Praktika

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

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3. La Guerra Fría en América Latina

 

 

X. LA NACIÓN PIERDE SU INDEPENDENCIA MILITAR

 

En 1953 visitó Washington Abdón Parra, nombrado un año antes ministro de Defensa cuando su grado era aún el de Coronel –aunque, eso sí, lideraba la célula clandestina de oficiales llamada PUMA, que no podía ser desconocida por los servicios de información de EEUU. Allí instruyó al Agregado Militar (coronel Horacio Arce Fernández) para que, ocultándolo al embajador de Chile (Jara, quien se oponía) abriera negociaciones para reequipar a las FF AA con material norteamericano por un monto de 80 millones de dólares. Dado que la asignación anual de la Ley de Defensa a las FF AA era de 8 millones de dólares, Abdón Parra estaba comprometiendo el presupuesto de diez años. Promovido el coronel Arce a subsecretario de Defensa, en agosto de 1954 formalizó la misma petición al embajador de EEUU, añadiendo su deseo personal de que el Ejército norteame­ricano estableciera una misión permanente en Chile pero puntualizando 

 

que era deseo del Presidente y del Consejo Superior de Defensa que el armamento de Chile sea estandarizado, y que sea norteamericano. Durante los últimos años un gran número de oficiales y personal del Ejército han visitado Estados Unidos y Panamá. Chile tiene una unidad de tanques en Antofagasta equipada con tanques de EEUU. El entrenamiento está siendo practicado más y más según el modelo norteamericano. Sin embargo, el equipamiento del Ejército es aún aplastantemente no estadounidense. Por ejemplo, el equipamiento de la infantería es aún alemán, y la artillería de montaña es aún francesa. Al Presidente […] le gustaría obtener equipo de Estados Unidos para reemplazar este equipo variopinto europeo pasado de moda. A algún agente le gustaría ver que el uniforme de EEUU reemplaza al actual uniforme alemán en el Ejército.

 

Lo que el coronel Arce presentaba como iniciativa del presidente Ibáñez no era, sin embargo, más que el cumplimiento de lo dispuesto un año antes por el propio Gobierno de EEUU:

 

[…] 4. Los objetivos de EEUU respecto de América Latina son: […] G.: la estandardización completa de la organización, entrenamiento, doctrina y equipamiento militar de América Latina conforme a las líneas de EEUU […]. EEUU debe asumir la responsabilidad principal en las operaciones militares de los Océanos Atlántico y Pacífico y del mar Caribe, incluidos los accesos por mar y aire al canal de Panamá, y a su debido tiempo debe conseguir que los otros Estados americanos acepten que EEUU tiene el control militar de la defensa de esas áreas. […] Continuar y establecer donde convenga misiones de entrenamiento militar en naciones de América Latina.

 

¿Tenía otras opciones sobre la mesa Ibáñez del Campo? Las tuvo y las rechazó, sin equilibrio alguno:

 

Al Presidente […] le gustaría tener aquí una Misión del Ejército de Estados Unidos. Piensa que estas cosas son importantes no sólo para la defensa sino también por razones políticas y psicológicas. Francia e Italia han extendido hace poco invitaciones a oficiales del Ejército de Chile para que estudien en esos países, pero el Presidente ha rechazado la invitación, diciendo que desea para Chile entrenamiento de Estados Unidos y no europeo. Italia está tratando de vender a Chile destructores a bajo precio a cambio de materias primas chilenas.

 

John Foster Dulles, secretario de Estado, instruía por su parte a la Embajada en Santiago que promoviera la instalación de la Misión del Ejército puesto que «esta alternativa permitiría al Ejército de EEUU aplicar más eficazmente la política aprobada de estimular la estandardización del equipo, doctrina y entrenamiento militar de los establishments militares latinoamericanos según los modelos de EEUU». Pero en términos tales que satelizaba de hecho al Ejército latinoamericano, al que se negaba la libertad incluso de recabar la cooperación de algún experto militar de otro país que no fuera EEUU:

 

Art. 31: En tanto este Acuerdo esté vigente, el Gobierno de la República de Chile no contratará, o aceptará, los servicios de ningún personal de ningún Gobierno extranjero, ni de ninguna persona que no sea ciudadano de la República de Chile, para actividades de cualquier naturaleza relacionadas con las Fuerzas Armadas de Chile, excepto previo acuerdo mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Chile.

