miércoles, 26 de octubre de 2022


 

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Alfredo Grimaldos /  “La CIA en España”

 

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Comisionistas y trilaterales

 

 

 

CONSEGUIDOR «ZARZUELERO»

 

La cercanía de Eduardo Serra al rey y a los norteamericanos le sitúa en una privilegiada encrucijada de caminos por la que transita todo tipo de operaciones políticas y, sobre todo, económicas. Lo que mejor ilustra la trayectoria política de Eduardo Serra es el hecho de que goza de cargos de relevancia, dentro del Ministerio de Defensa, con UCD, el PSOE y el PP. Abogado del Estado, entra a formar parte del equipo del Ministerio de Industria con Alberto Oliart, en 1977, y tras el golpe del 23-F, Calvo Sotelo lo incorpora a su Gobierno como secretario de Defensa, en un momento clave: se prepara el ingreso urgente de España en la OTAN. Con la llegada del PSOE al Gobierno, Felipe González y su vicepresidente Narcís Serra lo mantienen como subsecretario de Defensa, lo que no le impide afirmar públicamente: «No soy socialista ni por el forro». Antes del referéndum de 1986 sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica, Eduardo Serra propone «la creación de un lobby ibérico para recorrer los corredores del Pentágono, del Congreso y del Departamento de Estado, con armas “made in Spain” en la mano, con el fin de favorecer la penetración de la industria española de armamento en los mecanismos de decisión norteamericanos».

 

Pablo Castellano también hace un jugoso apunte sobre la incorporación de Eduardo Serra al equipo de Gobierno socialista:

 

En materia de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa, el jefe del Estado, siguiendo viejas tradiciones, despacha de forma especial y directamente con los correspondientes ministros. Y es pública y notoria su opinión, precedente al nombramiento de los mismos y hasta su propuesta, que explica la sorprendente y continuada presencia del «otro» Serra, Eduardo, en gobiernos de tan variado signo. El Rey no nombra ministros, pero algunos son más llamados por el Rey que otros.

 

Considerado oficiosamente como uno de los principales representantes de la Administración de Estados Unidos en los círculos gubernamentales y empresariales españoles, Serra es, además, conocido como miembro del «clan zarzuelero» que gira en torno a Juan Carlos de Borbón. Es notorio su papel de intermediario en la compra de armas aprovechando sus cargos oficiales y su posterior e impúdica incorporación, como alto directivo, a las empresas a las que ha encargado previamente trabajos desde el Ministerio de Defensa.

 

Manuel Soriano, en su libro La sombra del Rey, señala que el teniente general Sabino Fernández Campo sostenía:

 

El Ejército debe someterse a las normas generales de la contratación administrativa. Pero en lo que afecta a la especialidad peculiar de los servicios militares, las excepciones habrían de aplicarse con la mayor facilidad, ampliándolas y detallándolas si fuera preciso, como desarrollo de los casos que la ley prevé.

 

Y continúa diciendo:

 

Esas normas se fueron flexibilizando con el paso de los años por las exigencias que en el artículo ya se preveían y por la práctica del pago de comisiones que se generalizó en todos los países cuando se abordaba la compra de material militar. En España, el caso que provocó mayor escándalo fue la pugna entre McDonnell Douglas y Boeing para conseguir la adjudicación del programa FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque). Se lo llevó la primera compañía después de que la segunda se viera implicada en la denuncia de un pago de comisiones en cuya operación salió a relucir la princesa Torlonia, prima del Rey, y el abogado Francisco Jiménez Torres, que antes había sido presidente del INI.

 

En medio del enorme baile de millones que supone esta transacción bélica, aparece la figura de Eduardo Serra, responsable del Ministerio de Defensa en los grandes proyectos y negocios militares.

 

Entre ellos, este polémico proyecto FACA que propicia la compra de 72 aviones F-18 a la empresa norteamericana McDonnell Douglas, con un coste de 300 000 millones de pesetas.

 

Un año después de su salida del Gobierno, en 1988, es nombrado presidente de Telettra-España, la empresa filial española de la multinacional que realiza las instalaciones de comunicaciones de la OTAN en toda España, con un coste de 350 000 millones de pesetas. En 1989 es nombrado vicepresidente y después presidente de Cubiertas y MZOV, empresa que construye un refugio antinuclear en Toledo para el Ministerio de Defensa. Y a continuación, en 1993, accede a la presidencia de Peugeot-Talbot en España, y después a la de Airtel. A esa biografía hay que añadir la presidencia, desde 1987, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, de la que es presidenta de honor la reina Sofía.

 

Y como guinda, en 1996, José María Aznar le nombra ministro de Defensa. Una de las principales misiones con las que llega a ese cargo es la de no desclasificar los papeles del CESID que implican al Gobierno socialista en la guerra sucia contra ETA desatada por los GAL en los años ochenta…

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Alfredo Grimaldos. “La CIA en España” ]

 

 

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