Praktika

 

 

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Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”.

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La sublevación en marcha:

los años republicanos

 

SOBRE LA «LEY DE FUGAS». (JULIO DE 1931)

 

“Ensayos sucesivos, algunos con hechos gravísimos como la aplicación de la «ley de fugas» en el Parque de María Luisa en la noche del 22 al 23 de julio de 1931 con motivo de una huelga general, sin los cuales algunos hilos que conducen hacia el 18 de julio no hubieran existido. Miguel Maura, ministro de Gobernación, ya había enviado antes a Sevilla, revuelta desde la misma proclamación de la República, al director de la Guardia Civil, que no era otro que el general José Sanjurjo Sacanell. El capitán general de Andalucía era en ese momento el general José Ruiz Trillo, sustituto del también general Miguel Cabanellas Ferrer, aclamado a su llegada a Sevilla como «viejo republicano». Esa misma noche del 22 al 23 en que fue declarado el estado de guerra se produjeron dos procesos paralelos: el traslado del centro de decisiones del Gobierno Civil a Capitanía y el paso a primer plano de los voluntarios, los animosos muchachos a los que aludiera el periodista Enrique Vila. La acción, en la que fueron asesinadas cuatro personas cuando eran trasladadas desde el Gobierno Civil a los sótanos de los edificios militares del Parque de María Luisa (uno de los lugares de reclusión y muerte en 1936), estuvo dirigida por el capitán Manuel Díaz Criado, uno de los admitidos como voluntarios por el gobernador Bastos en la larde del 22. Este fanático ultraderechista alcanzaría finalmente su cénit al ser nombrado Jefe de Orden Público por Queipo el 25 de julio de 1936, hecho en el que sin duda influyó el recuerdo de su papel en julio de 1931. Pese a los resultados obtenidos por la comisión parlamentaria encargada de investigar aquellos sucesos, resultados que demostraban que el gobernador José Bastos Ansart delegó poder en elementos derechistas interesados en aumentar los desórdenes y en crear situaciones tan graves como la del Parque, no se inició procedimiento judicial alguno. Todos estos sucesos tuvieron amplia resonancia nacional.

 

Ocurrió también entonces, en la tarde del 23 de julio de 1931, el grotesco episodio del bombardeo de la «Casa Cornelio», lugar de reunión de izquierdistas de La Macarena, situado junto al arco que da entrada al barrio, arrasado definitivamente años después para levantar la basílica que habría de acoger la imagen de la virgen y los restos del general Queipo, de su esposa y de su estrecho colaborador el auditor Francisco Bohórquez. El bando militar decía que

 

… contra las casas desde donde se hostilice a las fuerzas del Ejército o a los agentes de la autoridad, se emplearán los mayores medios de violencia, llegando incluso a la destrucción del inmueble, mediante el empleo de la Artillería.

 

Lo que ha pasado a la posteridad como un hecho anecdótico, aislado de la cruenta lucha habida y donde lo que se destaca es el lugar en que se situó la Artillería o dónde fueron a parar las bombas, no fue sino un gravísimo atentado contra la sociedad civil y el antecedente inmediato, cinco años antes, del bombardeo y ocupación de barrio. Se suele omitir, por cierto, que antes del bombardeo, calles y plazas fueron tomadas por fuerzas militares y de la Guardia Civil. Se destruyó un símbolo. Durante los días y semanas siguientes, cientos de sevillanos pasaron por delante de la casa: casa tomada, reventada, patética ruina de lo que fue. «Esta casa ha sido fusilada por la misma razón que se adora una reliquia», escribió Blas Infante. El Gobernador Civil, José Bastos Ansart, fue cesado. Reconoció en el Parlamento que incluso su despacho, siguiendo el más puro estilo primorriverista, fue tomado por los «elementos de orden», un grupo de peculiares voluntarios cívicos con apellidos como Murube, Turmo, García Carranza, Parias, Parladé, Díaz Criado, Montes, Galnares, Ibarra o Camino. No es de extrañar, pues, que el mismísimo Enrique Vila, fustigador de todo lo que oliera a República, asociara en sus crónicas la llegada de Bastos con la recuperación de la autoridad, ni que a su regreso de Madrid éste viniera convencido de que iba a estallar una revolución. Bastos, al contrario que el gobernador anterior Antonio Montaner Castaño, era del gusto de la derecha sevillana. Pedro Vallina expone en sus memorias, en el capítulo titulado «La tragedia del parque de María Luisa», la teoría de que Maura envió a Bastos a Sevilla para que descabezara el movimiento obrero; por su parte Bastos, como expuso Vila, mantuvo la teoría del «Complot de Tablada».

