Praktika

 

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LA COLUMNA DE LA MUERTE

El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz

 

Francisco Espinosa Maestre

 

[ 019 ]

 

 

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LA TOMA DE BADAJOZ

 

(…)

 

Llegada del coronel Ildefonso Puigdengolas

 

El 25 de julio llegó en avión a Badajoz el coronel de Infantería Ildefonso Puigdengolas Ponce de León, en funciones de comandante militar, que había aplastado la sublevación en Guadalajara y Alcalá. Tanto él como los tres sargentos que le acompañan en calidad de ayudantes visten mono. El recibimiento es apoteósico y los aplausos enfervorecidos lo acompañan durante toda su estancia en la ciudad. Entre sus primeras medidas ordena el desarme de los soldados de cuota y la separación del mando de los jefes y oficiales derechistas. Los tenientes coroneles Valeriano Furundarena Pérez y Emilio Recio Andreu, en situación de disponibles forzosos, son conducidos a Madrid el mismo día 26 por un delegado del gobernador civil, una pareja de milicianos y dos guardias de Asalto; y el capitán Guillermo de Miguel Ibáñez pasa a ser su ayudante. Para los golpistas la llegada de Puigdengolas representó el final de todo proyecto involucionista. Los cuarteles se llenaron de paisanos y comenzó su organización en la plaza de toros, donde fueron instruidos en grupos más o menos numerosos. Un momento de gran tensión se vivió cuando, al poco de su llegada, fueron tomadas con ametralladoras las inmediaciones del cuartel de Infantería y —con los teléfonos cortados y los milicianos supervisando la operación— se entregaron unos doscientos (también se habla de quinientos) fusiles al comandante de Asalto, que en cuestión de horas pasaron directamente a las milicias. La orden fue dada por el capitán Guillermo de Miguel. Aunque se dijera que el coronel Cantero había puesto como condición que se dieran a través de Asalto sólo a las milicias que integrasen las compañías, en realidad el responsable del armamento era el capitán Francisco Rodríguez González, quien tuvo la habilidad de no firmar orden alguna de entrega.

 

Puigdengolas organizó una columna, que llevará su nombre, con tres compañías de Infantería, dos de carabineros, Guardia Civil y milicianos, y tres batallones que serán el germen de los que más tarde recibirán los nombres de los diputados Margarita Nelken, Nicolás de Pablo y José Martínez Cartón. Al mando de estas fuerzas estará el comandante Antonio Bertomeu Bisquert, quien tomará como ayudante al alférez Joaquín Borrego Martínez, inseparable de otra de las bestias negras de los sublevados, el capitán de Carabineros Luis Suárez Codes. Carabineros y la Guardia Civil estarán respectivamente a las órdenes de los comandantes Julio Ugarte Chinchilla y José Vega Cornejo. Una de esas compañías quedó a cargo del capitán Otilio Fernández Palacios, partidario de la sublevación pero que ahora se pliega a las órdenes de Puigdengolas, llegando a ser en palabras de sus compañeros «el predilecto del Coronel rojo», hasta el punto de ser propuesto para comandante, «según constaba en documentos que fueron hechos desaparecer al entrar las tropas, sin que sepa por quién». El capitán Otilio Fernández responderá a estas acusaciones tachando de personal sospechoso desde el capitán José Almansa Díaz al también capitán Valeriano Lucenqui pasando por el teniente José Pizarro García o el alférez Antonio González Dorado. Toda la documentación generada durante el mando de Puigdengolas será destruida antes de la entrada de las fuerzas de ocupación.

 

Según diversas declaraciones, Puigdengolas pedirá en varias ocasiones al coronel Cantero personal del regimiento para la instrucción de milicias en Badajoz y en otras provincias —caso de Ciudad Real—, pero muy pocos se prestaran a ello. Al mando estuvieron Bertomeu, el brigada Botonero y los sargentos Torres y Rodríguez. Se menciona como instructores a los comandantes José Calderón Rinaldi y Luis Benítez Ávila, al capitán Guillermo de Miguel y a los alféreces Vázquez y Segismundo Martínez. Fueron por el contrario los suboficiales los que proporcionaron numerosos instructores de milicias, caso de los brigadas Victoriano Lagoa Gómez, Juan Tena Franco, Manuel Trujillo Álvarez, Guillermo Botonero Lechón, José Borrego, Ramiro Cabalgante, Máximo Gragera o Carrasco; de los sargentos Sánchez, Manuel Mota Mimbreros, Eladio Frutos Moreno, Juan Rubio Lozano, Pilar Macarro Peña, Marcos Falconet Salguero, Bartolomé Collado, Juan Orantos Cid, Daniel Perera González, José Méndez, Joaquín Zafra Mill y Antonio Balas Lizárraga, y de los cabos José Bagacea, Ramón Tapia, Antonio Hernández, Codosera y del Cerro. Todos ellos fueron acusados de «traidores de ideas marxistas y de todo lo malo que pueda acumularse». Estas compañías mixtas (tropa, carabineros, Asalto, guardias civiles y milicias) efectuarán varias salidas: San Vicente de Alcántara (28 de julio), Fregenal de la Sierra (tres de agosto), Fuente de Cantos (cuatro de agosto), Los Santos (cinco de agosto) y Puebla de Obando (siete de agosto). Aunque puedan aceptarse matices, los hechos ocurridos en Badajoz el 18 de julio, el día seis con la sublevación interior o ya en la etapa final entre los días diez y 14 de agosto, crearán una imagen en la que por un lado se hablará de guardias civiles y fuerzas de Asalto, y por otro de milicianos y carabineros. La movilización general de cara a la defensa de la capital comenzó tras la caída de Mérida, cuando militares y milicianos comenzaron a instalarse en las murallas.

