Praktika

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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.

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CÁDIZ

 

 

“Toda España es un grito de guerra, 

todo el viento es consigna y es voz: 

¡Españoles: limpiad esa tierra 

de las hordas sin Patria y sin Dios!”

 

(José María Pemán Pemartín)

 

 

LAS AUTORIDADES GADITANAS: UN CONSEJO DE GUERRA INCONCLUSO

 

RECIÉN TOMADA LA CIUDAD el día 21 de julio se inició procedimiento contra diversas autoridades: el Gobernador Civil Mariano Zapico Menéndez-Valdés, el teniente coronel de Asalto Leoncio Jaso Paz, el capitán de Asalto Antonio Yáñez-Barnuevo Milla, el oficial de Telégrafos Antonio Parrilla Asensio, el presidente de Diputación Francisco Cossi Ochoa, el capitán de Fragata Tomás Azcárate García de Lomas y el secretario particular del gobernador Antonio Macalio Carisomo. Al establecerse posteriormente diferentes grados de responsabilidad, los tres últimos fueron juzgados en causa aparte. Los demás, Zapico, Jaso, Yáñez y Parrilla, todos ellos militares activos o retirados, fueron fusilados el 6 de agosto en el Castillo de San Sebastián tras juicio sumarísimo que les condenó a muerte nada menos que por «rebelión militar». Sólo contamos hasta ahora con el sumario de los tres restantes, Azcárate, Cossi y Macalio, que tuvo por Juez Instructor al comandante Joaquín Camarero Arrieta.

 

La primera declaración sorprendente la realizó el capitán Azcárate el día 25 de julio. Cuando fue preguntado qué hacía en el Gobierno Civil y por qué no se rindió, respondió que se encontraba a las órdenes del Gobernador y que 

 

en ningún caso hubiera accedido a la intimación de rendición mientras que su inmediato Jefe que en aquel momento lo era el Gobernador de la Provincia, tanto más cuanto consideraba que el acto de la declaración de estado de guerra era ilegal ya que no había sido precedido de los trámites que la ley ordena.

 

El Instructor se debió quedar de piedra. El día 26 Cossi siguió la misma senda y cuándo se le preguntó si se hubiera rendido de saber que tal opción se había planteado, respondió que «hubiese exigido las condiciones legales que el caso requería». Antonio Macalio completó su declaración al manifestar que no se rindió «cumpliendo instrucciones telefónicas del ministro de Gobernación, que declaraba faccioso dicho estado de guerra».

 

El 28 de julio se dictó el Auto de procesamiento. El primer resultando acusaba a todos, empezando por el Gobernador, de negarse a rendirse, de hostilizar a «las fuerzas sitiadoras» y de declararse «en franca rebeldía», constituyendo todo ello «un delito de rebelión militar». Esa misma mañana se comunicó el auto a los acusados, advirtiéndoles de la posibilidad de recurrir y de poder nombrar el defensor que desearan, tanto civil como militar.

 

Las declaraciones indagatorias de los tres se realizaron ese mismo día. Tomás Azcárate, natural de San Fernando y de cuarenta y seis años, de estatura alta, cabello negro, frente despejada, cejas al pelo, ojos negros, nariz regular, boca regular, barba cerrada, de complexión robusta, no se reconoció autor del delito que se le imputaba y a la pregunta de si tenía algo más que añadir dijo: «que creía que el acto realizado por las tropas era ilegal y que oponerse a toda rebelión es virtud y deber de todo militar».

 

Francisco Cossi, natural de El Puerto y de treinta y siete años, de estatura regular, cabellos oscuros, frente despejada, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba cerrada, de complexión regular, se consideró igualmente inocente, al igual que Antonio Macalio, natural de Cádiz y de treinta y tres años, de estatura alta, cabello negro, frente despejada, cejas al pelo y ojos pardos, nariz regular, boca pequeña, barba cerrada, de complexión fuerte. Las declaraciones de Azcárate desmontaban de raíz las bases teóricas de los golpistas no sólo al poner de relieve que el estado de guerra había sido declarado al margen de lo que la ley prescribía, sino que todo militar virtuoso y cumplidor de su deber se hubiera opuesto a él. Podemos imaginar cómo recibirían el Juez Instructor y el secretario semejantes declaraciones.

