Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

 

(...)

 

II. LA JEFATURA VITALICIA DEL ESTADO Y DE LAS FF AA

 

 

En el otoño de 1970 se sucedieron las movilizaciones de protesta en torno a Euzkadi y los juicios del Tribunal Militar de Burgos contra nacionalistas vascos. En marzo de 1971 el presidente Nixon encargaba a Vernon A. Walters (agregado militar en Italia y coronel de los servicios de inteligencia) la misión confidencial de transmitir a Franco que «España era vital para el Oeste y Nixon no quería ver desarrollarse una situación caótica o anárquica. Nixon expresó la esperanza de que Franco entronizara al joven Príncipe Juan Carlos» al tiempo que retenía para sí la Jefatura vitalicia de las FF AA; «el Presidente [Nixon] entendía que ésta sería una situación ideal que aseguraría una transición pacífica y ordenada que el propio Franco supervisaría». Alternativamente, si Franco quería continuar como jefe del Estado, Nixon le pedía que se desprendiera de la función de presidente del Gobierno en favor de una persona que asegurara, cuando Franco falleciera, la «pacífica y ordenada» entronización de Juan Carlos de Borbón. El Dictador dio garantías a Nixon de que seguiría el curso previsto: «La sucesión se llevará a cabo en orden. No hay alternativa al Príncipe», pero aportó su matiz personal al presidente de EEUU: «España va a recorrer una parte del camino que [el gobierno de EEUU] apoya pero no todo el camino, pues España no era Norteamérica, ni Inglaterra ni Francia. Era España. Franco indicó que las FF AA no dejarían nunca que las cosas llegaran a estar fuera de control». Vernon A. Walters, al que en 1964 se imputó haber auspiciado en Brasil el golpe militar contra el presidente Joao Goulart –donde era a la sazón agregado militar–, y que llegaría a ser director general adjunto de la CIA en 1973 –en las fechas en que ésta intervenía en el derrocamiento del sistema democrático de Chile–, durante su misión en Madrid de marzo de 1971 entró en contacto con mandos militares:

 

todos los oficiales superiores con los que hablé dudaban que Franco pusiera al Príncipe en el trono antes de morir. Creían, sin embargo que nombraría a un Primer Ministro. No creían que hubiera disturbios de importancia en el país cuando Franco muriera, y dijeron que las FF AA podrían manejar fácilmente tales problemas. Fue una experiencia estupenda y única.

 

Franco cumplió con la segunda opción ofrecida por Nixon y en junio de 1973 designó presidente del Gobierno a su asesor, el almirante Luis Carrero Blanco. Pero para infortunio de este último, su bien probada lealtad a Franco le valía el nombramiento pero también auguraba “inestabilidad” sociopolítica. El almirante Carrero garantizaba la subordinación de España a la Coalición de la Guerra Fría, pero su identificación con el Caudillo podía dificultar su necesario complemento: mantener la stability interna durante la transición al posfranquismo. ¿Cómo se resolvió la contradicción? En diciembre de 1973, en medio de movilizaciones sociales contra la dictadura, el almirante Carrero voló por los aires dentro de su automóvil. Veinte años después aún es materia de especulación si hubo un comanditario desconocido del magnicidio, o quién con su pasividad pudo dejar hacerlo, posibilitarlo. Entre las circunstancias extrañas que envolvieron este atentado no fue la menor la actitud subsiguiente de Franco. Tras enterrar a Carrero, homenajearle y decir en público a propósito del atentado que «no hay mal que por bien no venga», alejó del gobierno a todos los hombres del almirante y despejó el camino hacia una monarquía más próxima al prototipo auspiciado desde Washington que no al “matiz” diferencial que Franco había expuesto al mensajero de Nixon. Según el entonces ministro Laureano López Rodó (del Opus Dei): «Hay quienes afirman –Fernández Miranda entre ellos– que Franco quiso que no quedara rastro de la política de Carrero».

