Praktika

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

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3. La Guerra Fría en América Latina

 

 

XIV. LA VISIÓN DEL ESTADO DEL PRESIDENTE ALLENDE

 

Creo que nadie en el gobierno de EEUU entendió hasta qué extremos Kissinger tuvo una postura ideológica respecto de Chile. Pienso que nadie percibió plenamente que Henry veía a Allende como una amenaza muchísimo más seria que Fidel Castro. Si América Latina consigue alguna vez desatarse, ello nunca ocurrirá con Castro. Allende era un ejemplo vivo de reforma social democrática en América Latina. Cataclismos de toda clase, en el Mundo entero, se sucedían alrededor de Kissinger, pero Chile le asustaba […]. Chile asustaba a Kissinger.

 

 

La construcción de un Estado democrático es un horizonte ideal, móvil, que encierra dimensiones sociales, económicas y políticas internas. También internacionales en la medida en que aspire a una soberanía nacional efectiva. Cuando la Nación se propone recuperar para sí enclaves económicos bajo tutela de potencias imperiales, la función del Estado es irremplazable. La fortaleza del Estado es presupuesto necesario para compensar la lógica dominante del Imperio, sin aislarse por ello el Estado del sistema mundial precisamente por ser el sujeto del Derecho Internacional.

 

Para controlar a Estados clientes o satelizados, el poder imperial interviene sus funciones esenciales. Interviene su función económica a través de instrumentos como el denominado free trade y free market, interviene su función normativa mediante el control de las instituciones legislativas (partidos políticos, o dictadores, clientes ambos). Interviene su función diplomática mediante su alineación y alienación internacional. Ante una estructura mundial basada en el sistema económico centrado en EEUU –el siglo XIX estuvo en Gran Bretaña, el XXI puede estarlo en otro–, la voluntad de crear o afirmar la soberanía del Estado necesita asociar el territorio con un orden normativo y económico propio, autónomo respecto del Imperio. Una economía no diferenciada mal puede soportar la construcción de un Estado independiente.

 

El mercado es diferente del poder burocrático, y se apoya en la empresa –privada y pública– y en la libre iniciativa ciudadana. El ejercicio de la autoridad del Estado responde, en cambio, a una racionalidad. Pero el aumento de la producción y competitividad económica es una tarea estratégica del Estado, y también la defensa de la economía nacional frente a la permanente agresión económica externa. Esta última está latente casi siempre, excepcionalmente es explícita, como ocurrió en Chile entre 1970 y 1973, la defensa de cuya economía fue compartida en el alto mando militar hasta que, en las deliberadamente buscadas circunstancias de 1973, fueron derrotados quienes dentro de las FF AA sostenían la doctrina de la «soberanía geo­económica», que fue sepultada por los sublevados bajo las matrices importadas de EEUU.

 

El modelo económico liberal de raíz anglosajona impuesto a sangre y fuego mediante una dictadura, contrasta con el auspiciado por el doctor Allende mediante medios democrático-participativos. Que no era otro sino el de desarrollar un Estado que, concertando a la Banca y empresas productivas bajo dirección nacional, asentara la colaboración-articulación entre el propio Estado, el sector privado y los mercados. Para proporcionar así al país latinoamericano los útiles de una defensa activa frente a la invasión económica, sin paralelo, que vehicula la mundialización de las relaciones económicas. Es decir, propiciaba un modelo económico que, con rasgos originales, enlazaba con la ascendencia de raíz europeo-continental del Estado. Raíz esta también presente en el tronco doctrinal del Ejército profesional, y por ello compatible con la concepción dominante sobre el papel industrializador y constructor del Estado. Postulado éste compartido por generaciones de líderes económicos, profesionales, políticos y sindicales. La ironía de esta historia es que apenas dos décadas después de que la cruenta dictadura impusiera el modelo económico angloamericano, éste era juzgado dentro del propio EEUU como incapaz de competir con los que en Europa (p. ej., Alemania), o Asia (Japón) articulan Estado, banca e industrias básicas.

