Praktika

 

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EL 18 BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE

Carlos Marx (1852)

 

[ 009 ]

 

 

VI

 

La coalición con la Montaña y los republicanos puros, a que el partido del orden se veía condenado, en sus vanos esfuerzos por retener el poder militar y reconquistar la suprema dirección del poder ejecutivo, demostraba irrefutablemente que había perdido su mayoría parlamentaria propia. La mera fuerza del calendario, la manecilla del reloj, dio el 28 de mayo la señal para su completa desintegración. Con el 28 de mayo comienza el último año de vida de la Asamblea Nacional. Esta tenía que decidirse ahora por seguir manteniendo intacta la Constitución o por revisarla. Pero la revisión constitucional no quería decir solamente dominación de la burguesía o de la democracia pequeñoburguesa, democracia o anarquía proletaria, república parlamentaria o Bonaparte, sino que quería decir también Orleáns o Borbón. Con esto, se echó a rodar en el parlamento la manzana de la discordia, que por fuerza tenía que encender abiertamente el conflicto de intereses que dividían el partido del orden en fracciones enemigas. El partido del orden era una amalgama de sustancias sociales heterogéneas. El problema de la revisión creó la temperatura política que descompuso el producto en sus elementos originarios.

 

El interés de los bonapartistas por la revisión era sencillo. Para ellos, tratábase sobre todo de derogar el artículo 45, que prohibía la reelección de Bonaparte y la prórroga de sus poderes. No menos sencilla parecía la posición de los republicanos. Estos rechazaban incondicionalmente toda revisión, viendo en ella una conspiración urdida por todas partes contra la república. Y como disponían de más de la cuarta parte de los votos de la Asamblea Nacional y constitucionalmente eran necesarias las tres cuartas partes para acordar válidamente la revisión y convocar la Asamblea encargada de llevarla a cabo, les bastaba con contar sus votos para estar seguros del triunfo. Y estaban seguros de triunfar.

 

Frente a estas posiciones tan claras, el partido del orden se hallaba metido en inextricables contradicciones. Si rechazaba la revisión, ponía en peligro el statu quo, no dejando a Bonaparte más que una salida, la,de la violencia, entregando a Francia el segundo domingo de mayo de 1852, en el momento decisivo, a la anarquía revolucionaria, con un presidente que había perdido su autoridad, con un parlamento que hacía ya mucho que no la tenía y con un pueblo que aspiraba a reconquistarla. Si votaba por la revisión constitucional, sabía que votaba en vano y que sus votos fracasarían necesariamente ante el veto constitucional de los republicanos. Si, anticonstitucionalmente, declaraba válida la simple mayoría de votos, sólo podía confiar en dominar la revolución, sometiéndose sin condiciones a las órdenes del poder ejecutivo y erigía a Bonaparte en dueño de la Constitución, de la revisión constitucional y del propio partido del orden. Una revisión puramente parcial, que prorrogase los poderes del presidente abría el camino a la usurpación imperial. Una revisión general, que acortase la vida de la república, planteaba un conflicto inevitable entre las pretensiones dinásticas, pues las condiciones para una restauración borbónica y para una restauración orleanista no sólo eran distintas, sino que se excluían mutuamente.

 

La república parlamentaria era algo más que el terreno neutral en el que podían convivir con derechos iguales las dos fracciones de la burguesía francesa, los legitimistas y los orleanistas, la gran propiedad territorial y la industria. Era la condición inevitable para su dominación en común, la única forma de gobierno en que su interés general de clase podía someter a la par las pretensiones de sus distintas fracciones y las de las otras clases de la sociedad. Como realistas, volvían a caer en su antiguo antagonismo, en la lucha por la supremacía de la propiedad territorial o la del dinero, y la expresión suprema de este antagonismo, su personificación, eran sus mismos reyes, sus dinastías. De aquí la resistencia del partido del orden contra la vuelta de los Borbones.

