Praktika

 

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Joan E. Garcés  /   “Soberanos e intervenidos”

 

(...)

 

 

VII.

¿Quién paró al general Armada?

 

 

“ (…) El art. 8 también era invocado por los civiles comprometidos en la operación del 23 de febrero. Fue el proceder de Tejero y Milans del Bosch lo que chocó con el desarrollo lógico del golpe de Estado de Armada.

 

Las dos variantes principales del golpe del 23 de febrero se contradecían. Milans y Tejero trataban de forzar la suspensión de las libertades públicas y formar un Gabinete Militar. En este sentido era significativo el primer comunicado público de la JUJEM en la tardía hora de las 22.55: «La JUJEM manifiesta que, ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden que la misma determina». Lacónico comunicado, que silenciaba la sublevación de la III Región militar y el Bando por el que Milans asumía todos los poderes, mientras describía con un neutro “sucesos” el secuestro de todo el Gobierno y de los diputados. Tal toma de postura pública de la cúpula militar no cerraba el paso a la operación Armada, que ingresaría en el Congreso una hora después –con el acuerdo de la JUJEM– y dispuesto a proponer la investidura de un Gobierno provisional que restableciera el “orden constitucional”. El periplo de Armada desde el Cuartel General del Ejército al Congreso de los Diputados, y de aquí a la sede del Gobierno en funciones –formado por los subsecretarios–, tuvo lugar mientras Milans desplegaba sus tanques por las calles de Valencia. Presión que este último sólo aceptó retirar después que, a las 2.30 a.m. del martes 24 –ocho horas después de que Tejero ocupara el Congreso–, el Rey le manifestara por teléfono y por télex que no aceptaba la formación de un Gabinete Militar: «Juro que no abdicaré la Corona ni abandonaré España, quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil […]». Ante esta decisión política del Rey ni Milans ni los demás mandos que estaban en medio del vado reaccionaron.

 

¿Qué fuerza catapultaba a Armada hacia la dirección del Gobierno? Al día siguiente del secuestro del Congreso Adolfo Suárez –todavía Presidente en funciones– «criticó a la Junta de Jefes de Estado Mayor que hubiera reaccionado tan tarde y de manera tan confusa ante el secuestro del Gobierno y de los diputados». La tardanza pudo deberse a la búsqueda de una salida coherente –no encontrada– a una conspiración que no halló oposición activa en el seno de las FF AA. La confusión podía derivar de las dos lógicas contrapuestas del golpe, la de Tejero y la de Armada, y quizás también de la inesperada reacción del jefe del Estado después de que la insurrección se hubiera iniciado invocando su nombre. Tejero, el mando sublevado en la III Región, el proyecto político-militar en torno a Armada, los tres tenían en común que reconocían a don Juan Carlos de Borbón la Jefatura del Estado y de las FF AA. Pero la insurrección quedó sin cabeza política en cuanto el jefe del Estado la desautorizó. Ni Milans, ni Armada, ni los demás comprometidos atinaron a improvisar una cabeza alternativa. Las horas pasaron, hasta sumar 18, con Tejero y Milans ganando un tiempo que corría en su contra en la medida que el Jefe del Estado neutralizaba unidades clave –como la División Acorazada, que en el plan golpista tenía la misión de ocupar Madrid–, y aglutinaba otras en torno de la jefatura institucional.

 

Pero si detrás de la conspiración político-militar estaban los servicios de información y tantas complicidades en los líderes políticos, ¿no derivaba ello de la naturaleza del propio régimen político? A la inversa de otras experiencias en las que se ha pretendido que las intervenciones militares fueron consecuencia de una aguda movilización social alrededor de reivindicaciones políticas, económicas y culturales –como si los victimarios debieran ser exculpados por las víctimas–, la de febrero de 1981 ofrece un ejemplo contrario. La pasividad popular era en esta fecha generalizada, buscada y programada por equipos políticos que centraban su protagonismo y sobrevivencia en defraudar expectativas o reivindicaciones populares. Con sus consecuencias derivadas: altas tasas de abstención en las elecciones –multiplicada por dos y por tres entre 1977 y 1980, bordeaba el 70%; desmovilización cívica; desafiliación en los partidos comunista y socialista –superior al 50% entre 1977 y 1980; abandono o marginación de cuadros políticos y personas que dieron ejemplo de sacrificio y resistencia contra la dictadura; indiferencia o retraimiento generalizados ante los gestos y obras de quienes protagonizaban la reforma política iniciada el 15 de junio de 1977. En febrero de 1981, ante un cuerpo social con síntomas de anemia, un puñado de guardias civiles secuestraba a los dirigentes del sistema político en medio de la apatía de una población a la que, sin embargo, angustiaba la amenaza que el fácil y protegido golpe de fuerza encerraba.

