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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.
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Sevilla
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EL CAPITÁN JULIO CARMONA, UN MILITAR RETIRADO
La Causa 4/36, del Registro Especial de la Secretaría de Justicia de la División contra el capitán de Infantería retirado Julio Carmona Molina, fue sobreseída el 21 de septiembre de 1937. Constituye un caso parecido al de Fernández de Labandera, pero realmente representa otra de las vías utilizadas por los sublevados para eliminar gente. Como en este caso carecían de un «10 de agosto» que justificara su eliminación, inventaron una prueba. Julio Carmona fue detenido el 20 de julio. El informe de la Policía dice que los agentes Santiago Cisneros González y Emilio Jodra Martínez, auxiliados por Fernando Gutiérrez y por el soldado Rogelio Fernández Cisneros, realizaron un registro en la casa de Julio Carmona en la calle Herbolarios (entre la Alfalfa y la Plaza del Pan), encontrando una pistola y una escopeta, tras lo cual se llevaron al excapitán al Cuartel de Infantería. Dicho informe describe a Carmona, hombre políticamente moderado cercano a Martínez Barrio, como un «conocido propagandista comunista» y, sobre todo, aclara que según cierto vecino «afecto a la plantilla» ha estado disparando durante toda la noche.
Ese mismo día 20 de julio se ordenó al comandante Juez Permanente Luis Pastor Coll que procediera a instruir juicio sumarísimo, asistiéndole como secretario el capitán Carlos Gómez Cobián, sustituido al día siguiente por el capitán José Ojeda Delgado.
Se trata de otro proceso inacabado. La prueba era tan absurda como las primeras acusaciones realizadas contra Labandera. Los mismos sublevados sabían que el tiroteo nocturno formaba parte del plan para aterrorizar a la ciudad y resguardar el centro. Ya decía Rafael Medina Villalonga en su Tiempo pasado que esos disparos se debían «a las ganas de los nuestros de darle gusto al dedo». ¿Qué objeto tenía que Julio Carmona se dedicara a disparar cuando lo lógico hubiera sido desear que la izquierda sevillana se desplazara al centro para proteger los centros oficiales y defender a la República? La inconsistencia del proceso era tal que alguien decidió ahorrarse la farsa judicial. La noche del 29 de agosto Julio Carmona Molina fue incluido en el grupo de los que diariamente eran asesinados en las tapias del Cementerio de San Fernando. Su muerte no fue inscrita en el Registro Civil hasta junio de 1937. En un borrador escrito a mano unido al expediente se leía:
De acuerdo con el anterior decreto presto mi conformidad al sobreseimiento definitivo de estos autos. A los efectos procedentes, vuelva lo actuado al iltmo Sr. Auditor de Guerra de este Ejército. Fecha 21-9-37.
LAS AUTORIDADES CIVILES
Otro grupo de detenidos en la tarde del 18 de julio, recluidos inicialmente en la División y trasladados el mismo 19 a la Prisión Provincial, fueron:
Horacio Hermoso Araujo (Alcalde)
José María Varela Rendueles (Gobernador Civil)
Rafael Lora Beltrán (Jefe interino de la Guardia Municipal)
Ángel Casal Casado (Concejal)
Antonio Tirado Moreno (Delegado Gubernativo en la Mancomunidad Geográfica del Guadalquivir)
José Luis Relimpio Carreño (Delegado de Trabajo)
José Manuel Puelles de los Santos (Presidente de Diputación)
Francisco Yélamo Gallardo (Gestor Provincial)
José Luis Vergillos Ávila (Gestor Provincial)
José Pérez Mendoza (Gestor Provincial)
Puelles y los tres diputados provinciales fueron detenidos en el Hotel Majestic (actual Colón) mientras celebraban la onomástica de un compañero. Según el testimonio escrito del propio doctor José Manuel Puelles fueron conducidos a prisión sobre la una de la tarde del domingo. Además de los mencionados iban también un hermano del Gobernador Civil y su secretario particular, José María Serrano Gil de Santibáñez. El doctor Puelles pasó a una celda con Tirado y Casal. Allí se enteró unos días después del asalto fascista a su casa y a su despacho, donde entre otras cosas destrozaron el aparato de rayos X («¡A mí, que sólo hice bien por todos! Paciencia y templanza: nada de eso me ha conmocionado lo más mínimo; únicamente pensar en lo que hayáis sufrido vosotros —¡mis hijos de mi alma!— me parte el corazón»). Su obsesión, en la seguridad de que él personalmente nada tenía que temer, fue su familia y sus amigos («ordinariamente los que menos tienen que agradecer son los que mejor cumplen»). El 3 de agosto escribía a su mujer que debía avisar a un amigo para que «el mismo día que se entere de mi libertad vaya seguidamente a ésa [su casa]». La última carta fue escrita el 4 de agosto: «No hagas caso de los bulos ni me hables más que de ustedes que es lo que me interesa». Concluía: «Y nada más, alma mía, que abrazarte y besarte con este pensamiento que sólo hacia vosotros vuela con el inmenso cariño que te tiene tu Pepe». La carta concluía enviando caricias para sus hijos. Fue su último mensaje. Esa tarde José García Carranza «El Algabeño», ahora mano derecha de Queipo junto precisamente con Díaz Criado, se encontró de manera casual con Esperanza, la hija mayor de José Manuel Puelles, una muchacha de catorce años, a la que espetó que su padre moriría esa noche.