 

El orleanista y diputado Creton había presentado periódicamente, en 1849, 1850, 1851, la proposición de derogar el decreto de destierro contra las familias reales. Y el parlamento daba, con la misma periodicidad, el espectáculo de una asamblea de realistas que se obstinaban en cerrar a sus reyes desterrados la puerta por la que podían retornar a la patria. Ricardo III había asesinado a Enrique VI con la observación de que era demasiado bueno para este mundo y estaba mejor en el cielo. Aquellos realistas declaraban que Francia no merecía volver a poseer sus reyes. Obligados por la fuerza de las circunstancias, se habían convertido en republicanos y sancionaban repetidamente la decisión del pueblo que expulsaba a sus reyes de Francia.

 

La revisión constitucional (y las circunstancias obligaban a tomarla en cuenta) ponía en tela de juicio, a la par que la república, la dominación en común de las dos fracciones de la burguesía y resucitaba de nuevo, con la posibilidad de una restauración de la monarquía, la rivalidad de intereses que ésta había representado alternativamente y con preferencia, resucitaba la lucha por la supremacía de una fracción sobre la otra. Los diplomáticos del partido del orden creían poder dirimir la lucha amalgamando ambas dinastías, mediante una llamada fusión de los partidos realistas y de sus casas reales. La verdadera fusión de la restauración y de la monarquía de Julio era la república parlamentaria, en la que se borraban los colores orleanista y legitimista y las especies burguesas desaparecían en el burgués a secas, en el burgués como género. Pero ahora se trataba de que el orleanista se hiciese legitimista y el legitimista orleanista. Se quería que la monarquía, encarnación de su antagonismo, pasase a encarnar su unidad, que la expresión de sus intereses fraccionales exclusivos se convirtiese en expresión de su interés común de clase, que la monarquía hiciese lo que sólo podía hacer y había hecho la abolición de dos monarquías, la República. Era la piedra filosofal, en cuyo descubrimiento se quebraban la cabeza los doctores del partido del orden. ¡Como si la monarquía legítima pudiera convertirse nunca en la monarquía del burgués industrial o la monarquía burguesa en la monarquía de la aristocracia tradicional de la tierra! ¡Como si la propiedad territorial y la industria pudiesen hermanarse bajo una sola corona, cuando ésta sólo podía ceñir una cabeza, la del hermano mayor o la del menor! ¡Como si la industria pudiese avenirse nunca con la propiedad territorial, mientras ésta no se decide a hacerse industrial! Aunque Enrique V muriese mañana, el conde de París no se convertiría por ello en rey de los legitimistas, a menos que dejase de serlo de los orleanistas. Sin embargo, los filósofos de la fusión, que se engreían a medida que el problema de la revisión iba pasando al primer plano, que hicieron de la Assemblée Nationale su órgano diario oficial y gua incluso vuelven a laborar en ese momento (febrero de 1852), buscaban la explicación de todas las dificultades en la resistencia y la rivalidad de ambas dinastías. Los intentos de reconciliar a la familia de Orleáns con Enrique V, intentos que comenzaron desde la muerte de Luis Felipe, pero que, como todas las intrigas dinásticas, solamente se representaban, en general, durante las vacaciones de la Asamblea Nacional, en los entreactos, entre bastidores, más por coquetería sentimental con la vieja superstición que como un propósito serio, se convirtieron ahora en acciones dramáticas, representadas por el partido del orden en la escena pública, en vez de representarse como antes en un teatro de aficionados.