 

Tenía Vernon A. Walters razón de sentirse satisfecho de su misión secreta en el Madrid de 1971. Los acontecimientos posteriores han seguido, grosso modo, el diseño trazado. La intervención preventiva progresaba por sus alambicados y clandestinos caminos. Si entre 1939 y 1975 Franco “estabilizó” España mediante los instrumentos de una cruel dictadura, su sucesor debía lograrlo dentro de un sistema de partidos políticos. Con una módica inversión político-monetaria, aprovechando la desestructuración y debilidad en que la dictadura dejaba a la sociedad –ilegalizados todos los núcleos democráticos, perseguidos algunos–, desde los años sesenta se aplicaron los planes de cooptar, financiar y proteger a equipos de variadas etiquetas. Elegidos para la misión de organizar “partidos políticos” que serían legalizados cuando las circunstancias estuvieran maduras para ocupar el espacio electoral. Los “partidos” a crear, o recrear, fueron diseñados como si de sucursales de un centro estratégico supranacional se tratara, cuyos cuadros cooptados debían constituirse en gestores-delegados territoriales o funcionales. A los “electores” les fue asignada la función de “consumidores” del nuevo producto, del mercadeo de votos entre equipos cooptados que competirían entre sí en régimen de oligopolio. Todo ello conforme a la conocida teoría según la cual un cambio político “limitado y responsable” requiere el previo control de la Potencia intervencionista sobre las elites políticas, militares e intelectuales del país blanco de la operación.

 

Una ilustración: en abril de 1974, cuando Franco se aproximaba a su fin biológico, en el vecino Portugal los capitanes agrupados en el Movimento das Forças Armadas (MFA), sin disparar un tiro, derrocaron una dictadura de cuatro décadas. La inesperada revolución, democrática y endógena, en un país fundador de la OTAN alarmó al resto de la Coalición bélica, cuyas estructuras fueron movilizadas para aislarla y ahogarla. En especial, con respecto a España –donde decenas de capitanes y comandantes se estaban asociando en 1974 clandestinamente en una Unión Militar Democrática (UMD) de orientación democratizante y nacional. El secretario de Estado Kissinger se mostraba partidario de aplicar a los portugueses el castigo que sufría Chile desde medio año antes. Esto despertó preocupación entre los europeos de la propia Coalición bélica, en especial en el gobierno alemán cuyo Canciller –Willy Brandt (socialdemócrata)– entendía que «Europa no toleraría un Pinochet». Pues desencadenar en Europa una represión masiva y sangrienta como la que se estaba aplicando sobre un país por último, visto desde Bonn, del “Tercer Mundo”, tendría efectos negativos para la estabilidad del Continente europeo, lo que hubiera sido contraproducente para el principal objetivo de la diplomacia de la RFA: lograr la reunificación alemana mediante la aproximación-distensión entre los Bloques del Oeste y Este  europeos, reduciendo las causas de confrontación (en 1975 debía culminar, en Helsinki, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa –CSCE). El gobierno de Alemania Federal ofreció a Kissinger métodos distintos para reintegrar a Portugal en la disciplina de la Coalición y evitar en España otra revolución democrática: penetrar en los dos Estados ibéricos a través de los políticos cooptados, financiarlos y darles apoyo político bajo cobertura de organizaciones centradas en la propia RFA –las internacionales Demócrata-Cristiana, Socialdemócrata y Liberal. La operación empezó con Mario Soares –exiliado en Francia, a quien se eligió para crear en Bonn un «Partido Socialista de Portugal» en 1973, y a retornar a su país en 1974 con el apoyo material de los Gobiernos interesados en destruir el proyecto nacional autónomo del Movimento das Forças Armadas».

