Praktika

 

1027

 

LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

[ 043 ]

 

 

4

OPERACIONES SECUNDARIAS

 

 

 

 

Se reanuda la campaña: caída de Burguillos del Cerro

 

(…) Esta escena de fuerte lucha entre izquierdistas por evitar que unas mujeres de derechas fuesen violadas resulta impensable en el otro bando y dice mucho de esos revolucionarios que todavía, a pesar de la situación, no han perdido los principios básicos del comportamiento humano. Desgraciadamente no ocurrió lo mismo con los presos. La primera víctima fue Francisco Melado Requejo, guarda de la finca «Alcornocal», asesinado por un grupo de milicianos el 21 de julio. Sería el primero de la gran matanza que se produjo a partir del diez de agosto:

 

“Francisco Alba Moreno, alférez de la Guardia Civil, 51 años (Huelva).

Emerito Álvarez Moriche, propietario 59 años.

Francisco Benito Domínguez, perito mercantil, exconcejal.

Fernando Calvo Jiménez, secretario del Ayuntamiento, 33 años.

José Antonio Carretero Peláez, sacerdote, 62 años.

Antonio Carvajal Hidalgo, auxiliar de farmacia, 19 años, falangista.

José Castilla Fernández, sacerdote, 39 años.

Santiago Cintas Pérez, propietario, 62 años, Acción Popular.

Aurelio Cumplido Bravo, estudiante, 19 años, falangista.

Juan Antonio Cumplido Martínez, propietario, 44 años, Acción Popular.

Luis Díaz Alvarado, cabo de la Guardia Civil, 27 años (Huelva).

Juan Díaz Calvo, propietario, 57 años, fiscal municipal.

Avelino Díaz Gómez, estudiante, 25 años, Juventudes AP.

Julián Domínguez Díaz, pastor, 17 años.

José Durán Candalija, propietario, 50 años, exalcalde.

Antonio Durán Tinoco de Castilla, estudiante, 18 años, falangista.

Juan Durán Tinoco de Castilla, estudiante, 21 años, falangista.

Francisco Fernández-Salguero Fernández-Salguero, propietario, 27 años.

Manuel Fernández-Salguero Fernández-Salguero, propietario, 33 años.

Juan Fernández-Salguero Herrera, estudiante, 21 años, Juventudes AP.

Juan Fernández-Salguero Jarillo, propietario, 58 años, Acción Popular.

Eusebio Fernández-Salguero Liaño, propietario, 59 años, Acción Popular.

Ramón García Maraver, labrador, 76 años.

Leopoldo Herrera Gallego, propietario, 42 años, Acción Popular.

Gregorio Lozano Calvo, secretario de Juzgado, 44 años.

Francisco Melado Requejo, zapatero, 54 años.

Julián Merchán García, pastor, 42 años.

Juan Pozón Carretero, labrador, 56 años.

Rafael Requejo Santos, militar, 37 años.

Luis Rivero Domínguez, estudiante, 23 años.

Luis Rivero Minero, agente comercial, 52 años, exconcejal.

Pedro Rodríguez Dorado, labrador, 67 años.

Narciso Rodríguez Fernández-Salguero, estudiante, 27 años, Juventudes AP.

Antonio Testai Fernández-Salguero, propietario, 35 años, Acción Popular.

Miguel Vargas Salguero, labrador, 38 años, Acción Popular.

José María Vázquez Díaz, sacerdote, 40 años.

Fernando Zapata Rodríguez, labrador, 46 años.

 

Esta carnicería tuvo lugar en el sitio conocido por El Pontón, de Burguillos, después de haber sido trasladados los presos a la cárcel de Jerez de los Caballeros a partir del siete de agosto. Allí en Jerez se les permitió mantener algún contacto con los familiares hasta que desde el día diez comenzaron a desaparecer en medio de la barbarie más absoluta durante los días diez, 17, 26, 27, 28, 29 de agosto y primero de septiembre. Unos fueron quemados vivos, otros semienterrados, otros colgados. Así a lo largo de varias noches. Esta matanza de El Pontón afectó no sólo a personas de Burguillos —emparentados muchos de ellos— sino a presos de diversa procedencia agrupados por diferentes motivos en Jerez de los Caballeros. Así, por ejemplo, había varias víctimas de Atalaya e incluso de pueblos del norte de Huelva, como los guardias civiles Alba Moreno y Díaz Alvarado, procedentes de Cumbres Mayores y asesinados el 29 de agosto. Como si no fuera suficiente con lo ocurrido, la derecha mantuvo en sus informes que si no murieron todos los presos, para los que había preparados bidones de gasolina y explosivos, fue por la providencial llegada de las «Gloriosas Fuerzas Nacionales» el día 14 de septiembre al mando del capitán Carlos García Blond. Componían las fuerzas una batería ligera, una compañía de ametralladoras, una de fusileros, una de Asalto y dos centurias de Falange.