 

Los correos volaban de París a Venecia, de Venecia a Claremont, de Claremont a París. El conde de Chambord lanza un manifiesto en el que «con la ayuda de todos los miembros de su familia», anuncia, no su restauración, sino la restauración «nacional». El orleanista Salvandy se echa a los pies de Enrique V. En vano los jefes legitimistas Berryer, Benoist d'Azy, Saint-Priest, se van en peregrinación a Claremont, a convencer a los Orleáns. Los fusionistas se dan cuenta demasiado tarde de que los intereses de ambas fracciones burguesas no pierden en exclusivismo ni ganan en transigencia por agudizarse bajo la forma de intereses de familia, de los intereses de dos casas reales. Aunque Enrique V reconociese al Conde de París como su sucesor (único éxito que, en el mejor de los casos, podía conseguir la fusión), la casa de Orleáns no ganaba con ello ningún derecho que no le garantizase ya la falta de hijos de Enrique V y en cambio perdía todos los derechos que le había conquistado la revolución de julio. Renunciaba a sus derechos originarios, a todos los títulos que, en una lucha casi secular, había ido arrancando a la rama más antigua de los Borbones, cambiaba sus prerrogativas históricas, las prerrogativas de la monarquía moderna, por las prerrogativas de su árbol genealógico. Por tanto, la fusión no sería más que la abdicación voluntaria de la casa de Orleáns, su resignación legitimista, la vuelta arrepentida de la Iglesia estatal protestante a la católica. Una retirada que, además, no la llevaría siquiera al trono que había perdido, sino a las gradas del trono en que había nacido. Los antiguos ministros orleanistas, Guizot, Duchâtel, etc., que se fueron también corriendo a Claremont, a abogar por la fusión, sólo representaban en realidad la resaca que había dejado la revolución de julio, la falta de fe en la monarquía burguesa y en la monarquía de los burgueses, la fe supersticiosa en la legitimidad como último amuleto contra la anarquía. Creyéndose mediadores entre los Orleáns y los Borbón, sólo eran en realidad orleanistas apóstatas, y como tales los recibió el príncipe de Joinville. En cambio, el sector viable y batallador de los orleanistas, Thiers, Baze, etc., convenció con tanta mayor facilidad a la familia de Luis Felipe de que si toda restauración monárquica inmediata presuponía la fusión de ambas dinastías y ésta, a su vez, la abdicación de la casa de Orleáns, correspondía por entero a la tradición de sus antepasados el reconocer provisionalmente la república esperando a que los acontecimientos permitiesen convertir el sillón presidencial en trono. Se difundió en forma de rumor la candidatura de Joinville a la presidencia, manteniéndose en suspenso la curiosidad pública, y algunos meses más tarde, en septiembre, después de rechazarse la revisión constitucional, fue públicamente proclamada.

 

De este modo, no sólo había fracasado el intento de una fusión realista entre orleanistas y legitimistas, sino que había roto su fusión parlamentaria, su forma común republicana volviendo a desdoblar el partido del orden en sus primitivos elementos; pero, cuanto más crecía el divorcio entre Claremont y Venecia, cuanto más se rompía su avenencia y más se iba extendiendo la agitación a favor de Joinville, más acuciantes y más serias se hacían las negociaciones entre Faucher, el ministro de Bonaparte, y los legitimistas.

 

La descomposición del partido del orden no se detuvo en sus elementos primitivos. Cada una de las dos grandes fracciones se descompuso a su vez de nuevo. Era como si volviesen a revivir todos los viejos matices que antiguamente se habían combatido dentro de cada uno de los dos campos, el legitimista y el orleanista; como ocurre con los infusorios secos al contacto con el agua; como si hubiesen recuperado la suficiente energía vital para formar grupos propios y antagonismos independientes. Los legitimistas veíanse transpuestos en sueños a los litigios entre las Tullerías y el Pabellón Marsan, entre Villèle y Polignac. Los orleanistas volvían a vivir la edad de oro de los torneos entre Guizot, Molé, Broglie, Thiers y Odilon Barrot.

 

El sector revisionista del partido del orden, aunque discorde también en cuanto a los límites de la revisión, integrado por los legitimistas bajo Berryer y Falloux de un lado, y de otro La Rochejaquelein, y los orleanistas cansados de luchar, bajo Molé, Broglie, Montalembert y Odilon Barrot, llegó a un acuerdo con los representantes bonapartistas acerca de la siguiente vaga y amplia proposición:

 

«Los diputados abajo firmantes, con el fin de restituir a la nación el pleno ejercicio de su soberanía, presentan la moción de que la Constitución sea revisada».

