Praktika

 

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LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

[ 020 ]

 

 

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LA TOMA DE BADAJOZ

 

(…)

 

Llegada del coronel Ildefonso Puigdengolas

 

 

“ (…) El grueso del dinero se empleó, como es lógico, en alimentación y en jornales para los obreros que colaboraron con las milicias. En el Ayuntamiento existían listados de estos obreros y de los jornales cobrados, pero desgraciadamente para nosotros el instructor no los requirió. No obstante, según diversas declaraciones, estos obreros eran en su mayor parte empleados municipales que «sin hacer trabajo alguno, siguiendo la misma norma impuesta a todos los patronos de esta capital, a pesar de haber informado repetidas veces a la Alcaldía», cobraron todos los días, lo que según el depositario municipal equivalía en realidad a «que viendo el pleito mal parado y en vísperas de tener que huir querían llevarse cobrados los jornales que no habían trabajado».

 

En los vales justificativos de los gastos aparecían distintas firmas, tanto de los vendedores como del depositario Juan Alba Burgos, de los concejales Manuel Ruiz, Juan Villarreal Muñoz y Benito Higuero Lairado, así como del capataz Lorenzo Sotoca, encargado del pago de ciertos jornales, o de los industriales José Hidalgo, suministrador principal, y Francisco Maján González. Las encargadas de los comedores de milicias durante los veinte días que transcurrieron entre el 21 de julio y el diez de agosto fueron:

 

Lorenza Rico, cocinera, 70 ptas. por 20 días + 40 ptas. por 20 horas extraordinarias.

 

Filomena Lindo, sirvienta, 60 ptas. por 20 días + 40 ptas. por 20 h. e.

 

Carmen Bernáldez, sirvienta, 60 ptas. por 20 días + 40 ptas. por 20 h. e.

 

Juliana Ruiz, sirvienta, 60 ptas. por 20 días + 40 por 20 h. e.

 

Diego López, sirviente, 35 ptas. por siete días.

 

Antonio Méndez, sirviente, 35 ptas. por siete días.

 

Antonio Ruiz Avilés, sirviente, 21 ptas. por tres días.

 

 

A consecuencia de estos gastos, a los pocos días de la ocupación, los golpistas iniciaron la causa 567/36 contra el alcalde y los concejales de Badajoz por «auxilio a la rebelión militar». Fue instruida por el comandante Enrique López Llinas y de la misma se derivó un expediente por responsabilidades civiles que fue tramitado por el juez militar Arturo Suárez Bárcena Giménez, quien se encargó de sacar —de la manera que fuera y sin diferenciar que estuvieran muertos o vivos— 30 000 pesetas de cada uno de los dieciséis encausados, ya que ésa y no otra era la verdadera razón del proceso. El análisis de esos largos listados de alimentos consumidos por las milicias entre el 19 de julio y el 13 de agosto nos enseña algo que no debe pasar desapercibido. El listado acaba con el tópico de los 4000 o 5000 milicianos. Aun suponiendo que esos alimentos se dedicaran principalmente a los milicianos llegados de los pueblos y que los de la ciudad comieran en sus casas —lo cual es dudoso—, si comparamos el consumo de los productos básicos y el personal que atendió el comedor es evidente que hay que reducir bastante el número de milicianos que intervinieron en la defensa de Badajoz a lo largo de 26 días. Es muy probable que por los comedores de milicias no pasaran más de cuatrocientas o quinientas personas diarias. Si a esto se añaden otros tantos que procedieran de la propia ciudad, se obtendrá un número en torno a los mil hombres, cifra más prudente y que, unida a las seiscientas o setecientas personas que componían en esos días la guarnición, permite comprender mejor tanto la ocupación de la ciudad como lo que se refiere a la represión. Sin embargo, dicha cifra ha sido convenientemente abultada tanto por la historiografía favorable a los ocupantes, que veían así agrandada su hazaña, como por la favorable a los vencidos, quizá temiendo que la disminución del número de defensores fuese en detrimento de su causa.

