Praktika

 

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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.

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La sublevación en marcha:

los años republicanos

 

 

LA «REVOLUCIÓN EN EL SUROESTE» (OCTUBRE DE 1934)

 

Octubre de 1934, conato revolucionario localizado fundamentalmente en Asturias-León y Cataluña, representa, con Franco en el despacho contiguo al del ministro Hidalgo, Yagüe trasladado a la península con sus legionarios y regulares, y el guardia civil Lisardo Doval como delegado de Orden Público para Asturias y León, el modelo exacto que se aplicará casi dos años después. El Estado Mayor Central, encabezado por el general Masquelet, quedó anulado. Los hechos se vieron precedidos por unas maniobras militares celebradas entre el 23 y el 30 de septiembre precisamente entre León y Asturias, maniobras en las que intervinieron 23 000 hombres al mando del general López Ochoa. Junto a Hidalgo, y como observador, el general Franco. De paso, además de sofocar la revuelta, que duró dos semanas, se aprovechó para ocupar el poder municipal allí donde las elecciones municipales de 1931 dieron el poder a republicanos y socialistas. En ese momento la derecha se sintió muy fuerte. Franco, Yagüe, Doval y los militares en general fueron presentados como los «salvadores de la Patria», mostrando de manera transparente los contundentes medios con que contaban para salvarla. Para los sectores más reaccionarios resultó una experiencia tranquilizadora, un referente para el futuro. La brutalidad represiva del comandante Doval quedó grabada en el inconsciente colectivo. Tanto la forma en que fue aplastada la revuelta como el paso de los protagonistas por los Consejos de Guerra representa el mantenimiento y apogeo de la tradición militarista y el ensayo general de lo que vendría poco después. A la gravedad del conato revolucionario se respondió, como casi siempre, de forma desmedida, de manera que cabría decir que al intento revolucionario siguió el golpe legal. Todo esto adquiere más importancia en el sur, donde no ocurrió nada grave. Precisamente por eso es interesante observar, a solo año y medio del golpe de 1936, la actitud de los diferentes protagonistas.

 

En el Sur hay poco donde escoger. Un buen ejemplo lo representa Paterna del Campo (Huelva), pueblo donde en la noche del 6 al 7 de octubre de 1934, después de tener noticia de lo que ocurría en Barcelona, y sin estrujarse mucho el cerebro, fue totalmente destruida la Iglesia. A las pocas horas fueron detenidas unas cuarenta personas, la mayoría de las cuales permanecerían ya en prisión hasta la celebración del Consejo de Guerra en enero de 1936, en que serían condenadas e inmediatamente liberadas por la amnistía de febrero del mismo año tras el triunfo del Frente Popular. Las primeras declaraciones fueron obtenidas por la Guardia Civil, siendo negadas después ante la justicia militar. Allí, frente a frente, se encontraron los militares que pronto se sublevarán y los abogados Manuel Blasco Garzón, Luis Cordero Bel, Juan Tirado Figueroa y Juan Gutiérrez Prieto, dos de ellos republicanos y dos socialistas, y diputados los tres últimos. Los años republicanos y las primeras semanas tras el golpe de julio de 1936 están pobladas de actos colectivos de violencia, en ocasiones contra las personas y las más de las veces contra los símbolos de poder. La referencia a Lope de Vega y a su Fuenteovejuna fue muy frecuente en esos años, empezando por los abogados defensores.

 

Sus defensas en este gran juicio del que tantos estaban pendientes nos permiten hacernos una idea de esa confrontación entre el mundo civil y el militar a la que antes se aludía. Las ideas del primero son de gran interés, entre otras cosas porque semejantes pensamientos no volverán a escucharse en España durante varias décadas. Destacó por su agudeza y sencillez, lejos de la vana retórica propia de la época, el diputado socialista Juan Gutiérrez Prieto. Centró su alegato en tres puntos, la necesidad de completar con pruebas las declaraciones obtenidas mediante confesión por la Guardia Civil —«es preferible dejar un delito impune que condenar a inocentes», dijo, insistiendo además en el principio pro reo—; la invalidez jurídica de los informes políticosociales —«todo el informe, que parece una hoja arrancada de nuestra picaresca, no tiene el menor fundamento; hojas de penales limpia, ni un juicio de faltas, trabajo y honradez, esto es lo que ofrecen a los jueces los procesados de esta causa»—; y la obligación del instructor de demostrar la culpabilidad de los acusados y no la de éstos en demostrar su inocencia. «¡Cuántas injusticias pueden cometerse con ese procedimiento, y muchas más tratándose de procesados de escasa cultura!», añadió.

Cabe imaginar qué hubiera pensado Juan Gutiérrez Prieto si hubiera vivido para ver cómo todos sus temores, confesiones obtenidas violentamente, informes llenos de odios y rumores y la presunción de culpabilidad se convirtieron en práctica única y habitual. Y además sin un abogado libremente elegido que defendiera de verdad al acusado. Lo mismo habría que decir de la desaparición de las leyes, devoradas por la ideología de los fiscales. Cuando el Juez Instructor aludió «a las doctrinas obreras de tipo reivindicativo que además van contra el capital, las jerarquías y la religión», Cordero Bel le replicó «que cualquiera de las doctrinas que pueda haber influido en estos hombres es tan buena, tan generosa, tan pura y tan hermosa como la que el digno Juez Instructor sustente…». Era evidente que la figura del abogado defensor civil elegido por el acusado no encajaba en el modelo judicial-militar. Algunos pensaban que al igual que los partidos y las elecciones politizaban innecesariamente la vida, también la justicia civil politizaba la Justicia. Esta lógica prefascista presuponía además que ni los partidos de derechas ni los militares hacían política; simplemente actuaban por el bien de España.

 

Finalmente, la llegada de Gil Robles al Ministerio de la Guerra en mayo de 1935, en sustitución de Lerroux, marca el ajuste final del mecanismo que estallará en julio de 1936. El supuesto táctico de las maniobras militares celebradas en Asturias el 22 de julio de 1935, en presencia de Franco, Fanjul y Goded, fue precisamente un combate con un grupo de rebeldes. El Jefe del Estado Mayor Central desde mayo de 1935, fecha en que cesó el general Masquelet, hasta el 19 de febrero de 1936 fue el general Franco. Todo estaba a punto…”

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”]

 

 

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