Praktika

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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.

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Sevilla

 

 

“Va corriendo la sangre por las calles de Sevilla, 

por el Espumarejo y parte de la Enramadilla. 

Un momento de silencio, la Falange va a entrar 

con el yugo y las flechas repartiendo libertad. 

Nosotros los militares empezamos a luchar 

con la canalla marxista que no quería trabajar. 

Nosotros los militares decimos en alta voz: 

Viva la Falange de las Jons.”

 

Canto falangista (1937)

 

 

“Sevilla me pareció siempre una ciudad extremadamente peligrosa,  que albergaba los peores elementos de la reacción. Eran hienas con disfraz de cordero, hasta que tiraron la careta y se saciaron de sangre.”

 

Pedro Vallina, Mis memorias, (p. 316).

 

 

LABANDERA, EL ALCALDE DEL 10 DE AGOSTO

EN EL EXPEDIENTE de José González Fernández de Labandera aparece una hoja suelta en la que se lee:

 

Brigada de Investigación de Falange D. José Rivas Gutiérrez

 

Investigación (ilegible) = Conducta en 1932

 

Policía-Sección de reuniones

 

Registro en la casa si lo cree necesario antes de las 12 del día 31

 

Propaganda electoral

 

Periódicos

 

Ver periódicos en Hemeroteca Municipal (9.30 a 13) Patio Banderas

 

D. José María Rey días 25 abril.

D. Manuel Díaz Criado (tachado).

 

Esta nota, breve plan de acción o de trabajo, debe ser del mismo día 30 de julio en que el Auditor, el general Francisco Bohórquez Vecina, dio orden de instruir procedimiento sumarísimo, Causa 30/1936, contra José González Fernández de Labandera por rebelión militar. La Brigada Social informó ese mismo día de que el gran mitin de la Plaza de Toros de finales de abril de 1936, en que intervino el detenido, careció de autorización oficial. Las denuncias, realizadas el día 31, fueron hechas por el mismo falangista Rivas Gutiérrez, de veintinueve años, y por Otelo Vizcaíno Solar y Luis González Diez, probablemente dos miembros de la citada brigada. Rivas acusó a Labandera de ser «cabecilla del levantamiento» de 1932, de haberse radicalizado cada vez más y de insultar a la Guardia Civil y al Ejército en el mitin de abril de 1936. Vizcaíno matizó más y dijo que había llamado a los militares «canallas y cobardes», que pidió el reparto de tierras y la «organización de milicias rojas para acabar con la clase burguesa y capitalista, así como con la religión y sus representantes». González Diez declaró simplemente que Labandera había dicho en el mitin que «los generales y jefes del Ejército deberán ser ejecutados por el pueblo por ser todos unos hijos de puta». Pero como veremos, el grueso del dossier procederá de la hemeroteca y se dedicará a la actitud de Fernández de Labandera cuando era alcalde en relación con los sucesos del 10 agosto de 1932.

 

En su primera declaración de ese mismo día 31 narró su peripecia entre el día 17 en que llegó a Sevilla y el 30 en que se entregó. Desde que esa tarde se enteró del movimiento militar por su amigo el periodista Antonio Márquez, y en compañía de sus amigos Jesús Casado, José Collado y José León Trejo, se puso en contacto con las autoridades. Visitó al gobernador Varela, desde cuyo despacho telefoneó a Martínez Barrio, entonces presidente del Congreso, y al general Villa-Abrille, a quien visitó sobre las 0.30 o 1 ya del sábado 18. Villa-Abrille le dijo que «creía que la guarnición de Sevilla no se alzaría y que todo estaba tranquilo». Luego volvió al Gobierno Civil, donde se encontraban el doctor Puelles y el diputado José Moya Navarro, con quienes estuvo hasta las 4 de la mañana, en que se marchó a dormir.

 

 

Sobre las 10 lo llamó el diputado Ramón González Sicilia desde el domicilio madrileño de Diego Martínez Barrio para conocer la situación en Sevilla. La tranquilidad era absoluta según Ayuntamiento y Gobierno Civil. Labandera volvió con el gobernador José María Varela Rendueles sobre las 11.30 de la mañana y permaneció allí hasta las dos de la tarde. Le llegó noticia de un incidente en Tablada, pero «no sé si por discreción del Gobernador o porque realmente la confusión era grande» no llegó a saber en qué consistió. Varela, a lo largo de la mañana, conferenció con militares y guardias civiles, confirmando siempre la ausencia de novedad. Sobre las 14.00 horas llegó el alcalde Horacio Hermoso y varios concejales, que comentaron la sesión celebrada y los acuerdos adoptados a causa de la muerte violenta de un municipal. Sobre las 14.30 el alcalde llevó en coche a Labandera a su casa de Heliópolis, quedando en volver a verse en el Gobierno Civil sobre las seis de la tarde.