 

Pero al mismo tiempo declaraban unánimemente, por boca de su portavoz, Tocqueville, que la Asamblea Nacional no tenía derecho a pedir la abolición de la república, que este derecho sólo correspondía a la cámara encargada de la revisión. Que, por lo demás, la Constitución sólo podía revisarse por la vía «légal», es decir, cuando votasen por la revisión las tres cuartas partes de los votos constitucionalmente prescritas. Tras 6 días de turbulentos debates, el 19 de julio, fue rechazada, como era de prever, la revisión. Votaron a favor 446, pero en contra 278. Los orleanistas decididos, Thiers, Changarnier, etc., votaron con los republicanos y la Montaña.

 

La mayoría del parlamento se declaraba así en contra de la Constitución, pero ésta se declaraba, de por sí, a favor de la minoría y declaraba su acuerdo como obligatorio. Pero, ¿acaso el partido del orden no había supeditado la Constitución a la mayoría parlamentaria el 31 de mayo de 1850 y el 13 de junio de 1849? ¿No descansaba toda su política anterior en la supeditación de los artículos constitucionales a los acuerdos parlamentarios de la mayoría? ¿No había dejado a los demócratas y castigado en ellos la superstición bíblica por la letra de la ley? Pero en este momento la revisión constitucional no significaba más que la continuación del poder presidencial, del mismo modo que la persistencia de la Constitución sólo significaba la destitución de Bonaparte. El parlamento se había declarado a favor de él, pero la Constitución se declaraba en contra del parlamento. Bonaparte obró, pues, en un sentido parlamentario al desgarrar la Constitución, y en un sentido constitucional al disolver el parlamento.

 

El parlamento había declarado a la Constitución, y con ella su propia dominación, «fuera de la mayoría», con su acuerdo había derogado la Constitución y prorrogado los poderes presidenciales, declarando al mismo tiempo que ni aquélla podía morir ni éstos vivir mientras él mismo persistiese. Los que habían de enterrarlo estaban ya a la puerta. Mientras el parlamento discutía la revisión, Bonaparte retiró al general Baraguay d'Hilliers, que se mostraba indeciso, el mando de la primera división y nombró para sustituirle al general Magnan, el vencedor de Lyon, el héroe de las jornadas de diciembre, una de sus criaturas, que ya bajo Luis Felipe se había comprometido más o menos por él con motivo de la expedición de Boulogne.

 

El partido del orden demostró, con su acuerdo sobre la revisión, que no sabía gobernar ni servir, ni vivir ni morir, ni soportar la república ni derribarla, ni mantener la Constitución ni echarla por tierra, ni cooperar con el presidente ni romper con él. ¿De quién esperaba la solución de todas las contradicciones? Del calendario, de la marcha de los acontecimientos. Dejó de arrogarse un poder sobre éstos. Retó, por tanto, a los acontecimientos a que se impusiesen por la fuerza, retando con ello al poder, al que, en su lucha contra el pueblo, había ido cediendo un atributo tras otro, hasta reducirse a la impotencia frente a él. Para que el jefe del poder ejecutivo pudiese trazar el plan de lucha contra él con mayor desembarazo, fortalecer sus medios de ataque, elegir sus armas, consolidar sus posiciones, acordó, precisamente en este momento crítico, retirarse de la escena y aplazar sus sesiones por tres meses, del 10 de agosto al 4 de noviembre.

 

El partido parlamentario no sólo se había desdoblado en sus dos grandes fracciones y cada una de éstas no sólo se había subdividido, sino que el partido del orden dentro del parlamento se había divorciado del partido del orden fuera del parlamento. Los portavoces y escribas de la burguesía, su tribuna y su prensa, en una palabra, los ideólogos de la burguesía y la burguesía misma, los representantes y los representados aparecían divorciados y ya no se entendían más.