 

El terror rojo

 

Las detenciones de derechistas, como se ha dicho, comenzaron el 18 de julio. He aquí la secuencia:

 

JULIO

18……………………………1

19……………………………4

20……………………………6

21……………………………25

22……………………………8

23……………………………32

24……………………………9

25……………………………9

26……………………………23

27……………………………17

28……………………………13

29……………………………26

30……………………………14

31……………………………8

 

AGOSTO

1……………………………18

2……………………………45

3……………………………4

4……………………………8

6……………………………1

7……………………………2

9……………………………4

10…………………………..22

11…………………………..18

TOTAL……………………. 317

 

 

Basta observar el listado de detenidos en la prisión Provincial para saber la importancia de tales detenciones, casi todas realizadas por orden del gobernador civil Granados, salvo unas cuantas que lo fueron por la autoridad militar. Sin embargo, como puede leerse en la Causa General, el trato dado por los funcionarios a los presos fue «lo más benévolo posible». De hecho todos continuaron en sus puestos con la excepción del jefe de prisión Enrique Buceta Romero y del maestro del cuerpo Vicente López de Haro, quienes serían entregados a los ocupantes el 16 de agosto.

 

No se efectuó ninguna extracción o entrega de presos para ser asesinados por las hordas rojas por la resistencia opuesta por los funcionarios del Establecimiento y por lo tanto se ignora si hubo alguna orden de entrega,

 

decía uno de los informes de la Causa. Ocultaba que en la neutralización del asalto a la prisión producido tras el fracaso de Los Santos, aparte de los funcionarios, también habían intervenido las autoridades civiles y militares de Badajoz.

 

A partir del 23 de julio, por orden del Gobierno Civil, se inició una serie de registros domiciliarios a cargo de la Comisaría de Vigilancia. Ese día afectaron a Manuel Sito (Arco Agüero, 47); el día 25 a Federico Carrillo (Moreno Nieto, ocho); el día 26 a Luis Crespo (Santa María, 47), al cortijo de «La Liviana» y a Demetrio Medina Recio (San Juan); el día 28 a Pío Jurado (Menacho, 40), a Julián Vadillo, a un tal Silgo (ambos de RENFE) y al cortijo «Los Enviciados», de Fernando García Briz; el día 29 a la viuda del sargento Garrido (Martín Cansado, 50); el día 30 a Joaquín Núñez Coronado (Ramón Albarrán, seis); el día 31 al Cortijo de la Vega, de Manuel Sánchez Cordero, a los conventos de las Descalzas y de las Carmelitas Arco Agüero), al de las monjas de Santa Ana (Joaquín Sama) y al de las Trinitarias (Concepción Baja); el día tres de agosto a la finca «Paloma», de Fernando Montero de Espinosa; el día seis al cortijo «Tierra Baja», de Leopoldo Castillo, al grupo de Casas Baratas de la Barriada de Joaquín Costa, al Banco Central, a Felipe Escudero (Menacho, 66) y la casa del médico Sancho Nevador. Entre los saqueos destaca el sufrido por el Palacio Episcopal, del que desaparecieron objetos por valor de unas noventa mil pesetas y unos diez millones de pesetas en títulos nominales que fueron hallados después en el Gobierno Civil. En Badajoz no fue destruido ningún templo y solamente sufrieron daños la iglesia de Santo Domingo y el convento de las Adoratrices. La investigación posterior estableció que los responsables de estos saqueos fueron Manuel González Barriga (calle Sol y Ortega, de San Roque), vocal del Sindicato Campesino, compromisario en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros de la Tierra (huido); y Bernardino Álvarez Piris «El Castrón» y Arturo Hurtado Torvisco «El Colorado», ambos desaparecidos poco después. De la Caja Municipal se sustrajeron 28 223 pesetas, hecho del que fueron responsabilizados el alcalde y los 24 concejales, de los que sólo ocho pudieron ser localizados para declarar. El alcalde y 15 concejales fueron asesinados tras la ocupación. Veamos la relación que ofrece la Causa General:

 

Sinforiano Madroñero Madroñero, fallecido a consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional.