 

A las 15.45 el novio de su hija, Miguel Vega, le comunicó por teléfono que había tropas por Sierpes. Varela le confirmó que era cierto y que se había declarado el estado de guerra. «Entonces, ¿se han sublevado?», preguntó Labandera; «Indudablemente», respondió Varela. Se dispuso a marchar al Gobierno Civil, pero ni tranvías ni taxis admitían ya pasajeros. Esta vez, al contrario que en 1932, nadie podría ir al centro a acompañar y a amparar a las autoridades. Vagó por las calles de Heliópolis buscando quien lo llevara a la plaza Nueva hasta que vio como llegaban a la barriada gente armada y con distintivos. Entonces se refugió en su domicilio, pero viendo el peligro que corrían tanto él como su familia —su mujer estaba enferma del corazón— buscó refugio esa misma tarde en casa de un amigo domiciliado en los Hoteles del Guadalquivir. Interrogado sobre su nombre, se negó a decirlo «porque lo estimaría una indignidad». Allí pasó los días de la ocupación de la ciudad, hasta que el día 22 le llegó la noticia de que su casa había sido asaltada por un grupo de fascistas, hecho que le llenó de tal angustia y preocupación que le obligó a abandonar su refugio y a volver a ella en la noche del 23 de julio. Allí permaneció hasta el día 30 en que fue detenido, teniendo la radio como única fuente de información. Como veremos, su amigo José León Trejo, que también vivía en Heliópolis, fue detenido antes, ingresando en la Prisión Provincial a las 7.15 horas del 28 de agosto.

 

El día 31 tuvo conocimiento del auto de procesamiento. Sin duda, al conocer las acusaciones del falangista Rivas y sus amigos, tuvo que comprender en qué situación se encontraba. El día 1 de agosto fue visitado por los médicos José Luis Sánchez Guerra y Antonio Márquez Tirado, quienes siguiendo las rutinas habituales, certificaron la mayoría de edad del preso. Ese mismo día, en nueva declaración, negó tales acusaciones como «absolutamente falsas» y solicitó la revocación del auto:

 

Ni por educación ni por mi doctrina política, la de Unión Republicana, ha descendido jamás a semejantes campañas ni a tales fraseólogías, pudiendo objetar que en actos públicos como son los que se me imputan, la prensa periódica hubiera recogido las frases o conceptos que en auto se me imputan ya que los periódicos recogen siempre cuanto los hombres políticos exponen y aun en ocasiones la prensa enemiga exagera y deforma los conceptos que se emiten. Yo afirmo sin embargo que no hay información periodística de ningún tiempo ni de ningún matiz político que haya publicado las frases y conceptos que sirven de base para la acusación, precisamente porque no han sido pronunciadas.

 

Al comprobar que por esa vía nada podían conseguir, el día 5 de agosto el Instructor, el comandante Luis Pastor Coll, pidió nuevas diligencias, todas dirigidas a la verdadera raíz del problema. Se tomaron literalmente las declaraciones de Labandera y del concejal republicano Manuel Sánchez Suárez en la sesión municipal del 16 de agosto de 1932, y se aportaron ejemplares de prensa relativos a la Sanjurjada de El Liberal, El Noticiero Sevillano, La Unión, Luz y otros. Al día siguiente se tomó declaración a los militares Gonzalo García de Blanes Pacheco, Eleuterio Sánchez Rubio Dávila y José Sánchez Laulhé Alarcón, todas las cuales versaron exclusivamente sobre las responsabilidades de Labandera en los sucesos de agosto de 1932. La revocación del auto fue desestimada. Y el día 7 José Turmo Benjumea, ingeniero de Minas, declaró haber sufrido persecución por parte de Labandera y de González Sicilia «por tener hermanos militares y por incitación de las sectas masónicas». Finalmente, con fecha 9 de agosto el Instructor elevó las actuaciones al Auditor.

 

En ese momento el expediente salta casi un año, a junio de 1937, cuando el Juez Militar Alonso Álvarez de Toledo quiso «acreditar la actual situación del encartado». Le contestó un mes después el delegado de Orden Público Santiago Garrigós Bernabeu, comunicándole que «le fue aplicado el Bando de Guerra el día 10 de agosto del pasado año». El 26 de julio de 1937 la causa fue sobreseída.

 

El ciclo kafkiano de una causa inconclusa donde todo estaba preparado para el fatídico 10 de agosto se cierra con un documento fechado en la Prisión Provincial de Sevilla el 11 de diciembre de 1941 por el que se comunica a la Guardia Civil de Corteconcepción (Huelva), pueblo al que se considera lugar de residencia de Labandera, la aplicación de beneficios de prisión atenuada…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”] 

 

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