Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

(...)

 

 

V. El Golpe de Estado de 1981

 

La Administración demócrata de Carter terminó su período con una inflexión en su política exterior simbolizada en la directriz 59 del Consejo Nacional de Seguridad, de 25 de julio de 1980, interpretada como preparatoria de iniciativas militares para una eventual guerra nuclear “limitada” en Europa. Aquel mes de julio se iniciaba la operación de asedio-derribo del gobierno presidido por Adolfo Suárez, intensificada a partir de la victoria del candidato republicano Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de noviembre del mismo año 1980. Hubo una relación de causalidad entre la política exterior de los primeros años de Carter y la reforma política de 1977-1978 en España, también la hubo entre el ingreso en la Casa Blanca del Partido Republicano, el 20 de enero de 1981, y la inmediata clausura de la etapa reformista del gobierno Suárez. La caída de este último y el golpe militar de enero-febrero de 1981 fueron el reflejo en España del paso de una Administración a otra en EEUU.

 

La elección de Ronald Reagan significó que el gobierno de EEUU diera prioridad en su política exterior a tres dimensiones principales:

 

a. Incremento de los gastos en armamento. El presupuesto de Defensa que en 1978 era de 108.000 millones de dólares, en 1981 alcanzaba 220.000 millones, y se proyectó elevarlo a 300.000 millones para 1985.

 

b. Movilización de los regímenes o movimientos activamente antidemocráticos y conservadores, desde Angola (apoyo a la guerrilla UNITA) y África del Sur a los países islámicos (Marruecos, Sudán, Egipto, Turquía, Pakistán, Arabia Saudita) y América Latina (Nicaragua, Argentina, El Salvador, etc.). En Tailandia, bastión americano en Asia del Sur, el 2 de abril de 1981 el segundo jefe del Estado Mayor del Ejército se sublevaba, suspendía la Constitución y disolvía el Parlamento, con la complacencia de EEUU y los restantes gobiernos aliados en el Pacto militar de la ASEAN.

 

c. Respaldo a gobiernos y organizaciones incondicionales de EEUU, aunque ejercieran el poder de forma inhumana. Correlativamente, relevo en los gobiernos más simbólicos entre los apoyados por la Administración Carter, en algunos casos de modo dramático: el avión del presidente del Gobierno portugués –Sa Carneiro (socialdemócrata)– se cayó en las postrimerías de 1980, y su sucesor en el cargo dimitía el 7 de agosto de 1981; el avión del presidente de Ecuador –Jaime Roldós (socialdemócrata)– se caía en mayo de 1981, y el del jefe militar de Panamá, Omar Torrijos (socialdemócrata), también se estrellaba en agosto siguiente. En Brasil, el general que durante la Administración Carter venía protagonizando el tránsito de la dictadura hacia una democracia controlada, Golbery do Couto e Silva –jefe de la Casa Civil de la Presidencia de la República–, aquel mismo mes de agosto seguía el ejemplo de Adolfo Suárez y se apartaba antes de que lo tumbaran, por razones equivalentes: las directrices antiaperturistas que desde Washington llegaban a Brasil. En Bolivia era neutralizado el levantamiento de los generales Natusch y Añez, financiados con seis millones de dólares aportados por Omar Torrijos. La embajadora de Reagan en la ONU, Joan Kirkpatrick, hacía por su parte una gira de confraternidad con las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, donde explicaba el final de las suspicacias de la Administración Carter hacia ellas.

 

Sin embargo, a finales de 1980 pocos países podían ofrecer mayor seguridad al sistema norteamericano que España. Los equipos cooptados dirigían tanto el Gobierno como la oposición, las bases militares de EEUU y sus inversiones eran aceptadas, no existía alternativa organizada –ni sindical ni política. Además, en su discurso de investidura del 18 de febrero de 1981 el candidato a la Presidencia del Gobierno por Unión del Centro Democrático (UCD), Leopoldo Calvo Sotelo, ofrecía incorporar España a la OTAN y a las instituciones de la guerra fría en Europa occidental, mantener las bases militares de EEUU, dar prioridad a las relaciones con Marruecos. La oposición en el Parlamento –F. González, S. Carrillo–, aunque verbalmente en desacuerdo con el ingreso en la OTAN, de hecho no movilizaba a la opinión pública en contra de esta opción, se manifestaba de acuerdo en las otras, no cuestionaba las cesiones al capital multinacional en España –mayores que en tiempos del propio Franco–, al tiempo que excluía de sus programas cualquier referencia a “nacionalizar” alguna actividad económica o “reformar” algún sector productivo. El sistema español funcionaba dentro de las programadas coordenadas políticas, militares y económicas de desmovilización social y apatía política. No obstante, en 1981 se intentó pasar de una fase de intervención indirecta sobre España a otra de militarización. ¿Qué razón podía subyacer en tal cambio? Veamos primero algunos de los hechos que puso de manifiesto el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981:

 

1. La recién inaugurada Administración Reagan, con el general Haig en la Secretaría de Estado, apoyó, por acción u omisión, el golpe en España.

 

2. Los centros del poder en España colaboraron, directa o indirectamente, en la preparación del contexto sociopolítico favorable a la intervención militar.

 

3. Los principales dirigentes políticos estuvieron involucrados en el proceso conducente a aquella intervención militar, con la coartada de hacerla desembocar en un gobierno llamado de “concentración nacional” presidido por un General que, paradójicamente, invocaría la “defensa del orden constitucional”…

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

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