 

El 19 de julio de 1974, tres meses después de la Revolución portuguesa, Franco era aquejado de una enfermedad que anunciaba

la aproximación de su fin biológico. De inmediato, con toda urgencia, desde el partido en el gobierno de la RFA se financiaba la convocatoria en Francia (Suresnes) de un cónclave de jóvenes escindidos dos años antes del tronco del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) –que reunía alrededor de un millar de afiliados dentro de España. Esta fracción, apoyada desde Alemania y Francia, situó a su cabeza al equipo de Felipe González Márquez en Suresnes. Una campaña de marketing subsiguiente introduciría ante la opinión pública nombres hasta entonces desconocidos que, a poco andar (1975-1976), aislaron y marginaron a los militares de la Unión Militar Democrática y, en general, a quienes eran reacios a que en España entraran la CEE y la OTAN sin condiciones y cualquiera que fuera el costo que ello significara para su economía o independencia. A los convocados a Suresnes se les dijo que eran huéspedes de un acto de solidaridad obrera internacional, algunos incluso se lo creyeron. Simultáneamente los restantes partidos del Parlamento alemán –el Liberal y el Democristiano– cooptaban a grupos “homologados” entre quienes en España se disputaban las larguezas financieras alemanas. Así, con el desembolso de muy pocos millones, Alemania y Francia mejoraron su penetración en los engranajes de un Estado cuya economía era entonces la segunda del Mundo en pesca, la onceava en producción industrial, la primera de Europa en exportaciones de frutas y legumbres…; EEUU y el conjunto de la Coalición bélica apuntalaron su dominio estratégico sobre España al socaire de su transición desde una dictadura al pluripartidismo, que elevaron a prototipo para América Latina.

 

Retener el control estratégico sobre España después de Franco era un programa común de la Alianza Atlántica, aplicado en común. Si el 2 de junio de 1975 un colaborador del presidente Gerald Ford revelaba –tras la entrevista de este último en Madrid con el todavía sucesor designado, don Juan Carlos de Borbón–, que «la transición gubernamental en España se efectuará en el transcurso de los próximos cinco años», el siguiente 24 de septiembre F. González Márquez repetía en el diario sueco Dagens Nyheter: «espero la instauración de la democracia en España de aquí a cinco años». Los grupos que en 1977 fueron legalizados y emergieron controlando la escena política eran precisamente los selectivamente financiados desde gobiernos de la Coalición de la Guerra Fría. Por su parte, Santiago Carrillo ya antes de que muriera Franco (noviembre de 1975) había comprometido al Partido Comunista en «no mover ni un dedo hasta que don Juan Carlos sea coronado Rey», y en «reconocer la monarquía a cambio de la legalización de su partido».

 

El posfranquismo no puede entenderse cabalmente sin considerar que se iniciaba con equipos cooptados con criterio empresarial, aunque revestidos algunos con siglas históricas, que de pronto aparecieron a la luz ante una ciudadanía privada durante cuarenta años de organizaciones y derechos políticos. Los cooptados vivieron de gobiernos y entidades extranjeras –hasta acceder a los Presupuestos públicos–, mientras rivalizaban en ofrecer a la Coalición bélica la mejor combinación de commitment y stability. De ahí que en asuntos de trascendencia estratégica esos equipos hayan satisfecho con prioridad las exigencias de sus fuentes de sostenimiento más que las expectativas o compromisos con sus electores o afiliados.

 

Si se tiene presente esta realidad se entenderá mejor el gran contraste que en las postrimerías del franquismo se da entre propuestas públicas y práctica política. Hasta 1976 Santiago Carrillo y Felipe González –en contradicción con sus compromisos personales, aún secretos– postulaban en público exigencias semejantes a las que se formulaban en la declaración conjunta de los gobiernos de EEUU, Reino Unido y Francia el 4 de marzo de 1946: formación de un gobierno provisional, amnistía, libertades, elecciones libres, referéndum sobre si los españoles renunciaban a elegir al jefe del Estado y de las FF AA. La Junta Democrática formada en 1974 en torno al Partido Comunista por amigos de don Enrique Tierno Galván y otros grupos, así como la Coordinación Democrática integrada en marzo de 1976 por los grupos de Carrillo, González, Tierno, la Asamblea Democrática de Cataluña y otros, reproducían en sus manifiestos y consignas variantes de las mismas peticiones. Aún el 3 de noviembre de 1976, en una reunión de representantes de Carrillo, Tierno, democristianos y F. González, el representante de este último –Luis Gómez Llorente–, rechazaban el proyecto de restauración de la monarquía agregando que la oposición estaba en condiciones de denunciar y hacer fracasar el referéndum convocado por Adolfo Suárez para legitimar la reforma del régimen.