Vicente Ambel Albarrán.

José Bizarro Gallego, fallecido en el Movimiento.

Vicente Campini Fernández, en la prisión Provincial.

Pedro Cienfuegos Bravo, fallecido en el Movimiento.

Jesús María Domínguez Agudo, en la prisión Provincial.

José Doncel Sajara.

José García Sito, fallecido en el Movimiento.

Benito Higuero Lairado, fallecido en el Movimiento.

Joaquín Lozano Jurado, fallecido en el Movimiento.

Nicasio Macías Sanguino, fallecido en el Movimiento.

Pedro Machado Domínguez, ausente.

Manuel Maqueda Gudiño.

César Moratinos Mangirón, fallecido en el Movimiento.

José Redondo Linares.

Juan Antonio Rodríguez Machin, fallecido en el Movimiento.

Manuel Ruiz Lozano, fallecido en el Movimiento.

Salvador Sanguino Monsálvez, fallecido en el Movimiento.

Toribio Silgado Espino, fallecido en el Movimiento.

Florencio T. Solano Santos.

Crispiniano Terrón de la Cámara, fallecido en el Movimiento.

Narciso Vázquez Torres, huido en ignorado paradero.

Juan Villarreal Muñoz, fallecido en el Movimiento.

Guillermo Viñuela Fernández, fallecido en el Movimiento.

Emilio Alba Bejarano.

 

También fue investigada la clausura del diario Hoy, adoptada por el comité a las pocas horas de la sublevación ante el descarado antirrepublicanismo —cuando no abierto progolpismo— del periódico. De ella fueron acusados Francisco Robles Macias (gerente del bar «El Aguila»), José Robles Macias, Clemente Cruzado García (director de Vanguardia), Alejo Fernández Blanco, Juan Villarreal Muñoz, Manuel Vázquez Rando, Antonio Pesoa Díaz, Pedro Cienfuegos Bravo, Luis González Barriga, Narciso Vázquez Torres y

Toribio Silgado Espino. Numerosos establecimientos de comestibles denunciaron haber sido víctimas de requisas, muchos derechistas se quedaron sin armas y algunos propietarios (Javier Saavedra, Manuel Boyero, Ramón Vasarigo, Enrique Fernández, Cristóbal Atienza, Manuela Fernández y Luis Merino Trigo) fueron obligados a pagar ciertas cantidades en concepto de «jornales no devengados». Muchos de ellos perdieron además sus automóviles, utilizados por los izquierdistas para huir de la ciudad.

 

Fueron la ocupación y los bombardeos previos —y no el terror rojo— los que produjeron más daños materiales: 54 casas con graves desperfectos, 125 con daños de menor importancia y 97 con pocos daños; en total, 276 casas. El teatro López de Ayala quedó totalmente destruido, y varios grupos escolares, así como el hospital Provincial, sufrieron serios desperfectos. El caso del teatro López de Ayala, propiedad de Manuel de Juan Rodríguez, resulta un buen ejemplo de cómo se procedió en estos casos. Las tres compañías aseguradoras del teatro, Assurances Generales, La Catalana y Covadonga, con sedes en San Sebastián, Pamplona y Burgos respectivamente, abrieron a comienzos de 1937 una investigación sobre lo ocurrido con motivo de la entrada en Badajoz de «las fuerzas del Ejército Liberador». Establecieron que el incendio tuvo tres focos: el piso de la planta baja ocupado por la oficina de Aguas de Gévora, la vivienda del conserje y la planta ocupada por las oficinas de las Líneas Automovilísticas de Brito. Según los testimonios del conserje, los vecinos y los bomberos, los milicianos utilizaron el teatro como cuartel en los días previos a la ocupación. Entonces, «nuestra aviación, acaso enterada de este hecho, empezó a bombardear la finca, cayendo una bomba encima del escenario el 6 de agosto y otra en la vidriera de una escalera el día nueve del mismo mes». El día 14 de agosto los milicianos dispararon contra las fuerzas ocupantes desde la azotea del teatro y, especialmente, desde las ventanas de la calle Valdivia, cruzándose los disparos con los que efectuaban otros milicianos desde el hospital. En el edificio se hallaron, según los peritos, tres cadáveres: uno en el pasillo del segundo piso, otro en el portal de Brito y un tercero en la azotea. Dos eran militares y uno miliciano. Entre las armas recogidas había dos pistolas, dos cerrojos de fusil, nueve revólveres, tres mosquetones, un mauser, un cargador, ocho puñales, sables, bayonetas y… veintitrés arcabuces. Unos hablaron de la existencia de un almacén de armas y otros, más juiciosos, de los objetos de guardarropía. Los peritos recogieron tres versiones del incendio. La oficial —expuesta por la prensa— era que los milicianos, al verse perdidos, incendiaron el edificio; una segunda versión mantenía que el incendio fue provocado el día 14 por bombas de avión; y una tercera, la más extendida y silenciada,