 

En término de Burguillos también aparecieron varios cadáveres cuyos asesinatos fueron imputados a los rojos. Serían los casos de dos porqueros, padre e hijo, llamados Julián Merchán G. y Julián Merchán Domínguez; y de Ramón García y Fernando Calvo Jiménez, el primero labrador y el segundo secretario del Ayuntamiento, encontrados respectivamente en las fincas «Alcornocal» y «Valle Espín». Fueron considerados «directores» de todo lo ocurrido Benito Lima Picón, Mariana Merino González, Andrés Paquico Cansado «Pepe Merino», Francisco González Gordón, Fabián Gómez García, Segundo Rodríguez Cumplido, Cándido Zapata Rentería, Manuel Meléndez Megías y José Álvarez Berrocal.

 

El 14 de septiembre fue ocupado Segura de León por la columna motorizada que el capitán de la Guardia Civil Ernesto Navarrete Alcal puso en marcha en esos días, y que estaba constituida por unos seiscientos hombres entre guardias civiles, falangistas y personal de milicias. En esta ocasión se contó con falangistas de Cabeza la Vaca y Fuente de Cantos. Como en casi todos los pueblos los informes de la Guardia Civil hubieron de reconocer la inexistencia de «acto alguno de participación en el Movimiento Nacional, por cuyo motivo [los rojos] no pudieron ser vencidos». Las órdenes de detención de los derechistas fueron dadas por el alcalde (las siete primeras) el 27 de julio y por el Comité (las once siguientes) el 31 del mismo mes. Unos fueron recluidos en el Juzgado y otros en el convento de las Hermanas de la Cruz. A los demás presos, otros nueve, los detuvieron el cuatro de agosto. Todos se encontraron con vida el 14 de septiembre, o como se leía en un informe:

 

«No se dio ningún caso en [esta] localidad de extracciones o entrega de presos…».

 

Del siempre comprometedor trato con ellos se relacionó a Diego Figueras Díaz, Manuel Toro Arroyo, Jacinto Hurtado Chacón, Antonio Morato Domínguez, Isidro Agudo Jaramillo, Manuel Masero Ramírez, Antonio Blanco Blanco, Máximo Megías Medina, Manuel Lorenzana Carbajo y Francisco Rubio Maya. Dos de los presos, Eduardo Sánchez Royano y Jesús Maya Medina, fueron conducidos fuera del pueblo y amenazados de muerte para que dijeran dónde se encontraban las armas de que disponían los falangistas. Una de las tareas realizadas por el Comité fue la requisa y sacrificio de reses para el abastecimiento de la población y de los numerosos forasteros procedentes del sur que pasaron por el pueblo durante todo ese tiempo. Buena parte de ese ganado era del que muy pronto sería nombrado alcalde, Fernando Agudo Aparicio. Se vieron afectadas las haciendas de los propietarios Antonio Casquete Hernando, Rodrigo Montero de Espinosa Sher y Francisco Montero de Espinosa Jaraquemada, Pilar Sánchez Arjona Velasco y Diego Casquete Jaraquemada, pero quienes realmente tuvieron que hacer frente a las exigencias del Comité, además de pasar por la prisión, fueron sus representantes: José Medina Maya, Jesús Maya Medina, Manuel Rey Miranda y Luis Rubio Luengo. El párroco, Antonio Leal Leal, pese a haber tenido un serio conflicto con el Comité a propósito del cierre de una iglesia, no fue detenido.