 

Resulta clarificador leer declaraciones de 1934 de Luis Redondo o Enrique Barrau sobre su participación en el golpe de Sanjurjo de agosto de 1932. Dijeron que simplemente hicieron lo que en julio de 1931, es decir, ponerse a disposición del capitán general y del Gobernador Civil. La legitimidad de la acción se daba por supuesto. Ni que decir tiene que en octubre de 1934, momento de pocos incidentes y muchas detenciones en Sevilla según Macarro Vera, nuevamente se recurre a «gente de orden» a la que se arma. Y para saber quiénes eran realmente y qué representan estos voluntarios a lo largo de la República, lo mejor es acudir al periodista Enrique Vila, el futuro «Guzmán de Alfarache», el hagiógrafo del 18 de julio, para quien los cívicos «no eran “señoritos monárquicos”… no; eran sevillanos entusiastas, amantes del orden e incondicionales de la autoridad, que no se había visto en Sevilla mantenida con dignidad desde la implantación de la República». «Movimiento abnegado y generoso», lo llamó el diputado radical por Sevilla Miguel García-Bravo Ferrer, criticando además a los que confundieron «aquel desinteresado y nobilísimo ofrecimiento con un movimiento fascista, con un movimiento reaccionario, sin pensar que en aquellos momentos nadie pensaba en sus ideales particularistas, sino que todos, republicanos y monárquicos, cooperamos fraternalmente en defensa de la ciudad, en la amorosa defensa de la ciudad, que estaba dominada por el terror de los pistoleros». He ahí la alianza en la que fraguará el 10 de agosto de 1932. En aquel momento destacó la claridad del comandante de Seguridad Fernando Olaguer Seguí, quien además de describir el estado de confusión total del Gobierno Civil indicó claramente la responsabilidad del llamado eufemísticamente «grupo de cívicos». Por su parte, el informe expuesto en las Cortes el 26 de agosto de 1931 por el diputado y profesor de Derecho Penal Emilio González López, uno de los comisionados enviados a Sevilla, no dejó lugar a dudas en dicho sentido. Lo cierto es que a solo tres meses de la proclamación de la República, y como si de una premonición se tratara, cuatro obreros fueron asesinados y el bar más popular de uno de los barrios obreros más emblemáticos de la capital andaluza, La Macarena, fue bombardeado desde el mismo lugar en que cinco años más tarde los cañones destrozarían el barrio.

 

La impunidad de los culpables, empezando por Manuel Díaz Criado, constituyó la primera gran derrota de la República o, lo que es igual, el primer triunfo de la oligarquía sevillana y, por extensión, española. Esta impunidad vino en parte favorecida por el rechazo republicano-socialista a asumir responsabilidades y a llegar al fondo de la cuestión. Y de esta forma, dado el escaso costo, se permitió y favoreció que la derecha antirrepublicana y la mayor parte de los cuerpos armados, especialmente la Guardia Civil, fuesen poco a poco educándose en el ejercicio de la violencia. Detrás, para cerrar el círculo, la constante recurrencia a fórmulas militares para afrontar problemas civiles. El hecho tuvo tal importancia que a partir de ese momento se oyeron más de una vez historias similares. En esos mismos días se dijo que los acusados del asalto al cuartelillo de la Plaza del Sacrificio habían corrido la misma suerte y, al año siguiente, cuando con motivo del golpe de Sanjurjo se detuvo a diversas personas relevantes de la ciudad —el alcalde Labandera, el fiscal de la Audiencia José María Gálvez Loshuertos, el militar republicano Ildefonso Puigdengolas Ponce de León, los hermanos José y Manuel León Trejo, Ramón González Sicilia o Hermenegildo Casas, entre otros—, el primer rumor que corrió por la ciudad fue que les habían aplicado la «Ley de Fugas», como a los del Parque… El mensaje había calado. Era simplemente cuestión de tiempo…”

 

 

(continuará)

 

 

[Fragmento de: Francisco Espinosa Maestre. “La justicia de Queipo”]

 

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