Praktika

 

732

 

Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

  (...)

 

 

3. La Guerra Fría en América Latina

 

 

XIII. LA COALICIÓN BÉLICA DESINTEGRA A CHILE

 

En las presidenciales de septiembre de 1970, la Coalición en torno de EEUU intervino según el modelo aplicado, con éxito, en las elecciones de 1964. El 27 de junio anterior el Comité 40 del Consejo de Seguridad Nacional asignó 390.000 dólares a campañas de propaganda negra y desinformación contra la candidatura del doctor Allende. El 24 de julio Henry Kissinger, consejero de Seguridad Nacional, comunicaba a los secretarios de Estado y Defensa, al director de la CIA y al presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor que el Presidente Nixon ordenaba «revisar con urgencia, para antes del 18 de agosto, la política y estrategia de EEUU en el caso de que Allende ganara las elecciones. Con todo, el 4 de septiembre de 1970 éste obtenía la primera mayoría de votos en sufragio universal y directo. El 24 de octubre siguiente el Congreso en Pleno le votaba por mayoría absoluta como presidente de la República –con el apoyo de los parlamentarios del PDC cuya dirección en esas fechas, opuesta al sector Frei, rechazó los sobornos promovidos desde Washington para que invistieran como Presidente al candidato en segunda posición –Jorge Alessandri.

 

 

El problema político mayor para la Coalición bélica había quedado al descubierto: las instituciones democrático-representativas dificultaban el control del país por la Potencia exterior. El objetivo a destruir fue señalado: el propio Estado democrático-representativo, las libertades de sus ciudadanos. La orden de golpe militar fue dada de inmediato por Nixon, el 15 de septiembre de 1970, a instancias del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards, desplazado a este fin a Washington en compañía de Donald Kendall, presidente de Pepsi-Cola. Se contactó para su ejecución al jefe de la Fuerza Aérea, al de la Marina y al de Carabineros. Se alistó al jefe de la Guarnición del Ejército en Santiago, general Camilo Valenzuela. El comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, se opuso a la insurrección y, tras un frustrado intento de secuestro, fue asesinado por los conspiradores. Pero su patriotismo, disciplina y respeto a la Constitución evitó el golpe de Estado y las instituciones representativas sobrevivieron, hasta que al cabo de tres años la Coalición interventora pudo crear condiciones favorables para una insurrección militar que destruyera no sólo el Gobierno sino el entero sistema republicano democrático. El programa estaba contenido en la Decisión núm. 93 del Consejo Nacional de Seguridad que Henry Kissinger dirigió, el 9 de noviembre de 1970 y por orden del presidente Nixon, a sus brazos ejecutivos: Secretarios de Estado, Defensa, Tesoro, Directores de la CIA y de la Oficina de Operaciones de Emergencia, Administrador de AID, Director del Office of Management and Budget, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor:

 

– El objetivo: «evitar que el Gobierno de Allende se consolide y limitar su capacidad de llevar a la práctica políticas contrarias a los intereses de EEUU y del hemisferio».

 

– Los medios:

 

a) Guerra diplomática: «emprender esfuerzos vigorosos para asegurar que otros gobiernos en América Latina entienden bien que EEUU se opone a la consolidación de [gobierno Allende] […] y en todo lo posible estimularlos a adoptar una postura similar».

 

b) Presión militar, en especial desde Brasil y Argentina (sometidas a sendas dictaduras):

entablar consultas detalladas con gobiernos clave de América Latina, en particular Brasil y Argentina para coordinar esfuerzos de oposición a iniciativas de Chile […]; para lograr este objetivo, deben incrementarse los esfuerzos para establecer y mantener estrechas relaciones con líderes militares amigos en el hemisferio.

 

c) Guerra económica: «posibles desarrollos en los mercados mundiales de cobre, acciones para introducir en el mercado las reservas acumuladas y otros factores que puedan afectar al mercado del cobre chileno […], no comprometer nueva ayuda económica bilateral […], los compromisos actuales deben aplicarse en forma que puedan ser reducidos, aplazados o interrumpidos si EEUU lo desea».

 

d) Bloqueo financiero:

excluir ayudas financieras o garantías a las inversiones privadas en Chile […]; suprimir o reducir los acuerdos vigentes de garantía y financiamiento […]; ejercer la máxima presión sobre las instituciones financieras internacionales para limitar los créditos u otras ayudas financieras a Chile […], y lograr el máximo apoyo a esta medida por parte de otras naciones amigas, en particular las de América Latina […]; concientizar a las empresas privadas de EEUU con inversiones u operaciones en Chile de la preocupación del gobierno de EEUU […] y de la naturaleza restrictiva de las medidas que el gobierno de EEUU se propone seguir.

