Praktika

 

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Alfredo Grimaldos /  “La CIA en España”

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No hay mal que por bien no venga

 

 

(…)

 

EL ATENTADO

 

El 20 de diciembre de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco se convierte en la segunda víctima mortal de ETA a consecuencia de un atentado. Antes, en 1968, la organización vasca había asesinado al comisario Melitón Manzanas, destacado miembro de la siniestra Brigada Político-Social franquista. Antes de decidirse por acabar con la vida del almirante, ETA pretendía secuestrarlo para negociar su libertad a cambio de la excarcelación de varios presos políticos. Pero el 9 de junio de 1973 es nombrado presidente de Gobierno y la posibilidad de seguir adelante con el secuestro se complica, al reforzarse su escolta. Sin embargo, continúa realizando todos los días la misma ruta con idénticos horarios.

 

Vive en la calle de Hermanos Bécquer, a 50 metros de la embajada norteamericana y todos los días va a oír misa y a comulgar a la iglesia de San Francisco de Borja, situada frente a la legación diplomática. Nada más terminar, sube a su vehículo oficial, que circula por la calle de Serrano, hasta girar a la izquierda por la de Juan Bravo. Después, vuelve a girar a la izquierda y enfila la calle de Claudio Coello. Cuando llega a la altura del número 104, se produce una enorme explosión. El Dodge Dart negro en el que viaja el presidente de Gobierno es lanzado a más de 20 metros de altura y cae en una terraza interior de la residencia del provincial de los Jesuítas, que ocupa, por la parte posterior, la manzana en la que está la iglesia de San Francisco de Borja. Los tres ocupantes del vehículo resultan muertos, Carrero, su chófer y uno de sus escoltas.

 

En la calle queda abandonado un coche Morris, aparcado en doble fila y cargado de explosivos, que tenía la misión de obligar al vehículo de Carrero a circular justo sobre el lugar donde se ha instalado la carga de dinamita bajo el pavimento. Por un problema técnico, el Morris no explota. Lo retira la grúa y va a parar a un depósito municipal, sin que nadie descubra los explosivos que contiene. Los miembros del comando advierten de esta circunstancia durante una rueda de prensa que ofrecen cuando ya están a salvo en Francia. En la acción participan directamente cuatro miembros de ETA, integrantes del Comando Txiquía, que recibe este nombre en memoria del jefe de operaciones de ETA militar, Eustaquio Mendizábal, alias «Txiquía», muerto en un enfrentamiento con la policía el 19 de abril de 1973, en la localidad de Algorta, situada a pocos kilómetros de Bilbao. Durante todo un año, los cuatro miembros del comando han trabajado haciendo un túnel bajo el pavimento que tiene la entrada por un sótano del número 104 de la calle de Claudio Coello. Queda clara la autoría de ETA, pero comienzan las especulaciones sobre quién más hay en la trastienda de este magnicidio.

 

 

La víspera del día del atentado contra Carrero, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger había mantenido una larga conversación con él. Ambos pactaron previamente que su contenido lo mantendrían en secreto, incluso entre los altos cargos de sus respectivas Administraciones. «Aparte de Kissinger y don Alfonso de Borbón, Adolfo Suárez fue uno de los últimos visitantes del almirante. Concretamente le visitó el 17 de diciembre. El 18 no recibió a nadie y, en cambio, la jornada del 19 fue intensa en reuniones, despachos y visitas», escribe el coronel San Martín.

 

El mismo día 20 de diciembre, Kissinger comunica lo sucedido al presidente Nixon, en el memorándum secreto 6720. En él escribe:

 

La muerte del presidente Carrero Blanco esta mañana elimina la mitad de la doble sucesión que Franco había organizado para sustituirle. Carrero iba a continuar como jefe del Gobierno y el príncipe Juan Carlos, que había sido designado heredero en 1969, iba a convertirse en jefe del Estado después de la muerte o incapacidad de Franco.

 

Y añade:

 

Si el incidente de hoy diera como resultado una actividad terrorista generalizada, Franco podría inclinarse por mirar hacia los militares en busca del siguiente Primer Ministro. En estas circunstancias, el general Díez Alegría, el actual jefe del Estado Mayor, sería un candidato posible. Él es el favorito entre los militares y cuenta además con una apariencia paneuropea. No obstante, también tiene fama de ser partidario de una apertura gradual hacia una sociedad más libre después de la partida de Franco, un factor que le convierte en demasiado moderado a los ojos de Franco.

 

La estación de la CIA, por su parte, transmite el día 21 un informe a la central de Langley. El documento lleva el número 00305/73 y está encabezado con la leyenda «Top secret umbra». En él se afirma que existe «confusión» en torno a la sucesión. En el folio décimo se señala que hay establecida una amplia operación de seguridad sobre la ciudad y que los servicios de información van a proceder a la detención y al interrogatorio de «los extremistas conocidos de cualquier ideología».