 

En la coyuntura que precedió al golpe se sucedieron, además, otros hechos convergentes que contribuyeron a la insurrección armada. En primer lugar, la división de la base política del Gobierno. El proceso conspirativo se desarrolló en paralelo a una acción de zapa en el propio partido de Suárez, la UCD. Si en octubre-noviembre de 1980 se tejió la trama castrense del golpe de febrero siguiente, era precisamente en aquel octubre cuando el presidente del Grupo Parlamentario de UCD, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, estimulaba el reemplazo de Suárez. Este último ha reconocido que la división dentro de UCD y el hostigamiento desde otros sectores le llevaron a dimitir, haciéndose a un lado ante la ofensiva militar en marcha. El precipitante de la caída de Suárez no fueron, pues, las actividades terroristas –telón de fondo misteriosamente sincronizado desde 1974 con hechos y cambios cruciales en la escena política de España–, que no manifestaban una intensidad particular en los meses que preceden a la dimisión: era menor que en períodos anteriores. La novedad más bien procedía del seno de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso cuando ya Suárez había caído: el 13 de febrero de 1981, por primera vez después de la muerte del general Franco, un detenido político en manos de la policía fue atormentado hasta la muerte –Joseba Arregui, nacionalista vasco– como buscando provocar la respuesta violenta de otros vascos.

 

 

Cabe hacerse la pregunta ¿dónde, quiénes coordinaron los preparativos de intervención militar, las iniciativas en UCD contra Suárez, la muerte del vasco Arregui, la secuencia de atentados a militares y policías, el acompañamiento de algunos personajes políticos? Para Adolfo Suárez «al general Armada la idea de presidir un gobierno de coalición se la sugirió un destacado socialista, según se decía hace ya mucho tiempo en el Palacio de la Moncloa». Acusación grave, nunca desmentida. Lo que había detrás de la intervención de Armada en el golpe del 23 de febrero es conocido aún muy parcialmente, pero no tanto como para que el observador deje de percibir ciertos signos externos. En el verano de 1980 en la prensa abundaban comentarios acerca de que desde el entorno de F. González Márquez se promovía a un general para la Presidencia de un gobierno de coalición. Durante un viaje a Lima en julio de 1980, Suárez había comentado a periodistas «que conocía la iniciativa del PSOE de situar a un militar al frente del Ejecutivo». También en el verano de 1980 la revista Interviú reproducía unas duras declaraciones del diputado por Barcelona, Joan Reventós Carner –del equipo González–, señalando a Adolfo Suárez como el obstáculo a eliminar de inmediato de la Presidencia del Gobierno. La ofensiva contra Suárez durante 1980 era de tal envergadura que éste intentó atajarla aquel septiembre pidiendo al Congreso de los Diputados un voto de confianza –que obtuvo por mayoría absoluta.

 