 

e) Elaboración de un informe al mes, por lo menos, con propuestas de nuevas medidas específicas en el marco anterior y seguimiento de las ya aplicadas. A este fin Nixon designó un Grupo Especial de Trabajo Inter-Agencias, integrado por representantes de los secretarios de Estado y Defensa, director de la CIA y consejero Presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional.

 

Tamaño programa contra el Estado latinoamericano era aprobado por el presidente Nixon apenas cinco días después de que el doctor Allende asumiera su cargo. Antes pues de que tuviera tiempo de empezar a gobernar. La orden de Nixon del 9 de noviembre de 1970 era propia de una guerra sin declaración previa. Y fue ejecutada subterráneamente, pues era incompatible con el Derecho Internacional regulado por la Carta de las Naciones Unidas y con las normas de no intervención vigentes entre los Estados de América. Era una guerra preventiva, no la respuesta a decisiones de soberanía adoptadas después, como la nacionalización de la Gran Minería del Cobre por el Congreso en Pleno (11 de julio de 1971). Medidas de guerra acompañadas de las correspondientes ofensivas psicológicas y de propaganda en las que, según el entonces director de la CIA, William Colby, se aplicó a Chile un «prototipo o experimento de laboratorio para probar las técnicas de una inversión financiera masiva en un esfuerzo dirigido a desacreditar y derrocar a un gobierno». La pérdida del control de la Coalición bélica sobre la persona del jefe del Estado latinoamericano en septiembre-noviembre de 1970 aparece, así, como causa singular de la decisión de destruir al doctor Allende. Para Henry Kissinger era esta dimensión política la que primaba, la influencia del proceso chileno en países cruciales dentro de la Coalición de la Guerra Fría –en especial Italia y Francia, donde el intento de Allende de desarrollar la democracia y el socialismo era observado con mucho interés. La irradiación político-ideológica sobre Europa era la preocupación mayor para Kissinger en la guerra silenciosa que abrió en 1970 en un rincón del Sur de América. Al fin y a la postre, como decía la estimación de la CIA del 7 de septiembre de 1970, tres días después de la victoria electoral del doctor Allende:

 

1. EEUU no tiene intereses vitales en Chile […].

 

2. El equilibrio militar mundial no va a ser alterado significativamente por un gobierno Allende.

 

3. Una victoria de Allende tendría, sin embargo, considerables costos políticos y psicológicos:

 

a) La cohesión hemisférica estaría amenazada por el desafío que un gobierno Allende plantearía a la Organización de Estados Americanos y por las reacciones que podría crear en otros países. No vemos, sin embargo, ninguna probabilidad de amenaza a la paz de la región.

 

b) Una victoria de Allende representaría un claro golpe psicológico para EEUU y un claro progreso psicológico para los ideales marxistas.

 

La aplicación de aquel plan de guerra es la historia oculta de los mil días del gobierno Allende. Los chilenos han conocido, y sufren aún hoy, sus prolongados efectos económicos, humanos, políticos, psicológicos. Pero ignoran las operaciones, los hombres que las ejecutaron, las circunstancias como se les aplicaron acciones encubiertas. La calidad moral del gobierno del doctor Allende, su eficacia política, adquirirán su relieve a medida que se desvele la información secreta que yace en los archivos de EEUU –inaccesibles al público en la fecha en que este ensayo se escribe, salvo pocos y dispersos fragmentos. Como que 

 

los oficiales de las FF AA chilenas fueron informados que el gobierno de EEUU apoyaría un golpe de Estado tanto antes como después de que fuera ejecutado […]. Los militares chilenos no serían sometidos al ostracismo, sino todo lo contrario, pueden contar con nosotros en el apoyo del Programa de Ayuda Militar (MAP) y en el mantenimiento de nuestras estrechas relaciones. Las misiones militares de EEUU en Valparaíso y en Santiago (Ministerio de Defensa) continuaron operando durante el gobierno Allende, los servicios de información de EEUU contaban con agentes infiltrados en todas las Armas, «oficiales en el alto mando, en el mando de unidades y de batallones, oficiales de Estado Mayor en retiro y soldados de reemplazo». El conjunto de la oficialidad fue blanco de programas de desinformación –como que la policía civil chilena, en colaboración con servicios de Cuba, reunía información perjudicial para los mandos. Reportajes de intoxicación preparados por la CIA y dirigidos a influenciar a los militares eran insertados en El Mercurio, describiendo imaginarios complós para destruir a las FF AA, o falsos planes para bases soviéticas en Chile. El contenido de los artículos buscaba despertar odio entre los oficiales hacia el Gobierno y los partidos que lo apoyaban; en algunos casos columnas enteras eran publicadas para influir en la opinión de un solo oficial, en una oportunidad en la de la esposa de un determinado oficial.