 

Los legitimistas de provincias, con su horizonte limitado y su ilimitado entusiasmo, acusaban a sus caudillos parlamentarios, Berryer y Falloux, de deserción al campo bonapartista y de traición contra Enrique V. Su inteligencia flordelisada creía en el pecado original, pero no en la diplomacia.

 

Incomparablemente más funesta y más decisiva era la ruptura de la burguesía comercial con sus políticos. Ella no reprochaba a éstos, como los legitimistas a los suyos, el haber desertado de un principio, sino, por el contrario, el aferrarse a principios ya superfluos.

 

Ya he apuntado más arriba que, desde la entrada de Fould en el Gobierno, el sector de la burguesía comercial que se había llevado la parte del león en el Gobierno de Luis Felipe, la aristocracia financiera, se había hecho bonapartista. Fould no sólo representaba el interés de Bonaparte en la Bolsa, sino que representaba al mismo tiempo los intereses de la Bolsa cerca de Bonaparte. La posición de la aristocracia financiera la pinta del modo más palmario una cita tomada de su órgano europeo, el "Economist" de Londres. En su número del 1 de febrero de 1851, la revista publica la siguiente correspondencia de París:

 

«Por todas partes hemos podido comprobar que Francia exige ante todo tranquilidad. El presidente lo declara en su mensaje a la Asamblea Legislativa, la tribuna nacional le hace eco, los periódicos lo aseguran, se proclama desde el púlpito, lo demuestran la sensibilidad de los valores del Estado ante la menor perspectiva de desorden y su firmeza tan pronto como triunfa el poder ejecutivo».

 

En su número del 29 de noviembre de 1851, el "Economist" declara en su propio nombre:

 

«En todas las Bolsas de Europa se reconoce ahora al presidente como el guardián del orden».

 

Por tanto, la aristocracia financiera condenaba la lucha parlamentaria del partido del orden contra el poder ejecutivo como una alteración del orden y festejaba todos los triunfos del presidente sobre los supuestos representantes de ella como un triunfo del orden. Por aristocracia financiera hay que entender aquí no sólo los grandes empresarios de los empréstitos y los especuladores en valores del Estado, cuyos intereses coinciden, por razones bien comprensibles, con los del poder público.

 

Todo el moderno negocio pecuniario, toda la economía bancaria, se halla entretejida del modo más íntimo con el crédito público. Una parte de su capital activo se invierte, necesariamente, en valores del Estado que dan réditos y son rápidamente convertibles. Sus depósitos, el capital puesto a su disposición y distribuido por ellos entre los comerciantes e industriales, afluye en parte de los dividendos de los rentistas del Estado. Si en todas las épocas la estabilidad del poder público es el alfa y el omega para todo el mercado monetario y sus sacerdotes, ¿cómo no ha de serlo hoy, en que todo diluvio amenaza con arrastrar junto a los viejos Estados las viejas deudas del Estado?

 

También a la burguesía industrial, en su fanatismo por el orden, le irritaban las querellas del partido parlamentario del orden con el poder ejecutivo. Después de su voto del 18 de enero con motivo de la destitución de Changarnier, Thiers, Anglès, Sainte-Beuve, etc., recibieron reprimendas públicas, procedentes precisamente de sus mandantes de los distritos industriales, en las que se estigmatizaba sobre todo su coalición con la Montaña como un delito de alta traición contra el orden. Si bien hemos visto que las pullas jactanciosas, las mezquinas intrigas en que se manifestaba la lucha del partido del orden contra el presidente no merecían mejor acogida, por otra parte este partido burgués, que exigía a sus representantes que dejasen pasar sin resistencia el poder militar de manos de su propio parlamento a manos de un pretendiente aventurero, no era siquiera digno de las intrigas que se malgastaban en su interés. Demostraba que la lucha por defender su interés público, su propio interés de clase, su poder político, no hacía más que molestarle y disgustarle como una perturbación de su negocio privado.