 

En 1975-1976 yo contemplaba perplejo esta diacronía de más de treinta años. Si desde 1946 los hechos desmentían la retórica de los gobiernos de Francia, Reino Unido y EEUU respecto de España, quienes vocalizaban idénticos principios en 1975-1976 ¿lo hacían por lealtad a los derechos democráticos de los españoles? Salvada la buena fe de algunos desinformados, asistíamos a una operación de imagen que buscaba, sí, sintonizar con la expectativa de la mayoría de los españoles de recuperar su soberanía, pero para atraer sus votos y después reconducir el país a un puerto distinto. ¿Qué consistencia podía tener en 1975-1976 una exigencia de “Gobierno Provisional”, o de referéndum sobre la forma de Estado, suscrita por grupos financiados, patrocinados –cuando no creados– por gobiernos que hacía décadas habían decidido lo contrario. Y ello cuatro años después de que el presidente Nixon enviara a Vernon A. Walters a convencer a Franco para que cediera la Jefatura del Estado a don Juan Carlos de Borbón, un año después que el Presidente de Francia –Valéry Giscard d’Estaing– recibiera a este último en Chambord y le reconociera como futuro Rey de España, meses después que la Comisión Europea de la CEE hiciera saber que el siguiente jefe del Estado español debía ser don Juan Carlos de Borbón, y un largo etc.? Si los gobiernos de la OTAN ya habían resuelto que a Franco le sucediera la persona por él elegida, ¿dónde estaban en 1976 las organizaciones españolas, con independencia financiera y raíces nacionales para sostener que la decisión sobre la forma de Estado debían adoptarla libre e informadamente los españoles? Indalecio Prieto, líder de la facción monárquica del PSOE en 1947, ¿no había definido la venalidad moral de sus seguidores al decir que «habrá legitimidad republicana mientras haya dinero, pero en cuanto se acabe el dinero se acabará la legitimidad republicana […]»?. En 1976, como antes y después de 1945, las Potencias no querían oír hablar de que los españoles recuperaran bastante soberanía como para elegir sus formas de Estado y de gobierno. Y dinero era lo que buscaban los cooptados al frente de los recién tolerados o legalizados partidos. Sin embargo, al igual que en 1945, tres décadas después el problema para las Potencias continuaba estando en la mayoría de los españoles que reivindicaba su soberanía interna y externa, sus libertades, valores cívicos que la prolongada dictadura no había logrado erradicar. Según reflejaban todas las encuestas, como la realizada poco antes de la misión confiada por Nixon a Vernon Walters:

 

I. Sistema preferido para después de Franco

 

SISTEMA PREFERIDO   %

República                         49,4

Actual                               29,8

Monarquía                        20,8

 

(…)

 

En la Administración de EEUU hemos visto que desde 1944-1945 se había impulsado un acuerdo entre Franco y el pretendiente don Juan de Borbón, que prolongara el poder del primero alimentando en el segundo la ilusión de recibir un día la Jefatura del Estado. Desde que en 1948 don Juan de Borbón confiara a Franco la formación de su hijo, la restauración de la monarquía había quedado enmarcada en las coordenadas que EEUU delineaba para España. Que reconocían al Dictador la facultad de elegir a su sucesor en el momento que estimara oportuno –lo que Franco hizo en julio de 1969 en la persona de don Juan Carlos de Borbón, para sorpresa y decepción de su padre don Juan, conde de Barcelona, al recibir la nueva de haber sido preterido. El nuevo jefe de Estado continuaba así automáticamente dentro de la Coalición de la Guerra Fría, si bien se le reconocía autonomía para devolver a los españoles su soberanía interior pero en ningún caso la exterior. La sola disyuntiva permitida, la de política interior, la había simbolizado en marzo de 1972 el matrimonio de la nieta mayor de Franco con don Alfonso de Borbón-Dampierre, hijo del primogénito de Alfonso XIII, momento en que muchas lealtades cambiaron de lado, Alfonso de Borbón fue una espada de Damocles sobre la cabeza de don Juan Carlos, utilizado por Franco como posible pieza de recambio […]; los ultras y la mayoría de los pontífices del franquismo creyeron durante un tiempo en las posibilidades de D. Alfonso de trepar al trono.