 

 

 

EEUU estaba exigiendo la subordinación absoluta del conjunto de las FF AA latinoamericanas, lo que hasta entonces no era el caso en el ejército de Chile. Ni en doctrina o entrenamiento, ni en equipamiento. La Administración Eisenhower exigía que el gobierno de Chile incluso perdiera la libertad de contratar a algún experto militar sin el visto bueno de EEUU. Tan completo enfeudamiento era resistido por mandos del Ejército de Tierra. Mientras aún estaba en Washington como Adicto Militar, el coronel Horacio Arce Fernández había informado que lo que EEUU imponía encontraba «alguna oposición, en especial entre los oficiales de mayor edad y entre los retirados que aún están a favor del modelo alemán de organización del Ejército de Chile». Había algo más, sin embargo. El comandante en jefe del Ejército –general Raúl Araya Stiglich– hacía llegar a la Embajada de EEUU su insatisfacción por la redacción del art. 31. El gobierno de EEUU insistió en mantenerla. El Mando del Ejército de Chile mantuvo su resistencia. EEUU propuso una ligera modificación: Chile podría contratar a expertos o ciudadanos siempre que fueran de los países firmantes del Tratado de Río (TIAR). El Mando chileno continuó rechazando el art. 31. Los servicios norteamericanos establecieron entonces contactos informales para sondear la posibilidad de quebrar el Mando latinoamericano, y ésta fue la respuesta que recibieron: «“el Alto mando y el Ministro de Defensa [almirante Francisco O’Ryan] son pro-americanos, pero pueden cambiar, los EEUU deben aceptar el cambio propuesto ahora”. […] los generales chilenos están aparentemente unidos en su oposición al art. 31».

 

En los años 1970-1973 también sería en el Alto Mando del Ejército de Chile donde fueron resistidas las sucesivas órdenes que el presidente Nixon le enviaba para que derrocaran el sistema republicano-representativo. La orden de Washington en septiembre de 1970, en las horas siguientes a conocer el resultado de las elecciones presidenciales, fue acatada en Santiago por los comandantes en jefe de la Marina, Fuerza Aérea y Carabineros, no por el del Ejército –general René Schneider–, quien hizo frente a la insurrección y la abortó. Tres años duró la resistencia dentro del Alto Mando del Ejército latinoamericano, hasta que a fines de agosto de 1973 rindieron su espada –abandonando sus puestos de mando– el jefe del Ejército –general Carlos Prats–, el comandante de la II División y Guarnición de Santiago –general Mario Sepúlveda Squella– y el comandante de Institutos Militares –general Guillermo Pickering. Coyuntura inesperada que posibilitó al sucesor de Carlos Prats, Pinochet, ser el primer jefe del Ejército profesional de Chile en traicionar a su Gobierno y sumar la “verticalidad del mando” a las hasta entonces frustradas conspiraciones de quienes recibieron el fajín de general tras pasar por Wa­shington como agregados militares –Alfredo Canales, Sergio Nuño, Walter Heitmann, Gustavo Leigh. O por guarniciones de las FF AA de Estados Unidos en Panamá u otros asentamientos, como Wa­shington Carrasco, jefe en 1973 de la III División con sede en Concepción.

 

En resumen, la presidencia del general Ibáñez del Campo completó la obra de los gobiernos de Juan Antonio Ríos y González Videla, el Estado chileno acabó de perder la independencia que había preservado hasta que en 1943 fue uncido a la Coalición bélica contra Alemania. Entre 1943 y 1958 sus instituciones de Defensa fueron progresivamente articuladas como auxiliares de las de EEUU contra la Potencia europea. La doctrina, entrenamiento y equipos pagados con los escasos recursos del país latinoamericano, eran una parte de la planificación global del líder de la Coalición de la Guerra Fría. En cuanto al programa de ayuda militar, ya en 1959 era una realidad que «depende de EEUU el 100% del apoyo y mantenimiento de las unidades efectivas de la Fuerza Aérea de Chile».