 

El fundamento psicológico del orden internacional es la dependencia cultural de los países periféricos respecto de los centros imperiales. La emancipación de aquéllos es improbable sin la afirmación organizada de un contramodelo que innove en la cultura de Gobierno. La economía de Alemania, desde su unificación por Prusia en el último tercio del siglo XIX hasta hoy, está construida a partir del principio de unidad estratégica entre el Estado y los centros básicos de decisión –bancos, industrias, transporte y comercio. Para el otro vencedor de la guerra fría junto con Alemania, Japón, hace un siglo que la clave de sus renovados éxitos económicos radica en la acción colectiva e integrada de un proyecto global de la empresa y la economía nacional, coordinadas en y desde el Estado.

 

En el Mundo actual, la soberanía nacional tiene como prerrequisito una economía competitiva. El éxito en la competitividad internacional reposa en la articulación entre el sector privado y un sector público dotado de medios idóneos para cumplir su función. Como descubre Estados Unidos cuando se siente, a su vez, amenazado hoy por el expansionismo económico japonés y germánico –mañana quizás por el chino. Si Francia tuvo que esperar a la previsión del presidente Charles de Gaulle para crear su primera comisión interministerial de Defensa Económica –en 1959, nunca convocada por sus sucesores como advierten con pesar algunos franceses–, en 1993 creó EEUU su primer Consejo Nacional de seguridad económica –instrumento del Estado que buscaba contrarrestar las manifestaciones de debilidad con que salía de cinco décadas de guerra económica con la URSS.

 

La independencia y soberanía de un Estado presupone, también, cortar el lazo umbilical entre las elites locales dominantes y las de los Estados imperiales. Lo que requiere desarrollar las estructuras democráticas del Estado de modo que la sociedad, organizadamente, disponga de medios de control civil efectivo sobre las mismas.

 

Para el doctor Allende y algunos de sus próximos colaboradores, el desarrollo democrático del Estado debía innovar en la realidad en función de la propia experiencia histórica. Lo que descartaba todo “modelo” importado, en particular cualquiera de las variantes de Estado antagónica con la cultura política democrático-representativa. La solidaridad horizontal existente en la población –fruto de décadas de desarrollo cívico–, y su socialización política en términos de clase, son la base del singular enraizamiento de las ideas socialistas en Chile. De ahí lo natural que resultaba para el doctor Allende no reconocer a ningún Estado como “patrón”, lo endógeno y autónomo de su proyecto nacional. Su elección como Presidente en 1970 era la resultante del acumulado incremento del control de la sociedad sobre el Estado, de la voluntad nacional de dejar de ser un Estado-cliente.

 

Estructurar la sociedad civil es presupuesto, medio y fin del Estado democrático. La reforma del Estado la apoyaba el doctor Allende en la legitimidad dominante en el país, la democrático-institucional. Su finalidad era hacer realidad la ciudadanía de la clase obrera y los sectores populares, integrándolos en la sociedad en términos reales y no formales, mediante una movilización positiva que fortaleciera la sociedad local, incrementando sus redes asociativas. Significaba que la ciudadanía asumía los cambios institucionales, también la voluntad y necesidad de implicar a la población y a las instituciones del Estado en la reforma de este último. El debate popular sobre las Bases para la reforma del Estado propuestas en septiembre de 1972 por el presidente Allende debía culminar ante el Congreso Nacional en un proyecto de Ley, seguido de referéndum en caso de desacuerdo entre la voluntad del Ejecutivo y la de las Cámaras.

 

La propuesta de nueva Constitución preservaba la autoridad del Estado democrático sobre las FF AA, en términos equivalentes a los entonces históricamente asumidos –incluidos los acordados en octubre de 1970 entre la Democracia Cristiana, el Presidente electo y la coalición de Unidad Popular, incorporados a la Constitución en la reforma parcial de 9 de enero de 1971.