Queipo había afirmado en una de sus primeras charlas que ya decidiría la Auditoría de Guerra lo que hubiera de hacerse con aquellos detenidos. Todos fueron inicialmente agrupados en la Causa 8/1936, instruida por el comandante Luis Pastor Coll y de la que más tarde se desglosarían otras causas. Pero con la mayoría de ellos se prescindió de formalismo alguno: Puelles y Relimpio fueron eliminados el día 5 de agosto. «Por orden fecha 5 del actual, recibida a las 2.30 de la mañana, y que se une al expediente de José Manuel Puelles, es entregado a la fuerza pública para su traslado al Cuartel del Carmen», decía la orden de salida de José Luis Relimpio. Así, con este artificio del cuartel, fueron sacados y asesinados esa misma noche con varias personas más. Antonio Tirado fue entregado a la fuerza pública para su traslado a Comisaría por orden del Delegado de S. E., el capitán Díaz Criado, el día 21 de agosto junto con el concejal republicano Laureano Talavera Martínez, desapareciendo éste al día siguiente y Tirado tres días después. El alcalde Hermoso fue trasladado de la Prisión a la Comisaría el día 21 de septiembre, siendo asesinado el 29 de ese mes. Vergillos desapareció el 26 de octubre y en cuanto a Serrano, aunque se ignora la fecha de muerte, sabemos que debió ser a fines de octubre, ya que el 24 de dicho mes pasó de la Prisión Provincial a la Comisaría. De alguno se ignora su destino; otros, como los hermanos Varela y Casal, salvaron la vida con grandes dificultades. Angel Casal, por ejemplo, que había ingresado en prisión el domingo 19 de julio con otros compañeros, fue de los pocos que pudo contarlo, cumpliendo una condena de doce meses de arresto que lo mantuvo preso hasta el 17 de julio de 1937.
El gobernador José María Varela, cuyo Consejo de Guerra tuvo lugar el 10 de febrero de 1937, fue inicialmente condenado a muerte, siéndole al final conmutada la pena por treinta años de prisión. Durante meses y en un pavoroso recorrido por diversos centros de reclusión asistió a la desaparición de casi todos sus amigos y compañeros. Fue en uno de esos centros donde un día vio llegar al cardenal Ilundáin, quien al pasar junto al Gobernador Civil republicano y después de pasar la vista por él, a quien conocía, comentó displicente a sus acompañantes: «Está un poco más grueso». Antes de que se hiciera cargo de su defensa un militar, fue defendido por el jefe de la CEDA en Sevilla José Monge Bernal. El gobernador Varela Rendueles, como su hermano Joaquín, fue salvado de un fusilamiento inmediato por la influencia del jesuíta Pedro María Ayala en representación de la poderosa Compañía de Jesús. También actuaron a su favor la condesa de Lebrija y el Jalifa, a quien la primera tenía alojado en su palacio. Finalmente, y esto ya pertenece al terreno de lo sobrenatural, recibió el apoyo del subdelegado de Orden Público, segundo de Manuel Díaz Criado, el brigada Rebollo…”
(continuará)
[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”]
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