 

es que el incendio lo hayan producido nuestros Regulares, por orden de sus Jefes, para evitar que los Rojos que se hacían fuertes en el teatro les produjeran más bajas. Se dice además que delante del teatro cayó un sargento de dicho cuerpo a consecuencia de un disparo hecho desde el interior del teatro.

 

Son palabras del instructor, el comandante Salvador Ramón Benítez. Sin embargo, éste informó que fueron los milicianos los que incendiaron el teatro «sin poder precisar persona alguna como autora de aquel hecho». El cuatro de agosto de 1937, en Sevilla, declararon el sobreseimiento provisional de la causa. Según el testimonio de Luis Pla Ortiz de Urbina, algunos combatientes republicanos se refugiaron en el teatro, ante lo cual los hombres de Yagüe prendieron fuego al edificio. para acabar con ellos.

 

El único hecho violento que se produjo antes de la sublevación de la Guardia Civil ocurrió entre el 22 y el 23 de julio cuando, al ser reconocido en la calle San Juan el propietario derechista Feliciano Sánchez Barriga, de 28 años —al que antes vimos como enlace del golpe—, fue acosado por varios milicianos que tras un confuso tiroteo lo hirieron de muerte. Transcurrieron más de dos semanas sin casos similares. Las víctimas siguientes serán provocadas por la sublevación del día seis y por el bombardeo del día siete. Entre el siete y el diez de agosto serían asesinados el capitán Justo Pérez Almendro, el médico José Escolá Diego, el hermano marista Pedro Ortigosa Oraá, el teniente retirado de la Guardia Civil Pedro Rocha Macías, su cuñado Andrés Espinosa Carroza, el sargento retirado del mismo cuerpo Antonio Bravo González, el comandante de Infantería Gonzalo Ramos Díaz de Vila, el redactor de Hoy Antonio Béjar Martínez, el beneficiado de la catedral José Valentín Cuadrillero y el abogado Juan Díaz Ambrona, expresidente de Diputación. Cuatro de estos crímenes se cometieron en las calles; los restantes en lugares exteriores de las murallas o bajo alguno de los puentes. Aunque se trató de acciones muy graves, defraudaron las expectativas creadas por la propaganda fascista. La irrelevancia del terror rojo en la capital extremeña llevaría a Juan José Calleja, el biógrafo de Yagüe, a escribir que pareció «como si el espíritu secularmente pacifista de Badajoz acabara por imponerse…». Sin embargo, tan pocas víctimas le debieron parecer las indicadas, que se permitió hablar de los «veinte crímenes que allí se perpetraron». Sobre la actitud de la República en Badajoz bastará un ejemplo: al obispo José María Alcaraz Alenda, cuya sede fue habilitada para Casa del Pueblo, se le permitió sacar del sagrario el Santísimo Sacramento y, sobre todo, se le protegió con una guardia personal. Dicha orden partió del diputado socialista José Aliseda Olivares.

 

Es interesante detenerse en las responsabilidades derivadas de estos asesinatos. De los que participaron en la muerte de Sánchez Barriga fueron identificados Miguel Tejeda Cordero, un jornalero de 28 años, natural de Almcndralejo (preso), y José Barrera Moreno «El Talavera» (muerto). Pérez Almendro fue asesinado por milicianos cuando huía a Portugal, y se comentó que uno de los que intervinieron fue Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio».