 

El 14 de septiembre del 36 apareció en la finca «La Dehesilla» el cadáver del falangista Antonio Chaves García, labrador de veinte años, cuya muerte se achacó a Manuel Martínez Nieto y varias personas más acusadas por el padre de la víctima. Aunque no se llega a aclarar las circunstancias del fallecimiento en el Registro Civil se lee «muerto por las hordas marxistas al pasar éstas por dicha finca».

 

Ocupados ambos pueblos, Navarrete envió a Queipo el siguiente telegrama:

 

Con fuerzas Guardia Civil, Falange y Guardia Cívica se ocuparon en el día de hoy los pueblos de Segura de León y Fuentes de León, no teniendo por nuestra parte más que un herido grave y uno contuso, haciéndole al enemigo en ambos pueblos aproximadamente unas cien bajas. Posteriormente fuerza enemiga procedente de Fregenal ataca constantemente Segura de León, rechazando nuestra columna referidos ataques, conservando dichas posiciones.

 

Son estos comunicados los únicos en los que aflora la resistencia popular al golpe y las pérdidas humanas que se produjeron en el momento de la ocupación de los pueblos, resistencia siempre ocultada salvo por la necesidad de los propios golpistas de mostrar sus méritos ante sus jefes.

 

En el caso de Segura conocemos algunos detalles sobre los primeros momentos de la ocupación por las diligencias abiertas al músico militar retirado Juan Antonio Medina Delgado para esclarecer si la muerte del vecino Lorenzo Rodríguez Rodríguez, a quien consideraba «de filiación derechista», se debió a una venganza personal. La denuncia, presentada el 22 de septiembre de 1936 en las oficinas de la II División, ocho días después de los hechos, fue realizada por Antonio Rodríguez Rodríguez, natural y vecino de El Coronil (Sevilla) y hermano de la víctima. Obviamente este tipo de denuncias solamente podía atreverse a ponerlas quien se encontrara al lado del nuevo orden. Lorenzo Rodríguez expuso que existían intereses encontrados entre su hermano y el militar respecto al local en el que el primero tenía su comercio en el número uno de la calle Cruz. Medina entró con la columna en el pueblo y lo primero que hizo fue dirigirse al comercio de Lorenzo Rodríguez, donde tras apropiarse de su cartera, de un reloj de bolsillo de plata, de una sortija de oro y de un billete de lotería, sacó a Rodríguez a la calle y lo entregó a la Guardia Civil, diciéndole: «Ahora vamos a ajustar las cuentas de tu casa». Nada volvió a saberse de él —según Antonio Rodríguez— hasta que los vecinos comunicaron a la familia la aparición del cadáver. Se encargó de la instrucción el abogado jurídico-militar Antonio Hoyuela del Campo, quien resolvió el caso rápidamente. Cuando interrogó al acusado Juan Antonio Medina Delgado, éste declaró que

 

encontrándose en la plaza del pueblo se le acercaron dos individuos de Falange, cuyos nombres ignora, para preguntarle si había en Segura comercios cuyos dueños fueran marxistas, el declarante les [dijo] que sí, y como insistieran en preguntarle si lo era el de Lorenzo Rodríguez Rodríguez, les contestó afirmativamente; que al arremeter los falangistas contra el indicado comercio, el declarante tuvo necesidad de advertirles que aquella casa era suya para que no le estropearan las ventanas; que poco después el Lorenzo Rodríguez salió la puerta del comercio protestando de la imputación de izquierdista que según él le hacía el declarante; que cuando volvió a la plaza vio al Lorenzo Rodríguez detenido en el ayuntamiento, marchándose y habiéndose enterado después de que había muerto …

 

 

Por supuesto Medina negó haber realizado registro alguno, haberse apropiado de objetos de valor o haber amenazado a los familiares de la víctima. Su declaración —decía al final— podía verificarla «el presidente y demás miembros de la Comisión Gestora y todas las demás personas de orden de este pueblo». Efectivamente, el siguiente en declarar fue Fernando Agudo Aparicio, presidente de la Comisión Gestora, que manifestó conocer a Medina y haber estado encarcelado con él en los días pasados. Agudo declaró que se trataba de «una buena persona, incapaz de realizar actos reprobables» y que «le consta que no intervino en el asalto y registro del establecimiento de Lorenzo Rodríguez, ya que el declarante lo presenció y observó que el Juan Antonio estaba en la plaza con un hermano suyo llamado José». El instructor tomó también declaración a otro miembro de la Comisión, el médico Manuel Díaz Hidalgo, y al médico titular Santos Bernáldez García, ambos amigos del acusado, al que apoyaron en todo momento. Como telón de fondo todos ellos mencionaron un oscuro episodio ocurrido en la plaza entre Rodríguez y Medina, que concluyó con la detención de este último y su ingreso en el depósito municipal durante veinticuatro horas.