 

«La CIA sabía que iban a matar a Carrero», manifiesta en 1984 Luis de la Torre Arredondo, que fue designado «juez especial con jurisdicción en toda España» para investigar el atentado. El magistrado se convierte en una de las voces discordantes en el proceso e introduce nuevos elementos que hacen dudar de que el caso esté resuelto únicamente con la reivindicación del atentado por parte de ETA. Durante la instrucción del sumario, el propio juez cuestiona la actuación del capitán general de Madrid, Tomás García Rebull; el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor; el ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo y el jefe superior de policía de Madrid, Federico Quintero Morente. Según De la Torre, todos ellos contribuyen a echar tierra sobre el asunto.

 

«Nadie tiene la menor noticia del sumario abierto con ocasión del asesinato del almirante», escribe el coronel San Martín. «Fuentes familiares de Carrero, es decir, partes que podrían haberse personado ante el juez instructor, desconocen qué ha sido de dicho sumario. No hubo demasiado interés en profundizar en la investigación, para no remover los fallos que “todos tuvimos” en aquella ocasión». Nunca llegará a verse la fase pública del juicio oral. El sumario deambula por las jurisdicciones ordinaria y militar hasta 1977, fecha en la que los implicados en el atentado son amnistiados. En 2003, el sumario por la muerte de Carrero Blanco deja de ser secreto.

 

Ahora se sabe que dos de los principales militantes de ETA implicados en el atentado, José Ignacio Pérez Beotegui «Wilson» y José Miguel Beñarán «Argala», son los que se reúnen, en 1972, con el informador que les pone tras la pista de Carrero. Según consta en el sumario, la cita tiene lugar en la cafetería del hotel Mindanao. Ninguno de los dos tiene idea de quién es el hombre que les suministra los datos. Antes no sabían que Carrero iba todos los días a misa, muy cerca de su casa, siempre a la misma iglesia. El desconocido es quien les señala la ruta y los horarios del «Ogro». Wilson hace esta declaración a la policía tras ser detenido en Barcelona, en 1975, a consecuencia del chivatazo de un infiltrado, Miguel Legarza «El Lobo». En la misma redada cae el militante de ETA Juan Paredes Manot, «Txiqui», que será fusilado el 27 de septiembre de ese mismo año.

 

Los ejecutores materiales del atentado reconocen que no saben cómo ha llegado a ETA la información precisa sobre los pasos del almirante: «Nosotros nos limitamos a comprobar lo que nos pidieron, pero la vía no la conocemos. Ahora, lo que sí es verdad es que en Madrid, como en otras ciudades de España, hay informadores, hay un servicio de información y lo mismo que llegó lo de Carrero Blanco puede llegar cualquier informe político».

 

Luis de la Torre Arredondo, instructor del sumario, manifiesta en 1984: «A mí me emplearon de pantalla para ver si con el cuento de poner a un juez solvente al frente de la investigación, por la vía de la jurisdicción ordinaria, los franceses nos concedían la extradición de los autores del atentado. Cuando vieron que el truco no les funcionaba, quisieron que yo les pasara el paquete a los militares y, claro, me negué. Y entonces ocurrió de todo».

 

El magistrado trabaja durante un año y veintidós días en la investigación del atentado contra Carrero Blanco. Pero la apertura del sumario correspondiente no tiene como meta, en ese caso, la celebración de ningún juicio. Ni siquiera se llegará a saber, al final de la instrucción, toda la verdad sobre el asunto. Cinco tomos, declaraciones de 162 personas, entre técnicos y testigos, y un total de 2654 páginas, constituyen el volumen visible de la investigación oficial del magnicidio. Sin embargo, mientras se va haciendo el acopio de ese material, hay una turbulenta mar de fondo en algunas instancias oficiales, bajo el aparente monolitismo que presenta el sistema.

 

En 1973, Luis de la Torre Arredondo presidía la Sección Cuarta de lo Criminal de la Audiencia Provincial de Madrid. El atentado coincide con un viaje suyo a Barcelona. Cuando vuelve a Madrid, es requerido urgentemente por el presidente de la Audiencia Territorial, Acisclo Fernández Carriedo, un magistrado que había sido director general de Justicia y capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar. «Me dijo con tono de guasa que me sentara, porque lo iba a necesitar y, con una burlona sonrisilla, me tendió un papel», recordaba De la Torre. «Era la comunicación en la que la Sala de Gobierno, a propuesta del Presidente del Tribunal Supremo —que a su vez, actuaba a requerimiento del Ministro de Justicia—, había acordado nombrarme juez especial en el sumario de Carrero Blanco».