El 19 de septiembre de 1980 el Comité Federal de F. González Márquez había aprobado una «oferta pública socialista: el PSOE seguirá desarrollando una política de oposición firme y responsable […]». Ratificaba lo dicho por González pocos días antes: «Yo veo como inexorable ser oposición […] A la presencia socialista en el Gobierno se oponen radicalmente numerosas personalidades de la derecha sociológica». Sin embargo, a finales de octubre siguiente, sus colaboradores Enrique Múgica y Joan Reventós se reunían en Lérida con el general Armada y poco después, el 6 de noviembre, Enrique Barón Crespo, diputado de González por Madrid, se distanciaba de la resolución del Comité Federal de su partido y anunciaba que «es lógico pensar que en España puede haber Gobierno de coalición [con González] hasta el año 2000», sin que ningún responsable del partido le recordara la resolución del Comité Federal contraria a participar en una coalición. Y ello se explica, pues ese mismo día F. González anunciaba en el acto de presentación de un libro de Fernando Morán «la formación, en breve plazo, de una nueva mayoría parlamentaria, con inclusión de los socialistas». ¿De dónde provenía la seguridad de González cuando Suárez, presidente de UCD, no había emitido ninguna señal de ofrecimiento de coalición? La respuesta la aportaba Joaquín Prieto en El País el mismo día, una confidencia del entorno de F. González según el cual «existe la sensación de que el estamento militar –pese a su demostrada disciplina– no soportará mucho tiempo la actual escalada terrorista sin que se produzca algún tipo de intervención en los asuntos de la vida pública, que incluso podría justificarse constitucionalmente». Aquel mismo 7 de noviembre de 1980 González descartaba la eventualidad de que su incorporación a una coalición de Gobierno derivara de una oferta de UCD o del presidente Adolfo Suárez: «el PSOE solamente asumiría tareas de gobierno en coalición en una situación de extrema gravedad. El PSOE no quiere esta coalición UCD-PSOE, pero el agravamiento de la situación puede hacerla necesaria a corto plazo […]. El 12 de noviembre, dos días después del paso de Willy Brandt por Madrid, la prensa publicó una insólita carta personal de González a los adherentes de su organización donde reafirmaba que no se trataba de negociar con UCD una coalición de gobierno, sino que su acceso a este último se daría en una eventual emergencia peligrosa para la democracia.

 

Quienes han estudiado este golpe de Estado son casi unánimes en afirmar que en la conversación de Armada con Múgica y Reventós en Lérida transcendió «la disposición del general Armada favorable a la formación de un gobierno PSOE-UCD, presidido por un independiente, presumiblemente militar, y con el apoyo del Parlamento. Los socialistas se manifestaron de acuerdo […]». Algo ratificado por el propio Leopoldo Calvo Sotelo, para quien la amplitud de la “operación Armada” sólo se sabrá

 

si algún día gentes que estuvieron en ese juego, en el encuentro con Armada en Lérida, escriben con veracidad. […] Los hombres de UCD en torno a Adolfo Suárez éramos los únicos que no estábamos en esa operación, puesto que, precisamente, estaba proyectada para sustituir al gobierno de UCD. La operación Armada era un montaje constitucional en el que estaba prevista una segunda moción de censura y un gobierno de concentración. Éste lo pedía, además, Carrillo porque sabía que era la única forma de que hubiera un ministro comunista. Existía un pequeño núcleo de militares que quería pasar a la acción y que tenía su propia vía independiente. Todo eso coincide el 23 F. Todas las líneas, aunque no en la misma medida, confluían en Armada.

 

Reventós, en Lérida, ofreció al general Armada la presidencia del Gobierno, en un golpe que se llamaba blando o constitucional.

 

A mediados de enero de 1981, días antes de la dimisión de Suárez, F. González había anunciado que

 

para esta primavera la derecha atravesará una fuerte crisis y para junio podría producirse una nueva configuración de la derecha […] pero para el mes de mayo los socialistas presentarán actualizado un programa con una política económica más contundente y más audaz […].

 

Una de las líneas de la conspiración original para derribar a Suárez tenía programada su culminación precisamente en mayo de 1981. ¿Quién instrumentaba a quién? ¿Por qué? En todo caso, en la mañana del martes 24 de febrero Adolfo Suárez propuso al Rey, y después a los partidos, que le permitieran continuar tres meses al frente del Gobierno para desmantelar la trama del golpe. F. González se opuso, negándose incluso a contestar la carta que Suárez le dirigió con la propuesta. Por el contrario –aún vigente el acuerdo del Comité Federal del partido de González contrario a un gobierno de coalición–, al día siguiente del golpe González explicaba ante su Comisión Ejecutiva y Grupo Parlamentario que había llegado el momento para el acceso del partido a un gobierno de coalición, y así se lo ofreció a UCD y a Calvo Sotelo, mientras Joan Reventós i Carner repetía la oferta a Jordi Pujol, presidente de la Generalitat catalana, de integrar en el gobierno autónomo al partido de González. Ofrecimiento que este último hizo ratificar el 28 de febrero por el Comité Federal de su partido. Pero… dos días antes el general Armada había sido arrestado, y el nuevo presidente de Gobierno, al igual que la Ejecutiva de UCD y el presidente de la Generalitat, rechazaron la solicitud de González Márquez…”

 

(continuará)

 

 

 

[ Fragmento de: Joan E. Garcés. “Soberanos e intervenidos” ]

 

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