 

El informe que el instructor Hoyuela eleva al auditor Bohórquez el día siete de octubre constaba de la denuncia, la declaración del acusado y los tres testimonios de los miembros de la Comisión Gestora y el médico, todos ellos amigos del acusado. A nadie, y menos al Auditor Bohórquez, se le ocurrió plantear al instructor si no tenían nada que decir la esposa, la hermana y el suegro de la víctima, mencionados en la denuncia y en alguna de las declaraciones, y que fueron testigos de estos hechos.

 

En todo lo actuado no ha sido comprobado ninguno de los extremos de la denuncia presentada, no pudiéndose atribuir la muerte al que se le imputa y en su consecuencia decreto la terminación de las presentes diligencias previas …

 

concluía el auditor el 18 de octubre. Unas semanas después el músico militar Juan Antonio Medina Delgado era nombrado juez instructor de la Comisión Local de Incautación de Bienes.

 

Con Medina cayó también Fuentes de León. A las nueve de la mañana de ese día, un grupo de milicianos, al mando de algunas autoridades civiles, hicieron frente a la columna de ocupación a costa de varias pérdidas. Fracasada la resistencia, los milicianos y un gran número de habitantes partieron hacia Fregenal. De entre los encargados de los presos, pudieron huir y pasar más tarde a Francia, Ángel Sánchez Blanco, Eulogio Macías Flores y Ángel Rey Uceda. Sin embargo acabaron en campos de concentración, o localizados allí donde vivían, Joaquín Martín Reinoso, Pedro Sánchez Navarro y Leopoldo Rodríguez Reyes. En relación con lo mismo fueron también citados Antonio Sánchez Jaramillo, Luis Suárez Albarrán, Antonio Fernández Abril, Rafael Sánchez Navarro, Damián Macías Flores y Gumersindo Núñez Vázquez. Los informes aludieron genéricamente a

 

la comisión de todo tipo de desafueros, detenciones de personas de orden y atentados contra la propiedad, saqueándose casas y comercios con incautaciones de metálico, comestibles, tejidos y otros artículos, así como destrucciones de huertas e incendios de varias fincas.

 

En Valverde de Burguillos fueron detenidas 17 personas. Según un primer informe de enero de 1937, a pesar del gran número de milicianos existentes para el tamaño de la localidad —unos trescientos de una población de 1350 personas— ni la iglesia, ni los domicilios particulares ni los comercios ni los cortijos sufrieron saqueo o daño alguno. El trato a los prisioneros se denunció

 

«malísimo, amenazando a muerte todos los días, yebando [sic] a varios al cementerio y judiqueando y haciendo simulacros y disparando al aire barios [sic] tiros».

 

El pueblo fue ocupado sin oposición alguna el 14 de septiembre por fuerzas procedentes de Zafra al mando del comandante José Álvarez Rodríguez. Sin embargo, la Causa General, cuyos estados son cumplimentados en 1941, denuncia saqueos en propiedades de Remedios Díaz Calvo, José Carretero Fernández, Florencio Martínez Gallego, Juan Gallego Rodríguez, Leopoldo Herrera Gallego, Manuel Gallardo Indiano, Florencio Martín Bellido, Ladislao Navarro Navarro y la Guardia Civil. Según la misma fuente «fueron varios los autores de los hechos que se mencionan, los cuales han fallecido en choque con la fuerza pública».