 

Según De la Torre Arredondo, el Gobierno tiene un enorme interés en que el proceso lo lleve la jurisdicción ordinaria y no la militar, por eso buscan a un juez al que no puede imputársele «ninguna arbitrariedad ni un pasado oscuro». Ése es el deseo del entonces ministro de Justicia, Francisco Ruiz Jarabo, consejero del Reino, procurador en Cortes y consejero nacional del Movimiento. Un hombre leal al franquismo hasta la médula. Cuando era presidente del Tribunal Supremo, impidió a los padres de Enrique Ruano que pudieran ver el cadáver de su hijo. Ruiz es amigo del juez De la Torre Arredondo desde que estudiaron las primeras letras en el Colegio León XIII. Este último tiene ya setenta años cuando cae en sus manos la investigación del atentado contra Carrero. «Se podía haber elegido entre casi medio centenar de magistrados, pero me nombraron para instruir el caso sin darme la más mínima opción a negarme», declara. Herrero Tejedor designó para el caso al fiscal José Raya, que más tarde, en 1975, será secretario general técnico del Ministerio de Justicia.

 

Inmediatamente, el juez cuenta con protección policial y comienza a trabajar, primero, en un despacho del Juzgado n.° 8, y, más tarde, se le traslada a otra dependencia del mismo edificio, situado en el sótano lleno de humedad. Las primeras pesquisas le llevan hasta el entonces jefe superior de Policía de Madrid, Federico Quintero Morente, un militar de la línea franquista dura, muy vinculado a los servicios de información norteamericanos que, años después, también aparecerá alrededor del golpe del 23-F. «A mí me llegaron rumores de que el atentado contra Carrero había sido organizado por otros y que los de ETA habían actuado como mano material de ellos, de la CIA», señala De la Torre.

 

Era una cosa bastante delicada y, claro, lo que hice fue investigar cerca de Quintero, que se puso muy nervioso y mostró grandes reticencias: «Yo tengo relaciones… y eso lo sabría», me dijo. Dentro del mayor secreto, quise conocer la opinión de algunos militares. Yo tenía relación con Manuel Gutiérrez Mellado desde hacía cuarenta años o más. Era compañero de mi cuñado Felipe Laplaza, que era general de Artillería, y veraneábamos juntos en Suances. Gutiérrez Mellado había estado en misiones de altos vuelos dentro del espionaje, de las que nunca hablaba. Le planteé la posible complicidad de la CIA y me dijo: «El rumor también me ha llegado a mí; ahora, te puedo asegurar que yo no sé nada. Chico, hay aquí tantos que querían quitarse de en medio a Carrero…».

 

La viuda del presidente, María del Carmen Pichot, se muestra en todo momento reticente ante el modo de llevar las investigaciones. Tiempo después dirá: «Me llamó la atención que no se tomaran medidas en las carreteras, ni en las fronteras, ni en los aeropuertos». A la pregunta de por qué lo mataron, señala: «Acaso molestaba a alguien. ETA fue la mano ejecutora». Uno de los muchos enigmas de esta historia se refiere a un informe confidencial sobre el atentado y su investigación que remite el fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, a Francisco Franco. No ha quedado rastro de él. En algún momento se ha llegado a dudar de su existencia. El 16 de septiembre de 1974, en el discurso de apertura del año judicial 1974-1975, Herrero Tejedor manifiesta que no se descarta la participación de organizaciones distintas a ETA en el asesinato de Carrero Blanco. Supuestamente, el informe enviado a Franco apunta esta posibilidad y roza terreno escabroso.

 

Pronto se da carpetazo al asunto, sin indagar en ninguna otra dirección que no sea ETA, ni profundizar en las zonas oscuras del asunto. Ya ha pasado casi un año desde la muerte de Franco y el Gobierno presidido por Arias Navarro tiene otras preocupaciones en mente. El caso Carrero molesta. El fiscal Raya hace un escrito pidiendo el traslado del sumario a la jurisdicción militar, y allí se remata el caso, sin investigar más, dando por hecho la autoría exclusiva de ETA. No hay que olvidar que, en 1973, la organización armada vasca está dando los primeros pasos y algunos de sus miembros aún mantienen contactos con veteranos miembros del PNV, una organización muy vinculada a los servicios de información norteamericanos durante toda la Guerra Fría.

 

«Antón Irala, que era el hombre de los “Servicios” vascos más cercano al interior, tuvo relación con la ETA de los comienzos», escribe Xabier Arzalluz.