 

Don Juan Carlos, por su parte, legitimado ante los militares «porque había sido designado por Franco, y en el Ejército no se discutían las decisiones de Franco», buscó también su legitimación democrática, facilitando con ello la recuperación de las libertades civiles y políticas.

 

El equilibrio de la nueva monarquía fue difícil, y continúa siéndolo. Según su primer protagonista «toda mi estrategia […] estaba centrada en una sola idea: yo no quería, a ningún precio, hacer de los vencedores de la guerra civil los vencidos de la democracia». Propósito cuya concreción práctica excluyó la revisión crítica de la Dictadura, tanto de su origen como de su obra. Lo que postergó la recuperación de la memoria histórica ciudadana y de sus raíces como Nación soberana y democrática, imposibilitando ponderar por qué –al fenecer el Dictador– parte sustantiva de la población identificaba el nombre “España” con la negación de sus derechos ciudadanos y nacionales. No era ésta una cuestión nominal, ni de contraposición formal entre monarquía constitucional y República, pues una y otra forma de Estado pueden asumir tanto como negar los principios republicanos. Más vigencia han tenido estos últimos en el Reino de Noruega durante el siglo XX que en muchas “Repúblicas”. Eran y son cuestiones materiales la soberanía popular, las libertades nacionales y cívicas, la igualdad y solidaridad social, la independencia del Estado en la Comunidad internacional, o su negación o limitación bajo uno u otro pretexto.

 

El éxito de la pausada operación sucesoria al frente del Estado dependió siempre de la neutralización de quienes reivindicaban el derecho de los ciudadanos a recuperar sus libertades y la soberanía nacional. Entre los núcleos políticos existentes en el otoño del Dictador se actuó según el modelo elaborado en la coyuntura de 1945. Su puesta en práctica fue más fácil después de 1975 pues los líderes democráticos históricos habían desaparecido todos, ejecutados o muertos en el exilio. Mientras que F. González Márquez recibía de las Potencias la misión de trabajar por la aceptación como jefe de Estado del designado por Franco, la persona que ostentaba en el exilio la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Josep Tarradellas, era traído de Francia a Madrid después de las elecciones parlamentarias de junio de 1977 para reconocerle su rango –fundado en la legalidad democrática suprimida en 1939– en tanto que él mismo aceptara el programado cambio. «Soy un defensor inquebrantable de la monarquía de Su Majestad», declararía Tarradellas. Entre bambalinas, el embajador de Francia apoyó el «recurso a Tarradellas» como «une idée de génie» cuyas consecuencias no se inhibe de relatar: con «la llegada de Tarradellas a Barcelona [se impidió en Cataluña] que volviera a ser popular la izquierda “frente populista”». En otras palabras, el gobierno de Adolfo Suárez propuso que Tarradellas fuera reconocido como presidente de la Generalitat catalana, y como tal regresara del exilio, sólo después que, en la medida que, habían ganado las elecciones del 15 de junio de 1977 los candidatos revestidos de los símbolos, “socialista” “comunista” y “republicano” que formaron coalición en las últimas elecciones libres –las de 1936– bajo el nombre de Frente Popular.