 

A lo largo de la guerra fría continuó siendo un postulado de las sucesivas administraciones de EEUU «la oposición a cualquier impulso hacia el establecimiento de misiones militares, agencias o personas con funciones similares, que no procedan de las Repúblicas Americanas». En el ánimo de los estrategos de Washington la subordinación militar de América Latina debía ser absoluta, excluyendo los pertrechos militares que no procedieran de EEUU. El Consejo Nacional de Seguridad ordenaba «tratar […] de disuadir la compra por los gobiernos latinoamericanos de equipamientos militares a otros países del Mundo Libre […]. Tratar de evitar que otros países del Mundo Libre vendan equipos militares a los Estados de América Latina».

 

En 1953 diez países de América Latina habían aprobado el Plan Militar General de EEUU, Chile entre ellos. Su misión no era tanto enfrentar una hipotética agresión contra el territorio de las repúblicas latinoamericanas sino cumplir misiones de “seguridad interior”. Es decir, sobre los ciudadanos de sus propias naciones, sin límite alguno –con el tiempo bombardearían sus instituciones, matarían a jefes de Estado, derrocarían gobiernos legales e impondrían largas y prolongadas dictaduras sobre sus propias sociedades. La directiva del National Security Council 5613 concluía que «para enfrentar amenazas comunistas de buena fe [bona fide] debemos también proporcionar equipo y entrenamiento gratuito para seguridad interna». Tal fue la lógica que tuvieron a la postre la aplicación de conceptos como los del secretario de Estado John Foster Dulles del 2 de abril de 1957:

 

Enviado a: Embajada Ame. SANTIAGO. Su 515. Después de revisar durante los pasados nueve meses los intereses militares de EEUU en América Latina, los jefes del Estado Mayor Conjunto (JCS) han determinado que en esa área existe el requerimiento de diez escuadrones de cazas bombarderos, uno con sede en Chile. […] Esas unidades se requiere que desempeñan tareas de defensa hemisférica y aunque se reconoce la posible contribución a la seguridad interior, ésta es una misión en principio subordinada. Al decidir emplazar un escuadrón en Chile se ha considerado la recomendación del Grupo Asesor de Asistencia Militar (MAAG) de agosto de 1956, asumido por la Embajada, de proveer 20 F80, pero este no, repito, no ha sido el factor determinante. JCS se determinó también teniendo en cuenta el punto de vista de MAAG, CINCARIB y las tres Armas sobre si Chile tiene capacidad militar para mantener ésta y otras unidades previstas en los objetivos de fuerza del JCS. Si MAAG ha reconsiderado su opinión acerca de la capacidad militar de Chile o si Vds. consideran que Chile no lo desea, o que por razones políticas o económicas es incapaz de llevar a cabo la misión que se le asigna, el JCS revisará su decisión. MAAG debe presentar las consideraciones militares a través de los canales militares. […] En el orden de prioridades actual, los T33 no, repito, no están disponibles para Chile, y dado que los F80 están disponibles Defensa no desea distraer T33 para vendérselos a Chile[…]

 

 

El Convenio de Ayuda Militar entre EEUU y Chile de 9 de abril de 1952, en vigor desde el 11 de julio siguiente, iba con todo más allá de lo hasta ahora expuesto. Aunque es un documento público, vinculante para el Estado y sometido a las normas que regulan las relaciones exteriores del país, fue firmado con un anexo secreto –no re­gistrado ni publicado. Como tampoco lo fueron sus ulteriores modificaciones, que entraban en vigor con la sola firma del jefe del Ejército de Chile y el del Grupo Asesor de Asistencia Militar –MAAG– (véase documento 10, despacho de la Embajada de EEUU al Departamento de Estado de 8 de junio de 1959). Sin conocimiento, por supuesto, del Congreso, pero tampoco del ministro de Defensa ni del jefe del Estado si el Mando castrense les sustraía la información. En 1953, EEUU tenía Acuerdos de Ayuda Militar (MAA) efectivos con ocho Estados latinoamericanos: Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador y Perú. Al menos los tres primeros contemplaban planes militares secretos, convenidos entre el mando de las FF AA latinoamericanas y el de la Misión local de las estadounidenses[94]. Los ocho Estados fueron sometidos a dictaduras militares en una etapa u otra de las décadas siguientes, si no lo estaban ya en el momento de suscribir los acuerdos militares –como Cuba, bajo la del general Fulgencio Batista.