 

Allende era intransigente en cuanto a la autoridad suprema del jefe del Estado sobre las FF AA, garantía de su subordinación a la voluntad nacional democráticamente expresada. En cualesquiera circunstancias. Cuando el 21 de octubre de 1969 el general Roberto Viaux se rebeló en el Regimiento Tacna contra el presidente Eduardo Frei Montalva, el entonces presidente del Senado –el propio doctor Allende– se presentó ante la dirección máxima del Partido Socialista (de la que no formaba parte) exigiendo con energía la inmediata desautorización del intento de Erik Schnake –«contrario a nuestros principios», dijo–, de aventurar al Partido Socialista detrás del sublevado general Viaux. Y logró atajar semejante deriva. En septiembre-octubre de 1970, como Presidente electo, negoció y suscribió las “garantías” que la Democracia Cristiana pedía para votarle como jefe del Estado en el Congreso, pues compartía su contenido democrático. Hizo una sola excepción cuando el entonces senador Patricio Aylwin (PDC), en su ansia de oponer bayonetas al proceso democrático, condicionó su voto a que el Presidente electo se comprometiera a ceder a la cúpula castrense la potestad de designar y remover a generales y almirantes. Allende rechazó aceptar una Jefatura del Estado privada de función tan capital para la democracia representativa –«que han ostentado todos los presidentes de Chile», agregaba. En 1970, el sector Aylwin-Frei estaba en minoría en la dirección del Partido Demócrata Cristiano, tendría que crear otras circunstancias para alcanzar tal objetivo tres años después. El testimonio del jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, en octubre de 1970, retrata una fisonomía física y política reconocible:

 

El viernes 25 de septiembre [de 1970] me ocurre lo más insólito que podía esperar de ese tenso juego de muñequeo a que se nos sometía. A las 09:30, un destacado democratacristiano me plantea directamente, en actitud nerviosamente complacida, que ante la intransigencia de Schneider [comandante en jefe del Ejército] para detener a la Unidad Popular, el presidente Frei estaba dispuesto a que yo encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero. [… Enseguida desarrolla su plan: había que] apoderarse de noche de La Moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos, utilizar en cargos clave a gente de confianza que ellos podrían señalar y, normalizada la situación, llamar de nuevo a elecciones. Yo escuchaba hipnotizado al caballero de arquitectura de la época victoriana […]. Calmadamente, le respondo que me extrañaba que todo lo dicho se me transmitiera por su conducto y no por intermedio del ministro [de Defensa] Ossa. […] Que el plan maestro que me había expuesto era muy cómodo para la D.C., pero que iba a conducir a un desastre nacional más grave que el que se trataba de evitar y que los militares no teníamos por qué mancharnos de sangre las manos para resolver por la fuerza un dilema que es de exclusiva solución política […]. Mi interlocutor queda desconcertado y me dirige una mirada ceñuda cuando me retiro […].

 

El antecedente ilustra la coherencia de Patricio Aylwin –y de la facción Frei del PDC– en aceptar sin solución de continuidad desde 1970 la no subordinación de las FF AA ante la representación democrática de la Nación. La destrucción en 1973 del Estado republicano e independiente pervive en las estructuras impuestas mediante 16 años de dictadura y guerra interna. Su gozne es la fuerza armada fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional.

 

La reforma del Estado promovida por el presidente Allende respondía a exigencias y expectativas de sectores sociales emergentes –populares y medios–, que mejoraban su nivel de control sobre el poder y el excedente económico. Si por un lado integraba en la Ley de Leyes el respeto a valores comunes del orden interestatal centrados en la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la comunidad con toda Latinoamérica, en el otro extremo incorporaba el respeto a las comunidades locales cuya identidad se basa en una cultura o etnia diferenciada de la dominante en el Estado (mapuches, pascuenses).