 

Durante las jiras de Bonaparte, los dignatarios burgueses de las ciudades departamentales, los magistrados, los jueces comerciales, etc., le recibían en todas partes, casi sin excepción, del modo más servil, aun cuando, como hizo en Dijon, atacase sin reservas a la Asamblea Nacional y especialmente al partido del orden.

 

Cuando el comercio marchaba bien, como ocurría aún a comienzos de 1851, la burguesía comercial se enfurecía contra todo lo que fuese lucha parlamentaria, por miedo a que el comercio perdiese el humor. Cuando el comercio marchaba mal, como ocurría constantemente desde fines de febrero de 1851, acusaba a las luchas parlamentarias de ser la causa del estancamiento y clamaba por que aquellas luchas se acallasen para que el comercio pudiera reanimarse. Los debates sobre la revisión constitucional coincidieron precisamente con esta época mala.

 

Como aquí se trataba del ser o no ser de la forma de gobierno existente, la burguesía se sintió tanto más autorizada a reclamar a sus representantes que se pusiese fin a esta atormentadora situación provisional y que se mantuviese el statu quo. Esto no era ninguna contradicción. Por poner fin a esta situación provisional ella entendía precisamente su perpetuidad el aplazar hasta un remoto porvenir el momento de tomar una decisión. El statu quo sólo podía mantenerse por dos caminos: prorrogar los poderes de Bonaparte o hacer que éste dimitiese constitucionalmente y elegir a Cavaignac. Una parte de la burguesía deseaba la segunda solución y no supo dar a sus representantes mejor consejo que callar, no tocar el punto candente. Creía que si sus representantes no hablaban, Bonaparte se abstendría de obrar. Quería un parlamento-avestruz, que escondiese la cabeza para no ser visto. Otra parte de la burguesía quería que Bonaparte, ya que estaba sentado en el sillón presidencial, continuase sentado en él, para que todo siguiese igual. Y le sublevaba que su parlamento no violase abiertamente la Constitución y no abdicase sin más rodeos.

 

Los Consejos generales de los departamentos, representaciones provinciales de la gran burguesía, reunidos durante las vacaciones de la Asamblea Nacional, desde el 25 de agosto, se declararon casi unánimemente en pro de la revisión, es decir, en contra del parlamento y a favor de Bonaparte.

 

Más inequívocamente todavía que el divorcio con sus representantes parlamentarios, ponía de manifiesto la burguesía su furia contra sus representantes literarios, contra su propia prensa. Las condenas a multas exorbitantes y a desvergonzadas penas de cárcel con que los jurados burgueses castigaban todo ataque de los periodistas burgueses contra los apetitos usurpadores de Bonaparte, todo intento por parte de la prensa de defender los derechos políticos de la burguesía contra el poder ejecutivo, causaban el asombro no sólo de Francia, sino de toda Europa.

 

Si el partido parlamentario del orden, con sus gritos pidiendo tranquilidad, se condenaba él mismo, como ya he indicado, a la inacción, si declaraba la dominación política de la burguesía incompatible con la seguridad y la existencia de la burguesía, destruyendo por su propia mano, en la lucha contra las demás clases de la sociedad, todas las condiciones de su propio régimen, del régimen parlamentario, la masa extraparlamentaria de la burguesía, con su servilismo hacia el presidente, con sus insultos contra el parlamento, con el trato brutal a su propia prensa, empujaba a Bonaparte a oprimir, a destruir a sus oradores y sus escritores, sus políticos y sus literatos, su tribuna y su prensa, para poder así entregarse confiadamente a sus negocios privados bajo la protección de un gobierno fuerte y absoluto. Declaraba inequívocamente que ardía en deseos de deshacerse de su propia dominación política, para deshacerse de las penas y los peligros de esa dominación…”

 

(continuará)

 

 

[ Fragmento de: Karl MARX. “El 18 brumario de Luis Bonaparte” ]

 

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