Praktika

 

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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.

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Sevilla

 

 

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PURGA DE LOS MILITARES REPUBLICANOS: EL CASO DEL GENERAL ROMERALES

 

 

Sabemos por el detallado informe del delegado gubernativo Jaime Fernández Gil de Terradillos, llegado en sustitución de Diego Jiménez Castellano en los primeros días de julio de 1936, que sobre las cinco de la tarde del 17 de julio el general Romerales le dijo por teléfono:

 

Sr. Delegado. En este momento acabo de resignar el mando en el Coronel Soláns, lo que he hecho ante la necesidad de evitar el derramamiento de sangre. Solamente cuento con las asistencias personales del Comandante Seco, Comandante Ferrer y Capitán Rotger, y quizá algunos otros más; pero en pequeño número. Es éste el momento más amargo de mi carrera militar y estoy sufriendo el dolor más grande de mi vida como servidor leal a la República…

 

 

El Consejo de Guerra sumarísimo contra el general Manuel Romerales Quintero, de sesenta y un años y jefe de la Circunscripción Oriental de Marruecos detenido por los golpistas en la tarde del 17 de julio, se celebró el 26 de agosto de 1936 en Melilla. Se le acusaba de traición y sedición. Hay que resaltar los dos primeros resultandos:

 

RESULTANDO probado que con motivo del desorden jurídico existente en la Nación española fruto de la intensa propaganda marxista y comunista amparada y protegida por la mayor parte de las autoridades se produjo un estado continuo de anarquía viéndose obligado el Ejército a acometer la empresa salvadora de terminar con tal estado de cosas para restablecer el orden jurídico y social que violado en todas sus partes conducía a la Nación fatalmente a la ruina.

 

RESULTANDO que ante tal resolución y sólo guiados por el más acendrado patriotismo y amor a la civilización, el diecisiete de julio pasado las fuerzas de la Circunscripción Oriental, ya de acuerdo con otras del Ejército Nacional se lanzaron a salvar a la Patria ocupando los mandos civiles y militares en la mayor parte de las poblaciones siendo detenidas sus primeras autoridades por tener ideas extremistas y contrarias al orden social y jurídico cuya defensa a todo trance deseaba sostener el Ejército para dar fin a la anarquía reinante.

 

A continuación el general era acusado de someterse «a las autoridades civiles y representaciones extremistas de la población y de someter a la oficialidad del Ejército no coincidente con las teorías disolventes a constantes vejaciones incompatibles con el honor y dignidad de quien pertenece a los institutos armados». Para los golpistas el general Romerales «no vaciló en emplear medios impropios en una autoridad militar que se precie de amante de su Patria y del honor nacional». El teniente de Intendencia Francisco Gutiérrez expuso la existencia de una sociedad formada por «elementos extremistas con oficiales y clases del Ejército de ideas disolventes», consentida por el general Romerales, cuyo plan no era otro que «cortarles la cabeza a jefes y oficiales que no figurasen afiliados a la Sociedad y producir un alzamiento de tropa, bien para salir a la calle o facilitar la entrada al cuartel a los elementos extremistas…». Todos los jefes y oficiales golpistas estuvieron de acuerdo en que «el Excmo. Sr. General Romerales era un instrumento servil de la política que imponían los marxistas en Melilla, considerándolo traidor a la colectividad militar de la que era su jefe». También salió el Primero de Mayo, siendo acusado de apoyar manifiestos comunistas aparecidos entonces y de no actuar contra las supuestas agresiones que a diario recibía la oficialidad.

 

Todo ello fue considerado constitutivo de los delitos de traición y sedición, previstos y castigados por el Código de Justicia Militar, «debiendo estimarse su labor disolvente antipatriótica y delictiva a los efectos de penalidad como realizada sin solución de continuidad siendo todos sus actos hijos de un mismo espíritu y voluntad delictivo, por lo que el Consejo estimó debe penarse de ambos delitos uno solo, el más grave, que a tales efectos se considera como tal el de traición ya indicado, el Consejo falla que debe condenar y condena al General indicado a la pena de muerte previa degradación…».

