorándum del conde de Saint-Aulaire a lord Aberdeen de 4 de marzo de 1846, el gobierno francés fijaba sus pretensiones en España en línea de continuidad con las de 1700:

 

Nos hemos mostrado siempre favorables a todos los descendientes de Feli­pe V [de Borbón], sin excepción. […] El gobierno inglés no nos ha prestado ninguna cooperación activa y eficaz. Ha conservado una neutralidad fría, dando su inercia libre curso a todas las hostilidades y maquinaciones, ora de los españoles, ora de los agentes ingleses inferiores […]. Si el actual estado de cosas se prolonga y extiende podemos llegar de pronto a una situación en que nos hallaremos:

 

1. Colocados bajo el imperio de una necesidad absoluta de impedir que, con el matrimonio de la reina o de la infanta, sufra nuestra política un revés que no aceptaríamos.

 

2. Libres de todo compromiso para uno y otro matrimonio. Esto sucedería si el enlace de la reina, o de la infanta, con el príncipe Leopoldo de Coburgo o cualquiera otro que no fuera descendiente de Felipe V, se hiciera probable e inminente […]...

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

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