 

Aprovechando las operaciones de captura de huidos desarrolladas en la serranía de Hornachos, entre el 14 y 17 de septiembre, los sublevados tomaron Puebla de la Reina y Palomas. En Puebla de la Reina había sido incendiada la parroquia, ardiendo parte del archivo, retablos y ornamentos diversos. Varios comercios, domicilios particulares y cortijos fueron sometidos a requisas y saqueos. Entre los afectados estaban Benjamín y Gregorio Gallardo Lozano, Cándida Amado Balas, Rafael González-Pelayo Rodríguez, Cándido Lobato Garay, Juan Ballesteros Macías (párroco), Martiniano Barrero Mateos, Tiburcio Murillo Martínez, Victoriano Ginés Mateos, Domingo Muñoz Barrero, Francisco López Rebollo, Francisco López Moreno, Concepción Benítez Chamorro (viuda de Severiano Muñoz) y Pilar González López; y como hacendados no residentes, Casimiro Fernández Blas (Ribera), José de Solís Liaño (Badajoz), Fernando Sánchez-Arjona Vargas (San Sebastián), Carmen Sánchez-Arjona Pidal (Madrid), el marqués de Valderrey (Madrid), José de la Lastra (Sevilla) y los sres. Fernández de Soria (Villafranca), Luis García Barroso (Villanueva de la Serena), Pedro y Benjamín Barquero Barquero (Quintana de la Serena), Rafael y Alejandro Barquero García-Coronado (Quintana de la Serena) y Vicente Leopoldo Naranjo (Cáceres). Fueron apresadas 17 personas, siete de ellas el mismo 18 de julio y el resto unos días después. Se quejaron de trato «indecoroso», destacando que les cerraran las ventanas de la prisión para que pasaran más calor. También en esta ocasión se dijo que si no los quemaron fue por no disponer a tiempo de la gasolina.

 

La Causa General de Puebla recogió dos víctimas no mencionadas en informes anteriores: Juan José Bermejo de la Cruz, pastor de 44 años, y Diego Acedo Acedo, bracero, considerado el primero de izquierdas y el segundo de derechas. Desaparecieron los días 21 y 22 de septiembre del 36 sin que sus cuerpos fueran hallados y sin que se llegara a saber nada de los culpables. El pueblo fue ocupado el 14 de septiembre por una columna al mando del capitán Medardo Chicote.

 

Unos días después, el 17 de septiembre, le tocó el turno a Palomas. Aquí habían sido ocupadas varias fincas abandonadas —algunas de ellas de Juan Manuel Pidal («El Chaparral» y «Las Toras»)—, que fueron trabajadas por los obreros, quienes entregaban una cuarta parte de la producción al propietario. Según parece, el alcalde republicano, que tenía algunas tierras, ordenó que las suyas fuesen las primeras en ser ocupadas. El 18 de julio, ante el panorama de inseguridad que se abría, izquierdas y derechas llegaron al acuerdo de protegerse mutuamente según el curso de los acontecimientos. Cuando se dio la orden de detener a los elementos de derechas se respetó el acuerdo, pero la desconfianza de algunos llevó a elaborar un listado de izquierdistas que fue enviado a Almendralejo por medio del sacristán. Así, cuando el día 17 llegaron las fuerzas de ocupación, al mando del falangista Novillo, pudieron comprobar que ningún derechista había sufrido daño alguno; a continuación detuvieron a diez de los principales dirigentes izquierdistas y los asesinaron. Sólo entonces comprendieron que la única salida era la huida, lo que hicieron unos cien; otros se enrolaron en las filas franquistas con la idea de unirse más tarde al bando republicano. La memoria colectiva también guardó las terribles represalias que recayeron sobre las mujeres de ideas avanzadas o simplemente relacionadas con los izquierdistas. Todo esto cobra valor especial si tenemos en cuenta que, unos días antes de la llegada de los sublevados, había pasado por el pueblo la columna Cartón preguntando por el cura, los derechistas, etc. En ese momento fue el pueblo, con el alcalde al frente, el que impidió a los milicianos de Martínez Cartón cualquier amago de violencia. Sin embargo, sin explicación alguna, cuando hubo que proteger a los rojos nadie, ni el cura, salió en su defensa. Lo único que se les pudo echar en cara fue los daños causados en la iglesia el día seis de septiembre, de los que se culpabilizó a Antonio Roco Trejo, Juan Trejo Delgado, José Ortega Gómez y Francisco Velarde Pérez, que acabaron en prisión, y a Juan Benítez López, Victoriano Velarde Pérez, Diego Soto Nevado y los hermanos Francisco y Victoriano Garrido Delgado, que pudieron huir a Francia…

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

*