 

Hay siete firmas de las que son legibles: Manuel Sánchez, Andrés Mulero, José Tovar, Alberto Lojarde y Federico Socaran. Luego, sobre un sello en el que se lee «Auditoría de Guerra. Fuerzas Militares de Marruecos» y la firma de Pedro Topete, se lee que debería «ponerse en conocimiento de la Junta de Defensa Nacional a los fines de concesión o denegación de indulto en cumplimiento de Radiograma de fecha reciente de aquel Superior Organismo». Finalmente, cerrando la pantomima judicial militar, la firma del general Luis Orgaz Yoldi, africanista, monarcofascista y golpista manifiesto al que la República, pese a su activo papel en agosto de 1932, permitió seguir en su tarea de zapa al lado de Franco hasta julio de 1936.

 

La sentencia se cumplió dos días después, el 29 de agosto. He aquí la visión del Consejo de Guerra que dejó el delegado gubernativo Jaime Fernández Gil de Terradillos:

 

El 27 de agosto fui conducido por fuerzas de Carabineros, al mando del teniente Gutiérrez, a la Comandancia Militar, donde se celebró el Consejo de Guerra contra el General Romerales. Me acompañaba el Juez de Instrucción Polonio Cálvente, detenido también en la cárcel. En dicho Consejo de Guerra, actuaron: como Presidente, el Coronel Sánchez González (Jefe de la circunscripción oriental, nombrado al destinar al Coronel Soláns a Huesca; Interventor del Riff el día del movimiento faccioso) como Fiscal, el auditor de Brigada Socasau, de defensor el Coronel de Infantería Andrés Arce y de Juez Instructor el Teniente Coronel Bartomeu.

 

En el rollo del apuntamiento no se leía un hecho concreto, sino acusaciones de actitudes, de pensamiento, tales como tolerancia de propaganda revolucionaria en los cuarteles, cierre del casino militar, comentarios a un manifiesto comunista publicado en Melilla el primero de mayo de 1936, asistencia a un banquete ofrecido por el Frente Popular… era algo tan endeble, tan falto de pruebas, que producía una sensación de asco y amargura; pero, sin embargo, prejuzgada ya la sentencia, el fiscal solicitó dos penas de muerte por traición, actos contrarios al honor militar (!), contribución a la subversión… la defensa fue hecha sin calor, sin argumentos, para que saliese del paso el pobre Coronel Arce, obligado a llenar tal papel en aquella farsa trágica. La verdadera defensa se la hizo el propio General quien expuso a grandes rasgos su honrada vida militar, rechazando con energía todos los cargos que se le hacían y sobre todo el de traidor que tanto fue prodigado durante el Consejo. Tuvo frases de fuerte censura para el Teniente Coronel Gazapo, que fue quien más se había caracterizado en las acusaciones.

 

Fue un espectáculo lleno de cruel ironía. Se cubrieron las fórmulas externas del Consejo. Una gran concurrencia de Jefes y Oficiales francos de servicio y de falangistas vestidos con sus flamantes uniformes. Una atmósfera de odio, de fanatismo, sin una muestra de consideración para aquel viejo soldado de la República, ni para los jefes y oficiales que en unión de las demás autoridades asistían detenidos como testigos. Era una cosa prevista. La sentencia se hizo firme y el 29 caía bajo los fusiles de los rebeldes un viejo soldado.

 

Aparte del informe anterior sobre el caso del general Romerales y lo ocurrido en Melilla contamos también con la detallada memoria elaborada por José María Burgos Nicolás, Ex Interventor Regional huido a la zona francesa. Burgos consideró en su escrito, firmado en Berkan el 22 de julio de 1937, que el Gobierno saliente de las elecciones de febrero de 1936 se demoró en realizar todos los cambios que eran necesarios en los mandos militares, lo que les hizo perder la prudencia inicial y que se lanzaran de lleno a la conspiración. Fue significativa la destitución de Telia (Heliodoro Telia Cantos) tras un discurso ferozmente antirrepublicano. Efectivamente, fue destituido pero se le dejó disponible en Melilla, con todo el tiempo por delante para seguir conspirando. Burgos Nicolás visitó por última vez al general Romerales el día 12 de julio. Éste se lamentó del poco caso que todos le hacían pero dijo estar seguro de la lealtad a su persona de los Jefes y Oficiales. Según Romerales no había que preocuparse: nada ocurriría. «Antes de despedirme de la que fue mi última visita, que hice a su despacho, le insistí en mi impresión firme de que sus subordinados le engañaban y sólo podía contar con una docena de Oficiales republicanos», dejó escrito José María Burgos Nicolás…”

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”]

 

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