 

Al médico Escolá le costó la vida ser confundido con el concejal José Redondo Linares, que era realmente a quien buscaban. De la detención y asesinato de los religiosos José Valentín Cuadrillero y Pedro Ortigosa Oraá fueron consideradas inductoras las criadas de sus respectivas residencias, y como autores materiales el camarero Perfecto Navarro Montero «Quinito» (huido), Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras» (muerto) y Eugenio González Santos «El Norita» (huido). De la muerte de Rocha Macias y Espinosa Carroza fueron responsabilizados «Borrega» y «Corsario» —muerto uno a la entrada de las tropas y el otro poco después—, y el mencionado «Quinito», que no fue localizado y sobre el que recayó también la muerte de Béjar Martínez. En el caso de Bravo González además de los anteriores intervinieron dos hermanos apodados «Los Panchos», a uno de los cuales también «se aplicó el bando». Del asesinato de Gonzalo Ramos fueron acusados Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio» (muerto), Francisco Rodríguez García «El Moreno» (muerto), el camarero Casimiro Cadenas Rodríguez (muerto), Manuel Álvarez Cordero «El Mirlo» (muerto) y César Gutiérrez Alba «Bustamante». Juan Díaz Ambrona fue asesinado, según la Causa General, por Antonio Antúnez, conocido por «El Fraile» o «El Tuerto de las Moreras» (muerto), José Simón Díaz (muerto), el soldado Antonio Prada (muerto), Eugenio González Santos «El Norita» (huido), Casimiro Cadenas Rodríguez (muerto), José Barrera Moreno «El Talavera» (muerto), Luis Castro de la Rosa «Seisdedos» (muerto), Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio» (muerto), el camarero del Mercantil Manuel Álvarez Cordero «El Mirlo» (muerto), el talaverano Francisco Lavado Sidre (muerto) y José Domínguez Zambrano «Pancho» (detenido). Por encima de todos ellos la Causa General culpó, sin gran fundamento, a los dirigentes comunistas Nicanor y Francisco Almarza Ferrón, que lograron huir.

 

Si tenemos en cuenta que en el asalto a la prisión Provincial también intervinieron algunos de los citados, resulta que fueron unos treinta hombres —capitaneados según los informes policiales por Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras» y por Obdulio Pérez Rodríguez «El Tulio»— los responsables de los actos violentos que acaecieron en la ciudad en los días previos a su ocupación. Este grupo no tenía relación alguna con la guardia cívica creada por el Comité y unos veinte miembros fueron eliminados tras la ocupación. Su actuación sólo se entiende al abrigo del estado creado por la sublevación de la Guardia Civil y por el bombardeo del día siete.

 

Después del día 14, ante el escaso número de víctimas de derechas, se recurriría a los que también pudieron caer, como los militares apellidados Iglesias, los comandantes retirados Liaño, Sancho o López Llinas, el teniente coronel Pantoja y tantos otros arrastrados a una muerte segura si no fuera como reconocía el agente de Vigilancia Manuel Álvarez Pizarro, «por alguna mano amiga o alguna consideración instantánea que les salva la vida en el último instante». La imagen que del terror rojo guardó la derecha y quedó para la posteridad, con el valor añadido en este caso de proceder del falangista Agustín Carande Uribe, fue ésta: «En Badajoz capital cayeron bastantes, aunque no puedo precisar el número, porque han pasado muchos años y no me acuerdo bien».

 

Al igual que en el caso de Badajoz, y sin duda alguna en relación con la sublevación de la Guardia Civil, los primeros bombardeos sobre la capital y la ocupación de Almendralejo, es precisamente a partir del día siete de agosto cuando en general se desencadena la violencia en los demás casos donde existió: en Azuaga y Mérida el día siete, en Mirandilla el día ocho, en Aljucén y Fuente del Maestre el día nueve y en Burguillos el día 17, tras la caída de Badajoz…

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

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