 

Influir en la política militar del país anfitrión es una de las tareas de las misiones militares: «Cuba tiene planes para comprar una cantidad bastante sustantiva de armas al Departamento de Defensa, como resultado en gran parte de las recomendaciones que de vez en cuando ha hecho la Misión del Ejército de EEUU en Cuba». Pero también lo era la intervención en la política interior. Un ejemplo, el 20 de noviembre de 1953 el National Security Council informaba:

 

Como un factor de la política de EEUU se ha decidido que las Misiones del Ejército y la Fuerza Aérea de EEUU deben mantenerse en Guatemala, incluso aunque el actual gobierno de Guatemala se halla muy influenciado por comunistas. Las FF AA de Guatemala aparentemente no han sido infiltradas por los comunistas y parecen ser el elemento más significativo en Guatemala con capacidad de influir en la indeseable situación política actual. Las misiones de EEUU pueden desempeñar el útil papel de promover entre el personal militar de Guatemala actitudes pro-EEUU.

 

Cumplida la misión, en mayo de 1954 el National Security Council adoptaba para Guatemala la directiva 5419 y el presidente Eisenhower ordenaba la NSC Action 1135, con instrucciones precisas al Comando de la Marina de EEUU en el Caribe. En junio siguiente la auspiciada insurrección militar derrocaba al doctor Jacobo Arbenz, presidente constitucional. A Guatemala se le impuso el castigo de una dictadura de casi cuatro décadas, hasta que la guerra fría hubo finalizado. Alcanzado el objetivo contra el doctor Arbenz, la NSC 5419 fue reemplazada por la NSC 5432.

 

Las misiones militares de EEUU han intervenido, además, funciones diplomáticas y económicas de los Estados latinoamericanos. En el despacho de 9 de octubre de 1959 titulado «Financial Year 1961 Mutual Security Program for Chile», dirigido al State Department desde la Embajada en Santiago, el plan de asistencia militar era subordinado a que el país sometiera su política socioeconómica interna a los criterios fijados por EEUU:

 

A. U.S. Objetivos de EEUU en Chile. En general, los objetivos dominantes de EEUU en Chile siguen los objetivos de EEUU para América Latina contenidos en el OCB [Operations Coordinating Board] Regional Operations Plan para América Latina, de 1 de julio de 1959. […] El actual gobierno de Chile, bajo el liderazgo del presidente Alessandri, en funciones desde hace once meses, es un gobierno amigo de EEUU cuya filosofía política y económica están de acuerdo con nuestros propios planteamientos. En el campo político este gobierno puede normalmente esperarse que apoye la posición de EEUU y el mundo libre en las reuniones internacionales y en relación con los problemas que puedan presentarse. Desde el punto de vista económico […] su filosofía es de simpatía a la empresa privada y a inversiones extranjeras. Debe enfatizarse, sin embargo, que en la elección de septiembre de 1958 el presidente Alessandri recibió sólo poco más del 30% de los votos populares; su rival más cercano, el senador Allende, con el apoyo de los partidos de extrema izquierda, le fue a la zaga por sólo unos 30.000 votos de un total de 1.250.000. […] A comienzos de 1961 deben celebrarse elecciones Parlamentarias […] si la gente pierde la ilusión podemos esperar un giro más bien fuerte hacia la extrema izquierda. Por ello […] es de interés para el gobierno de EEUU y sus intereses generales en América Latina hacer todo cuanto está en su poder y recursos para ayudar a la actual Administración amiga de Alessandri para que alcance sus metas económicas […]. Tanto el programa de metas económicas […]. Tanto el programa de asistencia militar como el de asistencia técnica necesitan ser evaluados en función de su relación con los recursos y necesidades de la economía chilena y las medidas del gobierno frente a los problemas económicos. Incluso la cuestión de la contribución de Chile a la defensa hemisférica debe ser contemplada, al menos en un nivel sustancial, en función de las condiciones sociales y económicas internas […] [de modo] que propicien un área política y económica estable con un gobierno y un pueblo que pueda ser contemplado como amistoso hacia EEUU…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos”]

 

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