 

Le oí contar a él mismo cómo fueron una vez Txillardegi y otros dirigentes de la organización recién fundada a San Juan de Luz para hablar con él. Pretendían que los representara en el exterior. Él les dijo que, tal como estaban organizados, no tardarían en sufrir los golpes de la Policía. Porque por entonces funcionaban igual que el partido, con unas normas de clandestinidad muy frágiles. Pronto tendrían un buen número de exiliados y ya no necesitarían que nadie ajeno les representara en el exterior. Y continuó diciéndome Irala: «Yo entonces me tuve que ir a Filipinas, de negocios».

 

«El negocio de Irala era la CIA, con la que se había relacionado con conocimiento y bendición de Aguirre desde que había estado en la delegación nuestra en Nueva York», prosigue Arzalluz. «Iba a Filipinas para coordinar el trabajo de la red vasca de allí contra la guerrilla comunista, sobre todo en la isla de Negros, donde había bastantes hacendados vascos. Y me dijo: “Cuando regresé a Euskadi, lo de ETA era ya otra cosa. Nada que ver con lo de antes. Estaba organizada de un modo realmente serio”».

 

A lo largo de los seis meses y medio que preside el Gobierno, Carrero se identifica plenamente con la política seguida por el ministro de Asuntos Exteriores, Laureano López Rodó. Los cuatro ejes de esa política exterior son las relaciones prioritarias con Estados Unidos y el Vaticano, además de los temas de Gibraltar y el Mercado Común. Carrero considera que hay que ser «más exigentes con Estados Unidos, más tenaces con la Comunidad Económica Europea y pragmáticos con el tema de la Roca». Años después, coincidiendo con la discusión previa a la entrada de España en la OTAN, una noticia de la agencia TASS acusa a la CIA de haber colaborado con ETA para la eliminación de Carrero Blanco, «porque se oponía a la entrada de España en el organismo de defensa atlántico».

 

Carrero Blanco solía reflejar su pensamiento político en artículos de prensa firmados con los seudónimos de Juan de la Cosa, Juan Español o Ginés de Buitrago. Pero prefería verter su estado de ánimo en las comunicaciones secretas habitualmente utilizadas por algunos cargos de la Administración franquista. A través de algunas de ellas se ha sabido de su desilusión ante los pactos de Madrid de 1953, por los que se establecieron las bases norteamericanas en España. Sus discrepancias residen en las escasas contrapartidas militares y económicas que España recibe, sintetizadas en su frase: «Los americanos han resuelto sus problemas, pero nosotros no». Carrero no se limita a dejar constancia de esa desilusión en comunicaciones secretas, en una conferencia reservada que pronuncia el 7 de mayo de 1962 en la Escuela de Guerra Naval, subraya que la ayuda recibida por los ejércitos españoles como compensación por los acuerdos no llega al mínimo imprescindible. Por esa razón, a principios de 1958 se manifiesta a favor de una modificación sustancial de los convenios, algo que nunca llegará a producirse.

 

Durante la guerra del Yom Kippur o del Ramadán, en 1973, Carrero se opone a que los norteamericanos utilicen sus bases en España para apoyar a Israel. Como Franco, el almirante tiene claro que con los árabes y los países latinoamericanos no quiere ningún conflicto. El régimen se beneficia de su neutralidad en esta guerra: mientras los precios del petróleo se disparan en el mercado internacional, en España se mantienen. El vicepresidente de Irak, Sadam Hussein visita nuestro país, se entrevista con Franco y le ofrece crudo en condiciones privilegiadas.

 

«Los analistas norteamericanos consideraban a Carrero un gris reaccionario amargado, más franquista que Franco. Los informes de Inteligencia que escribían sobre él, su entorno y su actitud política no dibujan a Carrero sólo como un personaje antiamericano, ultracatólico, feroz antimasón, anclado en el pasado, sino que lo pintaban más bien como un estorbo para el desarrollo de los intereses norteamericanos en España y para la modernización de nuestro país», escribe Eduardo Martín de Pozuelo. Una de las características negativas que llaman especialmente la atención de los norteamericanos es su condición de «católico devoto y practicante», que explica su oposición a «otorgar libertad religiosa a los que no son católicos» y su rechazo a los «líderes de la Iglesia liberal que desean una separación definida entre la Iglesia y el régimen de Franco».

 

En el «Telegrama confidencial» 700, enviado a principios de enero de 1971 desde la embajada norteamericana en Madrid al secretario de Estado William Pierce Rogers, se señala que: «El mejor resultado que puede surgir de esta situación sería que Carrero Blanco desaparezca de escena (con posible sustitución por el general Díez Alegría o Castañón)». El vicepresidente Gerald Ford será el encargado de representar al Gobierno de Estados Unidos en el entierro del almirante Carrero Blanco…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Alfredo Grimaldos. “La CIA en España”]

 

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