 

Durante la guerra fría el Convenio de Ayuda Militar fue para EEUU un instrumento de control, intervención y subordinación a la Coalición de la Guerra Fría de las políticas internas y externas de las repúblicas latinoamericanas. Y así fue aceptado por todos los dirigentes que desearon ser elegidos –o impuestos– con el apoyo material de Norteamérica. En el caso de Chile, Alessandri (1958), Frei Montalva (1964), Pinochet (1973), Aylwin (1989), Frei hijo (1993). El gobierno del doctor Allende entre 1970 y 1973 fue el primero después del de Pedro Aguirre Cerda (1938-1942) que no subordinaba las libertades internas y externas a una Coalición bélica. A diferencia de Aguirre Cerda, sin embargo, Allende recibió unas FF AA cuyo equipo, doctrina y entrenamiento estaban por completo en manos de EEUU. Para la sociedad latinoamericana renacionalizar en 1970 su Defensa era tan difícil como recuperar sus principales recursos naturales (Gran Minería del Cobre). Algo imposible, excepto si hubiera dispuesto de tiempo para construir una política a largo plazo dirigida a diversificar equipos, doctrinas y entrenamiento militares. ¿Cabía haber denunciado el Convenio de Ayuda Naval con EEUU en 1970-1973? Ello entrañaba, argumentaba el Mando naval en Valparaíso, dejar al país sin Marina, pues sus más importantes unidades las tenía en préstamo dentro de aquel Convenio. Adquirir y manipular aviones de Europa oriental hubiera requerido por su parte –decía el mando de la Fuerza Aérea–, asumir el desproporcionado costo adicional de cambiar la infraestructura técnica (norteamericana) de las bases aéreas.

 

El peso de la herencia dejada por los gobiernos que se sucedieron entre 1943 y 1970 se imponía así sobre el de Allende, pero no hasta el extremo de doblegar su voluntad de abrir caminos para que Chile se emancipara. Por un lado relacionó el país latinoamericano con Asia y África incorporándolo al vasto Grupo de Países No Alineados; dispuso que la Marina ampliara sus ejercicios tácticos más allá de la sola U.S. Navy –alcanzó a practicarlos con países del Pacífico asiático (Japón) y Europa (Francia); abrió fuentes alternativas de equipamiento para las tres Armas en Europa occidental; delegaciones oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército visitaron Europa oriental –URSS incluida– explorando lo que pudieran encontrar de utilidad para una política de Defensa autónoma. Las convicciones latinoamericanistas, universalistas, del doctor Allende no compartían las premisas del National Security Council como que «las compras militares, por cualquier Estado americano, a naciones comunistas [Eurasia] representa un serio peligro para todas las naciones de este hemisferio».

 

Iniciativas propias de un Estado soberano fueron estimadas inaceptables por la Coalición de la Guerra Fría, la cual destruyó no sólo al Gobierno desobediente y a los militares y civiles leales, sino también las libertades inherentes a su sistema republicano-representativo. De tal modo que durante décadas los ciudadanos no pudieran volver a elegir, libremente, una política de Defensa que primara los intereses preeminentes de la sociedad nacional. Abiertas las hostilidades en la guerra encubierta, los recursos del conjunto de la Coalición bélica fueron movilizados al servicio de sus fines. Entre 1970 y 1973 la antena de la CIA en Chile preparó «listas de personas a detener, instalaciones civiles clave y personal a ser protegido, instalaciones gubernamentales que debían ser tomadas, planes gubernamentales de urgencia a aplicar en caso de insurrección militar». Infiltró a los partidos del Gobierno, «pagaba a altos cargos procedentes del Partido Socialista para que cometieran errores en sus puestos». Financiaba revistas y libros dirigidos hacia los militares, como un informativo escrito, el semanario SEPA y un centro de estudios –el Instituto de Estudios Generales (IGS). Este último organizaba seminarios para oficiales en activo donde economistas formados en la Escuela de Chicago explicaban con léxico políticamente aséptico que el Gobierno estaba destruyendo la economía (tras la insurrección, “técnicos” del IGS dirigieron la política económica de la dictadura). Por eso el 11 de septiembre de 1973 no fue un cuartelazo latinoamericano más. Era una etapa en la deliberada, sistemática, científica destrucción de un Estado democrático, de las libertades y soberanía de su pueblo. La solemnización del sometimiento de la sociedad fue plasmada en la Constitución militar de 1980. El país latinoamericano continúa sometido, aun después de ser apartado el Dictador del Gobierno y remplazado en 1989 por una Democracia Cristiana en manos del sector que en 1973 dirigió la insurrección y la destrucción del Estado republicano –el agrupado en torno de Patricio Aylwin y Frei, que veinte años después disponía de un instrumento auxiliar “legalizado” que no tuvo en 1970: el control conferido a los jefes militares sobre las instituciones representativas del Estado, Parlamento y Ejecutivo incluidos, por la “Constitución” impuesta desde 1980…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos”]

 

*