 

El Comité de Defensa de Badajoz lo integraban Nicolás de Pablo Hernández, Nicanor Almarza Ferrán, De Miguel, Anselmo Trejo Gallardo, Terrón de la Cámara, Armengol Sampérez, Madroñero, Amalio Fatuarte Rodríguez y Flecha; el asesor militar será en esos primeros días el comandante de la Guardia Civil José Vega Cornejo. El papel jugado por el gobernador civil Miguel Granados Ruiz —uno más de los gobernadores de Izquierda Republicana— plantea ciertas dudas, pues si, por un lado, parece haber existido cierto interés en presentarlo como un personaje anulado por el Comité, por otro es normal que, con la llegada del coronel Puigdengolas con plenos poderes, quedara en la sombra. Según la Causa General —siempre generosa en descalificativos para los republicanos— observó «mediana conducta social», lo que no es poco. En su breve período de mandato y a tono con el estilo de los gobernadores de Izquierda Republicana, intentó controlar los excesos que se producían desde ambos extremos, ordenando por igual el ingreso en prisión de los alborotadores fascistas y de elementos considerados revolucionarios, como Juan Miranda Flores, alcalde de Corte de Peleas. Juan Simeón Vidarte nos cuenta que en las ocasiones en que habló con él en los últimos días de julio siempre le dijo lo mismo: «No te preocupes. Aquí no hay regimientos que puedan sublevarse, los de la capital son leales y la Guardia Civil y las fuerzas de Asalto también». Granados, que contaba con la protección del gobernador de Elvas, huyó a Portugal el 12 de agosto librándose así de una muerte segura. Pocas dudas ofrece el bando —uno más de los declarados al amparo de la durísima Ley de Orden Público de 1933, una de las rémoras del bienio republicano-socialista—, típico de los gobernadores republicanos, obsesionados por el orden público y que no parecen ser muy conscientes del peligro real que se avecinaba, que con fecha de viernes 17 apareció el sábado 18 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia:

 

 

Don MIGUEL GRANADOS RUIZ, GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA.

 

HAGO SABER: Que queda declarado y en vigor el estado de alarma en todo el territorio nacional, en la forma en que prescribe el artículo 34 de la Ley de 23 de julio de 1933, y haciendo uso de las facultades que dicha Ley me concede, y como consecuencia de la suspensión de garantías que se establecen en los artículos 29, 31, 34 y 39 de la Constitución y como medidas necesarias para asegurar el orden legal establecido, recuerda lo siguiente:

 

Primero: Será detenida toda persona o agrupación de personas que intenten alterar el orden, registrándose sus domicilios con arreglo a las disposiciones especiales que rigen en el declarado estado de alarma.

 

Segundo: Los que públicamente se produzcan con armas u otros medios de acción violenta serán disueltos por la fuerza pública en cuanto no obedezcan el primer toque de atención que se les dé para ello.

 

Tercero: Serán clausurados los Centros de Asociaciones cuyo funcionamiento se estime peligroso para la causa del orden.

 

Cuarto: Quedan prohibidos los grupos, especialmente de personas y manifestaciones en las calles, caminos y carreteras, así como las reuniones al aire libre.

 

Quinto: La previa censura, que se ejerce en este Gobierno, afecta a todos los impresos cuya circulación se desee.

 

Las sanciones que la ley de Orden Público establece para la infracción de las disposiciones que preceden se aplicarán con todo rigor, confiando en que el buen sentido de los ciudadanos no hará precisa su aplicación y que se prestará ayuda a la Autoridad para el riguroso mantenimiento del orden público.

 

Badajoz, 17 de julio de 1936.