 

La propuesta democratización del Estado articulaba poder económico, relaciones de producción, planificación y descentralización del presupuesto. El Congreso bicameral comprendía la Cámara de Diputados, elegida por sufragio universal, y la Cámara de los Trabajadores. El origen del proceso legislativo quedaba residenciado en esta última. Sólo los trabajadores eran electores para la Cámara homónima, por sufragio en primer grado –la definición de trabajador era muy amplia. La sustitución del Senado por la Cámara de los Trabajadores se inspiraba en la función que la Cámara Alta desempeñó en la construcción del Estado durante las primeras etapas de la República, aunque ahora su signo social era invertido en provecho de la mayoría social y no de la oligarquía. A diferencia de la práctica del Senado conservador del siglo XIX, todos los integrantes de la Cámara de los Trabajadores eran elegidos en sufragio directo y de primer grado, ninguno designado directa o indirectamente por el jefe del Estado. La decimonónica designación directa de senadores por aquél sería restablecida, sintomáticamente, por la Constitución de la dictadura militar de 1980 –mantenida por los gobiernos de Patricio Aylwin (1989-1994) y del hijo de Eduardo Frei a continuación.

 

En el ámbito infraestatal, la Junta Provincial, elegida por los municipios y las organizaciones sociales, de trabajadores y empresas, se articulaba con los agentes administrativos dependientes del Ejecutivo. En el nivel local, los municipios elegidos por sufragio universal directo se articulaban con el Cabildo Vecinal, elegido en sufragio comunal de segundo grado por los centros comunitarios, sindicatos, etcétera.

Las bases del proyecto de reforma de la Constitución reflejaban los postulados de Salvador Allende. Elaboradas en agosto de 1972, entregó personalmente a cada partido de la coalición de Gobierno una copia el 4 de septiembre de 1972. Era el primer paso para organizar el amplio debate nacional que debía culminar en el Congreso Nacional y el subsiguiente referéndum (art. 109 de la Constitución), dentro del período de su mandato presidencial (1970-1976).

 

Es la más simbólica concreción institucional del desarrollo democrático del Estado andino. Las insurrecciones conservadoras de octubre de 1972 y julio-septiembre de 1973 postergaron su debate público, no su impulso desde el Gobierno. Aún en la primera semana de septiembre de 1973 el Presidente instruía al ministro del Interior, Carlos Briones, que tuviera presente este Proyecto en la misión que tenía confiada: acordar con el Partido democristiano un pacto parlamentario que preservara el Estado democrático. En todo caso, con o sin acuerdo previo de la dirección del PDC o de alguno de los partidos de la coalición de Gobierno, el doctor Allende tenía resuelto que el camino a seguir por el país debía ser decisión de los ciudadanos. El lunes 10 de septiembre de 1973 dispuso que advirtieran a la televisión y emisoras de radio para entrar en conexión simultánea en las horas siguientes, pues el martes 11 iba a anunciar la convocatoria del referéndum. Tres días antes el secretario de Estado Kissinger había recibido en su despacho a su embajador en Santiago –Nataniel Davis– con el saludo: «Bueno, por fin vamos a tener un golpe militar en Chile». Una escuadra de la Marina de Guerra de EEUU había llegado a las costas de Chile para participar en los ejercicios navales conjuntos “Unitas”. El 10 de septiembre las unidades de EEUU se hallaban a la altura de Coquimbo. Dotadas de sofisticados equipos de escucha de comunicaciones (militares y civiles), las interceptaron a lo largo de Chile mientras se desarrollaba la insurrección. Tres meses después me desvelaría Alexander Alexeiev –asesor personal de Brezhnev (secretario general del Partido Comunista de la URSS): «En junio nos llegaron noticias procedentes de Panamá (sede del Comando Sur de las FF AA de Estados Unidos para el Caribe y Sudamérica) según las cuales para la fecha de la “Operación Unitas” habría una insurrección militar en Chile. Pero las semanas pasaban, la Escuadra de EEUU continuaba en Panamá, “Unitas” fue aplazada varias veces, no les dimos importancia». Si semejante nueva hubiera sido conocida por el presidente Allende, la historia del país latinoamericano hubiera seguido otros caminos. La Potencia europea no compartía su información estratégica con Estados no integrados en su propia coalición bélica, o en su zona de influencia. Ni Chile era parte de ellas, ni el doctor Allende deseaba que lo estuviera. Tampoco el Kremlin. Por lo demás, hubiera sido materialmente imposible…”

 

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos”]

 

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