 

Entre el 30 de julio y el 1 de agosto recibieron informes de la Guardia Civil, de la Policía y de las nuevas autoridades civiles sobre Cossi y Macalio. Informes políticosociales que nos aclaran que el primero fue alcalde de Cádiz en abril de 1931 y el segundo pertenecía a Izquierda Republicana. Pero mucho más interesante que dichos informes, informes aberrantes en los que se aludía incluso a la vida privada de los citados, son los escritos de recusación del auto presentados por ambos el 30 de julio. Veamos primero el de Francisco Cossi, presidente de la Diputación de Cádiz:

 

Utilizando el derecho que la Ley me concede y sin entrar en consideraciones que serían totalmente estériles dentro de la anormal situación creada a espaldas y frente al Poder legítimo, entablo recurso de reforma contra el auto por el que se ha decretado mi procesamiento y prisión, para que tanto el uno como la otra queden sin efecto, por ser así de justicia y en mérito a las consideraciones que paso a concretar.

 

Exponía a continuación Cossi que si se encontraba en el edificio sitiado era exclusivamente por razón de su cargo y no a consecuencia de la declaración del estado de guerra, y resaltaba «lo absurdo, y hablo con el debido respeto», de su participación en la resistencia. Deducía entonces crudamente su nula participación en tal «rebelión militar», matizando que si tal delito había existido «no se ha realizado en estas circunstancias históricas y terribles porque atraviesa la Patria con mi cooperación». Finalmente, suplicaba que tanto el auto como la prisión preventiva quedaran sin efecto. Cossi y Macalio designaron como abogado defensor a Andrés López Gálvez.

Por su parte, Antonio Macalio mantenía en su escrito que no entendía cómo podía acusársele de rebelión militar «toda vez que no se ha alzado en armas ni contra el poder legítimo constituido en España ni contra ninguno otro poder sea o no legítimo, que esto no es del caso desentrañarlo, constituido en ninguna de sus provincias». El texto de Macalio no tiene desperdicio:

 

Hay en este caso Iltmo. Sr. Auditor, un tan extraordinario dislocamiento de conceptos y de hechos que si la ley es para castigar a los culpables y determinar los casos de transgresión de la misma, yo no sabría en estos momentos definir a derecha, si yo soy culpable dentro de esa Ley por la simple coincidencia de encontrarme al lado de quien, en estas circunstancias anormales, pretendía tenerla íntegramente, o por el contrario la culpabilidad, lejos de acompañarme, sólo corresponde de un modo exclusivo a quienes —yo no lo sé ciertamente— crearon una situación anormal contraria a la estabilidad jurídica preexistente, estableciéndose una nueva modalidad delictiva cual lo es, sin duda alguna, aquélla en que los que rompen la normalidad se erigen en jueces de los que venían sometidos y adultos a la misma.

 

Continuaba su tremendo alegato Antonio Macalio afirmando «que su deber no era sino cumplir las órdenes del Gobernador, que nunca fue depuesto, y que en tal menester pusieron sitio las fuerzas militares al edificio del Gobierno Civil e intentaron la rendición, estimándolas la primera autoridad civil de la provincia como elementos rebeldes, contrarios al poder legalmente constituido». Por último, antes de pedir la anulación del procesamiento, concluía diciendo

 

que no hay manera alguna, dentro de un orden jurídico rectamente aplicado, de mantener en mi contra las consecuencias de una revolución que, dicho sea con el más profundo respeto y dejando a salvo las que a V. S. I. corresponden, conculca abierta y absolutamente ese orden jurídico que a los primeros que debe merecer respeto es a los que ahora lo invocan en contra de los que trataban de mantenerlo íntegramente hace pocos días.