El Gobernador Civil,

MIGUEL GRANADOS RUIZ.

 

 

En ese momento, la preocupación de Granados Ruiz —como la de tantos otros gobernadores civiles— parece estar más por la reacción al golpe que por el propio golpe militar. De hecho —empezando por la terminología: causa del orden, toque de atención, previa censura…— parece que se enfrenta a una huelga general o a una revuelta, más que a una sublevación militar. Una de las primeras misiones del Comité de Defensa será organizar a las milicias locales y a los hombres que comienzan a llegar de los pueblos. Aunque no se sabe realmente el número de fuerzas que se dispusieron a defender la ciudad, se suele cifrar, siempre con escaso fundamento, en unos cinco mil hombres, entre militares y milicianos. La mayoría se situó en el tramo de muralla que iba de la Puerta Trinidad a Puerta Pilar; otros se desperdigaron por las diversas torres y fortalezas de la ciudad (Espantaperros, castillo, catedral, iglesias) y en torno a los edificios oficiales. Sin embargo, el cónsul portugués en Badajoz, Vasco Manuel Sousa Pereira, comunicaba a sus superiores el día primero de agosto que el número de milicianos era de unos mil, de los que poco podía esperarse dado su escaso conocimiento de las armas. Aparte de las milicias se organizó una guardia cívica, compuesta de unos cien hombres armados pertenecientes a los partidos integrantes del Frente Popular, y que se encargó de todo lo relativo a registros domiciliarios, detenciones, escolta, vigilancia, etc. Esta guardia cívica estuvo dirigida por Eduardo Fernández Arlazón, inspector jefe de la Guardia Municipal a las órdenes directas del alcalde Sinforiano Madroñero. En la existencia de esta fuerza está la clave de los escasos brotes de violencia habidos en la ciudad entre el 18 de julio y el 14 de agosto. Hasta tal punto fue esto así que cuando en marzo de 1937 un consejo de guerra condenó a muerte a Fernández Arlazón —que también había sido alcalde de Olivenza en los primeros años de la República—, debido a los numerosos testimonios favorables, Franco le conmutó la pena por la de treinta años. También a partir del 29 de julio se organizó, a cargo de Modesto Moreno Gamero, una guardia en la parte baja del Guadiana cercana con Portugal. Todas las armas que se entregaron lo fueron mediante licencias firmadas por el Comité. Según la Causa General el grupo que intervino en la mayoría de los hechos violentos que se producen a partir del siete de agosto, capitaneado por Antonio Antúnez «El Tuerto de las Moreras», estuvo orientado por Nicanor Almarza Ferrón y por algunos militantes comunistas llegados desde Madrid el cuatro o cinco de agosto, última fecha en que el tren circuló entre ambas ciudades. Sin embargo el origen de la información nos obliga a tomarla con todo tipo de prevenciones.

 

¿Cómo se solucionó el problema de la alimentación de las milicias a partir del día 19, en que comenzaron a llegar a Badajoz? El Ayuntamiento aprobó para tal menester varias cantidades entre el 20 de julio y el diez de agosto, que sumaron en total unas 30.000 pesetas. Salvador Sanguino Monsálvez fue el concejal encargado de gestionar estos pagos y de recoger las firmas del alcalde, el gobernador y el interventor. La cuestión fue tratada por primera vez en la sesión de 20 de julio, cuando se aprobó una primera factura de 3975 pesetas para afrontar los diversos gastos ya habidos desde el día anterior y se acordó destinar otras 3.000 a la manutención de los obreros llegados a Badajoz «para ponerse a las órdenes del Gobierno de la República con motivo del movimiento sedicioso iniciado por algunos elementos militares», y 2.123 pesetas para dotar de armamento a los empleados municipales que carecían de él. A dicha sesión asistieron el alcalde Madroñero y los concejales Bizarro, Campini, Cienfuegos, Domínguez Agudo, Domínguez Marín, García Sito, Higuero, López Alegría, Lozano, Moratinos, Ruiz, Sanguino, Terrón, Villarreal y Viñuela. Finalmente, después de tres semanas de gastos diarios (véase anexo I) en los que aun sin realizarse libramientos se mantuvieron ciertas formas, en la sesión del diez de agosto, sin duda desbordados ya por la gravedad de la situación y con la sola presencia de los concejales Salvador Sanguino, Manuel Ruiz Lozano, César Moratinos Mangirón y del secretario Rafael Rodríguez Rodríguez, se autorizó al alcalde Madroñero para que realizara cuantos gastos considerara oportunos. Esos gastos —como puede verse en el anexo— fueron pocos, teniendo en cuenta además que a partir del día once, ante lo que se avecinaba, ya no funcionaron los comedores para milicias…

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La columna de la muerte” ]

 

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