 

La programada operación sucesoria halló, ciertamente, resistencias, superadas por la combinación de los efectos de la intervención preventiva y actuaciones ad hoc. Durante el primer trimestre de 1977 la operación estaba bastante afirmada en los equipos en torno de Carrillo y González Márquez como para que ambos, de la noche a la mañana, abandonaran las consignas de gobierno provisional, referéndum sobre la forma de Estado y otros postulados hasta entonces enarbolados en público. Logrado lo cual, el 14 de mayo de 1977, antes de que el electorado acudiera a las primeras elecciones parlamentarias desde febrero de 1936, don Juan de Borbón, conde de Barcelona se inclinaba a su vez y renunciando a sus derechos cedía la legitimidad dinástica a su hijo. De este modo, el 15 de junio de 1977 se abrieron las urnas sin reconocer a los ciudadanos la libertad de elegir la forma de Estado y de gobierno.

 

En 1977, la operación sucesoria fue relativamente sencilla. Externamente, la mayor parte de quienes en las elecciones del 15 de junio aparecían al frente de siglas de ascendencia democrática llevaban los principios republicanos en sus programas. Pero ya para entonces esto era propaganda para captar votos. Los propios jefes políticos cooptados designaron a los candidatos en listas cerradas y bloqueadas de ámbito provincial. Asegurado así el control del Parlamento, las operaciones complementarias se sucedieron con mayor facilidad aún. En 1978, los jefes cooptados ordenaron a sus parlamentarios votar la forma monárquica del Estado. El diputado Luis Gómez Llorente pronunció la oración fúnebre del sistema republicano en nombre de los hombres de F. González. Era un significativo cambio, aparentemente enigmático, entre lo dicho y lo hecho en cuanto a la soberanía interior. En las elecciones parlamentarias de octubre de 1982, González Márquez repetiría la operación para alcanzar otro objetivo mayor, esta vez en cuanto a menoscabo de la soberanía exterior. Mientras en público se identificaba con un electorado mayoritariamente partidario de retirar a España de la Coalición bélica, una vez conseguida la mayoría absoluta en el Parlamento ordenó a sus hombres votar la definitiva integración en la Alianza Atlántica. Para mejor atar el futuro, incluso plebiscitó a esta última en marzo de 1986, en una campaña de desinformación donde coaccionó a los votantes con la especie de que si mantenían el hasta entonces mayoritario no a la OTAN ello significaría, ¡oh paradoja!, que decían sí a EEUU y no a “Europa”, y además dejarían a España sin gobierno, pues tanto el suyo como los demás partidos (cooptados) rechazaban gobernar fuera de la OTAN. Excepción hecha, agregó, del Partido Comunista –que para entonces ya había marginado a Carrillo y reunía apenas el 10% de la Cámara de los Diputados.

 

Así se armonizaron las dos vertientes de un proyecto político único. Por un lado, los sectores que apoyaron la dictadura del general Franco preservaban las estructuras socioeconómicas sobre la que se asentaba su hegemonía social interna. Por otro lado, los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría reafirmaban su dominio sobre el territorio, economía y recursos españoles. Una sustitución del régimen del Dictador que, como hemos visto, hacía décadas que los servicios estratégicos de EEUU venían tratando de lograr sin arriesgar el sistema de poder construido desde 1939. ¿A qué riesgos aludían? A que los ciudadanos –lo que los sociólogos llaman movimientos populares, mass movements– asumieran el protagonismo del cambio y lo condujeran hacia horizontes distintos de los programados. Para evitar tal riesgo los planificadores previeron disponer de personas estipendiadas, comprometidas a conducir el cambio de régimen, a institucionalizarlo, sin devolver sus derechos nacionales y democráticos a unos ciudadanos deliberadamente mantenidos en un nivel bajo de movilización y rígidamente encuadrados. La teorización de semejante proceso de cambio controlado es muy conocida. Entre sus divulgadores sobresale el del asesor del Pentágono y del Departamento de Estado Samuel P. Huntington. Construida a partir de la premisa de que «la más importante distinción política entre los países no es la referente a su forma de gobierno, sino a su grado de gobierno», a su stability interna y a su commitment internacional detrás de EEUU…”

 

(continuará)

 

 

 

[Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos”]

 

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