 

Si a las declaraciones de Azcárate sumamos las de Cossi y Macalio, podemos imaginar el curso que llevaba el proceso. Para colmo, el comisario de Policía Adolfo de la Calle declaró que ninguno de ellos utilizó armas y que, a partir de cierto momento, aconsejaron al gobernador la conveniencia de la rendición.

 

Luego, todo quedó en silencio, paralizado. El 6 de agosto la noticia del fusilamiento del gobernador y sus compañeros debió resultar muy dura para quienes como Cossi, Macalio y Azcárate los consideraban tan inocentes como ellos. La petición de los acusados de fecha 30 de julio para que les defendiera el abogado gaditano Andrés López Gálvez fue neutralizada hasta el día 15 de agosto, ya con Valera Valverde en el Gobierno Civil en sustitución de Ramón Carranza. Al día siguiente se les tomó nueva declaración. Cossi y Macalio se reafirmaron en lo dicho; Azcárate, muy decaído ya, como muestra la evolución de su firma, tuvo que dar explicaciones de lo ya dicho, del carácter ilegal y violento de lo sucedido, y de que oponerse a toda rebelión es virtud y deber de todo militar. Afirmó entonces «que esas manifestaciones fueron hechas sólo por el ambiente y criterio que existía en las personas que estaban dentro del Gobierno Civil, no teniendo otros conocimientos de lo que en el exterior ocurría ni del carácter que el movimiento tenía por haber estado incomunicado». Era el día 16 de agosto de 1936. El siguiente documento del expediente salta a 30 de noviembre de 1937, y en él el Auditor Francisco Bohórquez solicitaba que la causa volviera a su instructor «a fin de que se acredite en la misma si a los acusados les fue aplicado el Bando de guerra o se manifieste su situación o paradero».

 

El 6 de diciembre fue nombrado como nuevo Juez Instructor el comandante Nicolás Chacón Manrique de Lara, que ese mismo día consultó al Gobernador Civil de Cádiz qué había sido de los encausados. La respuesta llegó el día 9, confirmándose lo evidente: «que les ha sido aplicado el Bando de Guerra». El último documento del expediente decide el «sobreseimiento definitivo de las actuaciones» por «el fallecimiento de los tres sujetos de referencia por haberles sido aplicado el Bando de Guerra de 18 de julio de 1936».

 

Aunque nunca se menciona la fecha en la que fueron asesinados, cabe imaginarla por otro documento ajeno al expediente. El 16 de agosto de 1936 Azcárate fue sacado del castillo de Santa Catalina y entregado a la Guardia Civil para ser trasladado al Cuartel de Infantería en compañía de otro militar, Antonio Muñoz Dueñas, el defensor del Ayuntamiento. Es más que probable que todos ellos, Azcárate, Dueñas, Cossi y Macalio, desaparecieran ese mismo día. Queda sin embargo ese increíble consejo de guerra inacabado con sus excepcionales declaraciones, las cuales desmontaron de raíz las acusaciones de los golpistas. Nos quedamos sin saber cómo hubiera sido el informe del Instructor, la composición del Tribunal, los argumentos de la Defensa, el desarrollo de la sentencia con sus considerandos y resultandos, la aprobación del Auditor, la designación de piquetes y de médico, los lugares de fusilamiento e inhumación, y la comunicación del hecho al Juzgado para su inscripción. Ni siquiera desde la perspectiva de la legislación impuesta por los vencedores, que exigía tales trámites en su totalidad, fue un fusilamiento. Es decir, que lo que empezó siendo un Consejo de Guerra acabó siendo un caso más de «aplicación del Bando». Al fin y al cabo, puesto que tan ilegal era uno como otro y dado que el objetivo era el mismo, daba igual…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”]

 

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